La muerte de la turista española Noelia Maximino, de 31 años, dejó al descubierto una operación informal de transporte marítimo hacia el Parque Nacional Natural Tayrona. La mujer viajaba en una lancha con más de 20 ocupantes que se volcó en el sector de Cabo San Juan, en medio de un recorrido que, según las autoridades, no estaba autorizado y se ofrecía a turistas por cerca de 100.000 pesos por persona.
De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la embarcación habría zarpado sin cumplir las condiciones exigidas para el transporte de pasajeros. Testimonios conocidos por ese diario indican que había dudas sobre el estado de la lancha antes del viaje y que no todos los ocupantes tendrían chaleco salvavidas disponible. Pese a ello, el recorrido comenzó.
El accidente abrió una investigación sobre un problema más amplio: lanchas que captan turistas en zonas no autorizadas, ingresan al Tayrona por rutas irregulares y evaden los controles marítimos. La diferencia entre un servicio formal y uno ilegal puede ser difícil de identificar para visitantes que llegan por primera vez al parque.
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Dimar: “No tenían ninguna clase de permiso”
El capitán de fragata Julio Monroy, director de la Dirección Marítima en Santa Marta, explicó que los controles de seguridad se hacen en embarcaderos autorizados, donde inspectores revisan naves, condiciones de salida y retorno de pasajeros. Sin embargo, la lancha involucrada en la tragedia estaba por fuera de ese sistema.
“Lo que sucedió no fue en ninguna embarcación autorizada”, aseguró Monroy. Según las primeras indagaciones, se trataría de un fenómeno de informalidad en el que embarcaciones procedentes de sectores al norte del Tayrona estarían recogiendo pasajeros sin pasar por las verificaciones exigidas.
El oficial fue enfático: “No tienen ninguna clase de permiso para prestar ese servicio. Absolutamente ninguno”. También sostuvo que estas personas se aprovechan del desconocimiento de turistas y visitantes, buscando puntos y horarios donde puedan evadir la presencia institucional.
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Las autoridades investigan si la embarcación cumplía condiciones técnicas mínimas, cuántas personas transportaba y por qué habría iniciado el recorrido sin elementos suficientes de seguridad. Noelia, según la información recopilada, estuvo entre las últimas personas que abordaron la lancha y para ese momento ya no habría chalecos disponibles para todos.
Otro hecho aumentó las sospechas: cuando funcionarios de Parques Nacionales intentaron verificar la embarcación tras el accidente, esta ya había sido retirada. Monroy confirmó que se llevaron tanto el casco como el motor, piezas fundamentales para establecer qué ocurrió. “Nadie nos da razón de la embarcación”, dijo.
Parques advierte por rutas irregulares
Desde Parques Nacionales Naturales también aclararon que existen rutas marítimas reguladas desde Santa Marta, El Rodadero y Taganga, sometidas a las exigencias de Dimar. Pero la lancha del accidente no hacía parte de esa operación formal.
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Carlos Vidal Pastrana, director Territorial Caribe de Parques Nacionales, explicó que la embarcación habría llegado desde el corredor Guachaca-Buritaca, una zona donde no existen puntos autorizados para ese tipo de zarpe hacia el área protegida. “Ese tránsito se hizo de una manera irregular, no avalada por la autoridad competente”, señaló.
El caso expone un riesgo para los turistas: pagar por un traslado que parece legal, pero que no cuenta con los mismos controles de seguridad aplicados en los embarcaderos autorizados. Parques pidió a los viajeros verificar permisos antes de comprar cualquier recorrido marítimo y atender las advertencias sobre navegación desde sectores como Guachaca y Buritaca.
Dimar anunció que trabaja con Parques para reforzar el monitoreo meteorológico, generar alertas más precisas sobre las condiciones del mar y aumentar la presencia de inspectores en puntos de embarque y desembarque dentro del parque.
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La Gobernación del Magdalena también convocó una mesa técnica con Dimar, Guardacostas, Policía Metropolitana, CTI, Procuraduría, Defensa Civil, Indetur, Parques Nacionales y otras entidades para revisar protocolos, fortalecer prevención y mejorar la respuesta ante emergencias marítimas.
Ahora la investigación deberá establecer quiénes estaban detrás de la lancha, por qué operaba sin autorización y qué responsabilidades administrativas, civiles o penales se derivan de la muerte de Noelia Maximino. La tragedia dejó una advertencia clara: el turismo en el Tayrona no puede quedar en manos de embarcaciones que aparentan seguridad, pero navegan por fuera de la ley.
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