Estados Unidos radicó una orden de captura con fines de extradición contra Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, preso en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, en un movimiento que lo convierte en el primer gran capo reclamado por ese país en la era del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y que anticipa nuevas solicitudes contra otros jefes del narcotráfico.
La notificación llegó el lunes 10 de agosto de 2026 a ese penal poco después del sismo que sacudió a Colombia, mediante una comunicación de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. Según El Tiempo, el pedido fue radicado por Estados Unidos y marca el inicio de una nueva fase de requerimientos judiciales contra capos de alto perfil.
Es importante resaltar que González Herrera fue capturado el 17 de febrero de 2026 a las 11:15 p. m. en Medellín, Antioquia. En ese momento, lo buscaban la Guardia Civil de España, Europol y la Dirección de Inteligencia Policial, Dipol por ser considerado un “capo invisible”, pariente del clan narcoparamilitar Rendón Herrera, vinculado a la génesis del clan del Golfo.
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Por ello, para agencias federales, se trata del primer “pez gordo” solicitado en extradición bajo la actual conducción.
La captura en Medellín y el expediente internacional
Antes de esa captura, en enero de 2023, alias Medio Labio se había entregado a las autoridades. Entonces se presentó como un empresario al que se le atribuía, sobre todo, un vínculo de sangre con Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.
Fuentes europeas citadas por el diario indicaron que el expediente está atado a una megaoperación de lavado de activos que involucra a los hermanos colombianos Pablo Felipe Prada Moriones, preso en la cárcel El Pedregal, y Santiago Prada Moriones, detenido en Tramacúa.
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Decenas de chats encriptados expusieron la red de narcotráfico que operaba en Italia y España. En esa misma línea, los hermanos Prada fueron capturados en la isla de Ibiza.
En Colombia enfrenta cargos por lavado, cohecho y concierto para delinquir
En Colombia, Jhon Henry González Herrera es procesado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir. La nueva solicitud desde Estados Unidos se superpone así a un expediente penal ya abierto en el país.
Fuentes cercanas al detenido confirmaron a El Tiempo la notificación de extradición y añadieron que, por ahora, no se presentará ningún recurso. “Medio Labio ya tiene abogado en Estados Unidos”, dijeron esas fuentes.
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En paralelo, fuentes federales mencionadas por la publicación aseguraron que a la cárcel de Huelva, en España, también llegó otra notificación de extradición para un connacional al que Colombia procesa y cuya entrega ya había solicitado: Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas.
Sobre ese nombre persiste una disputa de identificación. Algunas versiones lo señalan como alias Black Jack, aunque para la Fiscalía de Colombia ese alias corresponde a Pablo Prada Moriones.
Las mismas fuentes federales sostuvieron que después de este caso vendrá otra lista de grandes capos pedidos en extradición. Según esa versión, entre los próximos requeridos habrá nombres repetidos y también figuras que estuvieron sentadas en mesas de diálogo durante el gobierno de Gustavo Petro dentro de la fallida política de Paz Total.
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Las reformas con las que el Gobierno De la Espriella planea transformar la justicia penal
El actual Gobierno tiene como objetivo fortalecer las medidas contra la criminalidad. Fuentes de alto nivel del Gobierno de Abelardo de la Espriella detallaron a Infobae Colombia que la agenda de reformas para la justicia penal estará centralizada en el despacho del nuevo ministro, Iván Cancino, que recibió la tarea de liderar directamente el proceso desde su llegada al cargo.
Entre las transformaciones planteadas figura la eliminación de la audiencia de imputación, con el objetivo de agilizar el paso hacia la etapa de acusación. Esta modificación permitiría que una persona investigada avance directamente hacia la acusación formal, sin la necesidad de una diligencia previa donde la Fiscalía General de la Nación comunica los delitos atribuidos.
Otra de las directrices clave consiste en una reingeniería de la estructura judicial: un mismo juez controlaría el proceso desde la acusación hasta la audiencia preparatoria, mientras que un juez o tribunal distinto se encargaría del juicio oral. Este cambio busca garantizar independencia entre las etapas del proceso y fortalecer la imparcialidad en los fallos.
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