El gobierno de Abelardo De la Espriella alista la estrategia Remas (Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad) para habilitar buques oficiales como cárceles transitorias de máxima seguridad en altamar, con el objetivo de aislar a 40 internos de alta peligrosidad y dificultar que sigan ordenando extorsiones, homicidios y operaciones de narcotráfico desde prisión.
Según informó Blu radio, la idea oficial contempla camarotes convertidos en celdas de aproximadamente cuatro por cuatro metros, con una litera y sin televisión, radio ni equipos de comunicación.
La rutina se aplicaría de la siguiente manera: el primer conteo sería a las 5:00 a. m., visitas mensuales sometidas a requisas exhaustivas y posibilidad de conservar solo un libro y cerca de 16 elementos de aseo.
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Los internos también tendrían que participar en la limpieza del buque celda y comer lo mismo que la tripulación. El tiempo de exposición al sol sería de unos 30 minutos diarios, siempre esposados y, según el nivel de peligrosidad, con chalecos antibalas y bajo vigilancia.
Con esta medida, el Gobierno busca que los cabecillas criminales queden casi incomunicados en embarcaciones de la Armada Nacional, lejos de sus redes de apoyo, para impedir que continúen coordinando delitos desde una celda. La articulación prevista involucra al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y a la fuerza naval.
De acuerdo con el medio citado, por ahora no hay nombres oficiales confirmados, pero el grupo inicial evaluado es de 40 hombres. Entre los alias mencionados aparecen el Miquito, el Gordo Pan, el Lobo y el Gamo, señalados como integrantes de Los Pepes y Los Costeños.
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Así mismo, también se señala que el Gobierno no descarta ampliar el perfil de los trasladados a narcotraficantes, jefes de bandas de microtráfico y otros presos que mantengan capacidad de comunicación con redes dedicadas a la extorsión, el homicidio o el tráfico de drogas. La intención es que no se limite únicamente a quienes hoy delinquen desde cárceles en Barranquilla.
La medida fue incluida entre las decisiones adoptadas en el consejo de seguridad del domingo 23 de agosto en Barranquilla. Allí también se anunció el refuerzo de la seguridad con una parte de 2.000 nuevos policías, la llegada de 50 hombres de Fuerzas Especiales del Ejército y el despliegue de 60 uniformados para controlar corredores estratégicos que conectan al Atlántico con otros departamentos.
La propuesta parte de un diagnóstico concreto: de las más de 3.000 denuncias por extorsión, el 12% corresponde a llamadas originadas desde cárceles. El plan apunta a cortar esas comunicaciones y a separar a los reclusos que conservan capacidad de mando sobre redes criminales fuera de los establecimientos penitenciarios.
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Según El Tiempo, el modelo tiene un antecedente en 2007, cuando los narcotraficantes Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, fueron recluidos de manera temporal en fragatas para impedir que mantuvieran contacto con sus estructuras. El diario indicó que ese experimento se extendió durante 47 días en aguas del Caribe.
Barranquilla fue el punto de partida de un plan de choque más amplio
Durante el consejo de seguridad, el ministro de Defensa, mayor general retirado Jorge Mora, dijo: “Aquí iniciamos, a partir de hoy, un plan de choque donde de manera articulada toda la institucionalidad nos vamos a comprometer a recuperar a Barranquilla y su área metropolitana”.
Ese paquete incluye fortalecer capacidades operativas, de inteligencia, investigación criminal y control territorial en Barranquilla y su área metropolitana. Una parte de los 2.000 policías que se graduarán en investigación criminal e inteligencia será destinada a enfrentar estructuras que afectan la seguridad ciudadana.
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El Gobierno también anunció que la operación de los sistemas inhibidores en centros penitenciarios pasará a la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y los operadores de telefonía móvil. El propósito es cerrar los canales de comunicación ilícita entre los internos y sus organizaciones.
La ofensiva se complementará con un trabajo más estrecho con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en investigaciones y acciones judiciales por hechos que afectan la convivencia y la seguridad en Barranquilla. La estrategia apareció además después del traslado de 20 reclusos desde esa ciudad, algunos señalados de pertenecer a Los Costeños y Los Pepes.
En el antecedente de 2007, la fragata utilizada había sido entregada a la Armada en 1983, navegaba a una velocidad de 50 km/h y contaba con un arsenal compuesto por ocho misiles, cuatro ametralladoras, un cañón de 76 milímetros y seis torpedos. Por ahora, ningún preso ha sido enviado aún a una cárcel marítima bajo el esquema Remas.
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