En medio de los repentinos cambios del equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la sede de la posesión, en la mañana del lunes 27 de julio de 2026 se conoció que ya fue radicada la proposición para que el Congreso de la República avale la nueva sede.
El documento oficial fue radicado por la representante Carol Borda, del partido Salvación Nacional, que solicitó explicitamente que el Congreso de la República sesione el próximo 7 de agosto desde la capital del Valle para entregar la banda presidencial.
Debido a las entrevistas que adelanta el Legislativo para elegir al nuevo contralor, se estima que la plenaria de la Cámara de Representantes decidirá este martes 28 de julio si el Congreso traslada su sede a la capital vallecaucana el próximo 7 de agosto.
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La proposición responde a la voluntad expresa del presidente electo, quien manifestó su deseo de celebrar la ceremonia en una región duramente afectada por la criminalidad. Según el texto presentado por Borda, De la Espriella busca que el acto oficial sea un reconocimiento institucional a la labor de la fuerza pública en el suroccidente del país.
En un primer momento, la ceremonia estaba prevista para celebrarse en Popayán. Sin embargo, el equipo del presidente electo consideró que los retos logísticos en esa ciudad obligaban a buscar un nuevo escenario. Así, Cali emergió como alternativa para acoger la jornada solemne que marcará el inicio del nuevo mandato.
Para que la posesión presidencial en Cali sea una realidad, tanto la Cámara de Representantes como el Senado deben aprobar sendas proposiciones que autoricen el traslado del Congreso. La iniciativa de Borda remarca que este traslado tendría carácter excepcional, limitándose a una sola sesión y sin modificar la sede habitual del legislativo, que seguirá siendo el Capitolio Nacional.
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La decisión sobre el lugar de la ceremonia presidencial adquiere una relevancia simbólica en el contexto actual. En el documento, la representante enfatiza que la elección de Cali responde a la necesidad de destacar la fortaleza institucional en territorios que han enfrentado altos índices de violencia.