Las comunidades campesinas del núcleo zonal de Arenas Blancas, ubicadas en el municipio de Amalfi, solicitaron al Estado colombiano el cese inmediato de los bombardeos en territorios habitados por población civil.
El reclamo se produjo tras el ataque aéreo realizado el 10 de julio de 2026 en la vereda La Areiza, que dejó dos personas fallecidas y daños materiales en bienes de la comunidad.
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En un comunicado público, los líderes rurales expresaron: “Las comunidades campesinas del núcleo zonal de Arenas Blancas exigimos que nunca más se bombardeen territorios donde habita población civil”.
El pronunciamiento fue firmado por representantes de las veredas San Miguel, La Areiza, El Tigrillo, La Picardía y Arenas Blancas, quienes alertaron sobre el riesgo permanente al que se enfrentan los habitantes de la zona.
Los voceros comunitarios recordaron que niños, niñas, mujeres, adultos mayores y trabajadores del campo constituyen población civil protegida por la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
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Entre las solicitudes principales de las comunidades se destaca la exigencia de una investigación independiente, imparcial y transparente sobre los hechos ocurridos en La Areiza, así como la protección efectiva de los habitantes rurales.
También pidieron la reparación integral de los daños a las personas y bienes afectados, y garantías efectivas de no repetición para evitar que nuevas operaciones militares puedan poner en riesgo a la población civil.
Los líderes campesinos anunciaron que, de persistir la amenaza, su representación jurídica procederá a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con el objetivo de reforzar la protección de las comunidades frente a posibles hechos similares.
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La preocupación de los habitantes va más allá de la coyuntura generada por el bombardeo. En el comunicado, los firmantes expresaron: “No estamos discutiendo una estrategia militar. Estamos defendiendo un principio fundamental del Derecho Internacional Humanitario: la población civil nunca debe convertirse en el escenario ni en la víctima de las hostilidades”.
Testimonios recogidos tras el ataque reportaron daños en viviendas y la muerte de animales de granja, considerados fuente de sustento para las familias campesinas. Algunos afectados señalaron la pérdida de reses de raza Holstein y Brahman, algunas preñadas, cuyo valor económico resulta significativo para la economía local.
Un habitante manifestó: “Requiero ver qué solución me dan también con mi casa; resultó afectada por unas esquirlas. Mi vista también resultó afectada... yo con harto sacrificio me conseguí esos animales trabajando, jornaleando”.
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La petición colectiva de los campesinos se centra en la protección de la vida, la dignidad humana y el derecho a vivir en paz en sus territorios. En su mensaje final, recalcaron: “Nunca más bombardeos sobre territorios donde habitan comunidades campesinas. La vida campesina debe ser protegida, no puesta en riesgo”.
Detalles del bombardeo
Un operativo coordinado entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General se realizó en la zona rural de Amalfi, Nordeste de Antioquia, contra miembros del Clan del Golfo. La acción, desarrollada la mañana del 10 de julio, estuvo dirigida a debilitar la estructura criminal Roberto Vargas Gutiérrez, específicamente la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, identificada como una de las más activas de este grupo armado.
El despliegue militar forma parte de una estrategia que apunta a mejorar la seguridad en la región y proteger a la población civil ante la presencia de organizaciones armadas ilegales. Diversos medios han informado que durante los bombardeos dos presuntos integrantes del Clan del Golfo habrían perdido la vida.
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Según la información oficial, este operativo representa el noveno bombardeo contra el Clan del Golfo bajo el mandato de Gustavo Petro. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó que este grupo ha sido el más afectado por las acciones de las fuerzas estatales.
Sánchez detalló que en los últimos cuatro años se han efectuado cerca de 600.000 detenciones por distintos delitos, concentrándose en organizaciones armadas ilegales. “En este periodo de gobierno se han neutralizado 16.371 integrantes, de los cuales el 93% corresponde a capturas y el 7% corresponde a la muerte en desarrollo de una operación militar”.
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