El 29 de julio las autoridades informaron que se registró una explosión en el kilómetro 12 de la zona rural del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, cerca del cementerio del 12, en la vereda El Piñal.
El estallido sorprendió a los residentes, que notificaron a los equipos de emergencia al escuchar el ruido y observar daños en varias casas cercanas. En un principio se creyó que en las viviendas no había personas; sin embargo, durante el avance de los uniformados, se registró el hallazgo del cuerpo de una ciudadana.
Según la información inicial de la Policía, la víctima mortal tenía lesiones severas en manos, pies y pecho. Las autoridades consideran que estas heridas coinciden con la manipulación directa de un artefacto explosivo, pero hasta el momento no han informado nuevos detalles sobre la identificación del cuerpo.
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El balance de las autoridades
Infobae Colombia tuvo acceso al informe presentado por las autoridades sobre los hallazgos registrados tras la explosión. En primer lugar, confirmaron que el hecho dejó como resultado una persona fallecida y daños materiales en varias viviendas cercanas al lugar del incidente.
Según informaron las Fuerzas Militares, el hecho ocurrió al interior de una residencia ubicada en el sector, generando una fuerte alarma entre los habitantes y una onda expansiva que alcanzó varias casas de la zona. El reporte preliminar de las autoridades señala que la víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, habría estado manipulando un artefacto explosivo cuando se produjo la detonación.
Además de confirmar que las lesiones que presentaba la persona fallecida son compatibles con la manipulación directa de material explosivo, informaron que la magnitud del estallido provocó la amputación de extremidades y heridas de gravedad que ocasionaron el deceso en el lugar de los hechos.
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Tras la emergencia, los organismos de socorro y unidades policiales acudieron al sitio para atender la situación y realizar las primeras labores de inspección. El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal del municipio de Tarazá, donde se adelantan los procedimientos correspondientes para su identificación y para determinar las circunstancias exactas del incidente.
Las Fuerzas Militares informaron que mantienen la investigación abierta y reforzaron la presencia en la zona para prevenir nuevos incidentes y brindar seguridad a los habitantes del corregimiento El Doce. Hasta el momento no hay hipótesis de peso sobre el caso o evidencia sobre posible responsabilidad de grupos armados y delincuenciales que tienen presencia en la región.
Cabe recordar que el conflicto interno afecta directamente a los habitantes de esta zona del país, lo que provocó que recientemente 11 familias de las veredas Tamí y Doradas tuvieran que abandonar sus hogares debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
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La subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, María Patricia Giraldo, confirmó que el desplazamiento afectó a un total de 20 personas y que la administración departamental activó la ruta de atención humanitaria, entregando kits de emergencia y coordinando acciones con los comités de justicia transicional.
Paralelamente, en el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre, se reportó el desplazamiento de 131 familias, lo que eleva a al menos 142 el número de familias desplazadas en la subregión en los últimos días. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de drones por parte de los grupos armados en los ataques contra la comunidad, lo que demuestra el aumento en la tecnificación de estos actores ilegales en el Bajo Cauca.
El censo de afectados permanece abierto, por lo que la cifra de desplazados podría aumentar. Ante el incremento de la violencia, la Gobernación de Antioquia reforzó la seguridad con más de 14.000 uniformados en las nueve subregiones del departamento.
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