Mientras el alcalde Carlos Fernando Galán impulsa la instalación de más cámaras de fotodetección en Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad mantiene guardados en un banco $583.000 millones destinados a seguridad vial, según denunció la concejal del Centro Democrático Diana Diago.
Con corte a julio de 2026, la Secretaría de Movilidad solo había girado el 16,6% de los $695.536 millones asignados para programas de seguridad vial, control, prevención y mejoramiento de las condiciones de movilidad.
La cifra contrasta con los más de $57.000 millones recaudados en fotomultas por las cámaras de fotodetección durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que evidencia un desfase entre lo que entra a las arcas públicas por sanciones y lo que realmente se invierte en la protección de los ciudadanos en las vías.
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Sobre esto, Diago afirmó: “Mientras Bogotá llora a las víctimas por los accidentes en las calles, la plata de la Secretaría de Movilidad está quieta en un banco esperando ser ejecutada. Los recursos están, lo que no está es la voluntad política, creen que comprometer recursos basta así no los ejecuten.”
Para la cabildante, la falta de ejecución no solo representa una ineficiencia administrativa, sino una ausencia de voluntad política para transformar la seguridad vial en la ciudad.
Recursos disponibles y baja ejecución, según denuncia de Diana Diago
Los recursos congelados corresponden a proyectos fundamentales para la seguridad vial, según afirma la concejala:
- Del proyecto de inversión “Seguridad del transporte”, $364.000 millones de los $444.435 millones disponibles no han sido girados.
- Para “Intervenciones para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial”, $152.000 millones de los $176.573 millones siguen sin ejecutarse.
- En el programa “Control y prevención del tránsito para mejorar la seguridad vial”, apenas se han usado $8.528 millones; el resto, $66.000 millones, sigue en cuentas bancarias.
Según Diago, estos fondos deberían reflejarse en acciones concretas, como el fortalecimiento de campañas de prevención y educación vial, así como en la intervención de puntos críticos de accidentalidad. La cabildante advirtió que la prioridad debe ser “salvar vidas, no aumentar el número de comparendos y el recaudo”.
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Entre enero y marzo de 2026, 163 personas murieron en siniestros viales en Bogotá, un incremento del 23,5% respecto a 2025, cuando se reportaron 132 víctimas fatales en el mismo periodo. Entre enero de 2024 y mayo de 2026, 1.409 personas fallecieron en accidentes asociados al mal estado de las vías, huecos o irregularidades en la calzada. En ese mismo lapso, las autoridades registraron 29.129 siniestros viales graves vinculados al deterioro de la infraestructura.
Diago señaló que el aumento de la mortalidad y los miles de incidentes graves atribuidos a la infraestructura confirman que la inseguridad vial en Bogotá es un fenómeno estructural, agravado por la falta de intervención en los puntos críticos identificados por las autoridades.
Más cámaras de fotodetección en Bogotá
En paralelo, la Administración distrital impulsó la instalación de 18 nuevas cámaras de fotodetección en nueve puntos estratégicos, priorizados por su alta siniestralidad, exceso de velocidad y cercanía a instituciones educativas, hospitales y zonas de alto flujo peatonal. Entre los sectores seleccionados destacan la avenida NQS en varios cruces y la avenida Américas, así como corredores de la avenida El Dorado.
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Las nuevas cámaras sancionarán seis tipos de infracciones, entre ellas exceso de velocidad, no detenerse ante el semáforo en rojo y conducir sin la revisión técnico-mecánica. Los valores de las multas oscilan entre $633.200 y $1.266.100, según la infracción cometida.
Conforme con datos entregados por el concejal Julián Forero, durante la administración de Galán, las cámaras han recaudado más de $595.000 millones: $495.686 millones entre 2024 y 2025, y más de $100.000 millones adicionales en el primer semestre de 2026.
Forero anunció que presentará una carta al Gobierno nacional, respaldada por otros concejales, para solicitar la suspensión preventiva de las 18 nuevas cámaras. La comunicación está dirigida a la Ministra de Transporte Elsa Noguera, con copia a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y la administración distrital.
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La solicitud se produce tras la orden del presidente Abelardo de la Espriella de revisar la legalidad, funcionamiento y sustento técnico de estos sistemas. Forero sostuvo: “Si el Gobierno nacional está revisando la legalidad y las posibles irregularidades de las fotomultas, Galán no puede poner a funcionar 18 cámaras nuevas. Primero debe demostrar que cada una es necesaria para salvar vidas y no para seguir metiéndoles la mano al bolsillo a los conductores.”
Forero y los concejales que suscriben la petición exigirán auditar los estudios de siniestralidad, ubicación, señalización, límites de velocidad, calibración, certificaciones técnicas y eficacia de cada dispositivo. Además, pedirán revisar la validación de pruebas por parte de los agentes de tránsito y las garantías de notificación y debido proceso para los ciudadanos sancionados.
Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad sostiene que la implementación de nuevas cámaras responde a un análisis técnico y a la necesidad de reducir la siniestralidad en puntos críticos. Sin embargo, la baja ejecución de los recursos destinados a seguridad vial ha generado dudas sobre la verdadera prioridad de la administración: si es la recaudación por fotomultas o la protección efectiva de la vida en las vías.
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