Antes de que Abelardo de la Espriella sea posesionado como nuevo presidente de Colombia, entre los retos que asumirá se destaca la situación que se registra en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por el hacinamiento en prisiones y los problemas de contratación.
En el último año, el Inpec ha enfrentado numerosos problemas estructurales y operativos. El hacinamiento en las cárceles aumentó, afectando el acceso a servicios básicos y la convivencia interna; persiste un déficit de personal, especialmente en el Cuerpo de Custodia, con más de 12.000 guardianes faltantes, y se han documentado restricciones para el monitoreo independiente, especialmente en investigaciones por corrupción, tortura y abuso sexual.
Por otra parte, existen quejas por falta de recursos, problemas en el mantenimiento de vehículos y expendios internos, y riesgos sanitarios, lo que se suma a las amenazas que han recibido guardianes adscritos a varias prisiones.
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El Inpec que recibirá De la Espriella
A falta de 14 días para que termine el mandato de Gustavo Petro, El Tiempo reveló datos del informe de empalme presentado al equipo de transición sobre el Inpec, lo que refleja un panorama complejo en el sistema penitenciario del país. El documento tiene datos desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 7 de marzo de 2026 sobre la población carcelaria, el déficit de personal que tiene el instituto y otros problemas.
Sobre el hacinamiento, se informa que en el último reporte fue del 27% y se argumenta que el motivo es que la cantidad de reclusos en el país es de más de 102.000 personas, mientras que la capacidad carcelaria solo aumentó 378 plazas y no supera los 82.000 cupos.
Entre los factores que aumentan la crisis se destacan el cierre definitivo del centro de reclusión de La Ceja y la inhabilitación temporal o definitiva de espacios en otros establecimientos por problemas de infraestructura.
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En el informe se proyecta que la apertura de prisiones en Riohacha, El Pilamo y Sabanas de Ángel ayudará a mermar la problemática, pero se aclara que hay que hacer mantenimientos de las infraestructuras de otros lugares que están en condiciones negativas, lo que impediría que se regule la situación.
El déficit de personal de custodia y vigilancia es otro de los retos que se plantea, puesto que el Inpec ha reconocido que los avances son parciales en contraste con la necesidad estructural para cumplir con los estándares requeridos.
En el texto citado se afirma que la ampliación de la planta requiere viabilidad fiscal, definición de fuentes de financiación y coordinación para asegurar la sostenibilidad presupuestal. Además, se destaca que el concurso de méritos para proveer cargos en el cuerpo de custodia sigue en etapa de inscripción, mientras el proceso anterior dejó demandas judiciales por nulidad y restablecimiento de derechos.
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La entidad también reportó 53 hallazgos de la Contraloría sin cerrar hasta 2021, 203 reportes previos y 50 más de una auditoría financiera de 2025. El inventario total de observaciones de la Contraloría contra el Inpec, entre 2009 y 2025, asciende a 306, abarcando problemáticas como atención social, gestión de talento humano y financiero, logística, planificación y seguridad penitenciaria.
Entre las situaciones detectadas se encuentran deficiencias en la regulación de la jornada laboral, necesidades de apoyo en instalaciones específicas y casos de pagos a funcionarios que no prestaron servicios entre 2024 y 2025.
El informe concluye que no se han logrado consolidar condiciones mínimas estructurales y sanitarias en las prisiones del país, una situación reiterada por la Corte Constitucional desde 1998, mientras que el presidente electo prometió que resolverá parte de las problemáticas con la construcción de 10 cárceles concesionadas a empresas privadas y con un nuevo cuerpo de seguridad.
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