Alejandro Carranza reveló presuntos precesos penales que se adelantarían contra líder sindical de la UNP: “Es imperativo que se investiguen”

Wilson Javier Devia Pérez, representante legal de la organización sindical UT UNP, denunció a través de su cuenta de X la ejecución de presuntas prácticas irregulares en la administración de Augusto Rodríguez como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Por un lado, aseguró que hay varios escoltas que llevan más de una década esperando a ser vinculados en la planta de la entidad. Por eso, pidió que se adelante una mesa de diálogo con las organizaciones sindicales, con el fin de revisar 6.700 vacantes y establecer de qué manera se realizará el proceso de selección.

“Con la salida del Gobierno y sin ninguna explicación la UNP licitó únicamente dos zonas 1, 2, desconociendo que va pasar con los escoltas de la Zonas 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, necesitamos conocer si se tiene el presupuesto? Hasta cuándo está el presupuesto? Porque no sacaron la licitación de esas zonas? Y la garantía de continuidad de todos los escoltas que vienen en el programa de protección (sic)”, escribió Devia Pérez.

Tras exponer la denuncia, el abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, reaccionó haciendo un llamado de atención a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, debido a distintos procesos penales que, al parecer, se adelantan en contra del líder sindical.

De acuerdo con Carranza, existiría una investigación en su contra por presunto acceso carnal violento contra un menor de edad. Al parecer, la víctima sería su propio hijo. También hay otro proceso pesaría sobre él por presuntos actos de violencia ejercidos sobre su pareja.

“Se encuentran los procesos por violencia intrafamiliar, donde se le investigaba por haber agredido físicamente a su esposa. Es imperativo que se investiguen estos hechos con la máxima seriedad y que se garantice la protección de las víctimas. Morder a una mujer es un instinto primitivo que en el violensómetro crea un riesgo de feminicidio. Nunca es tarde para rescatar una posible víctima”, indicó.

Por otro lado, reveló que hay otra investigación penal por sus presuntos vínculos con actividades relacionadas con un “narcochofer”. Advirtió que este caso representa una amenaza para la seguridad pública y, por eso, solicitó a la Fiscalía que adelante las acciones de su competencia de manera ágil para “combatir la impunidad en este ámbito”.

“Existe una denuncia por presunto hurto de una caja fuerte con dinero en efectivo y títulos de valores pertenecientes a una empresa que era del suegro del hoy sindicalista, los cuales, según se alega, fueron hurtados durante el fallecimiento de este último en el hospital. Este caso, de carácter patrimonial, también requiere una investigación rigurosa para garantizar que se haga #justicia”, añadió.

El jurista afirmó que, debido a las revelaciones que hizo sobre las investigaciones que se adelantarían en contra del líder sindical, su seguridad e integridad podrían estar en riesgo. Por esto, también pidió celeridad al ente acusador en sus actuaciones. Insistió en que, como abogado, es un defensor de derechos humanos que no ha estado ligado a clientes relacionados con el narcotráfico o grupos armados. “Obviamente la reacción del denunciado no se hará esperar, así que mi seguridad e integridad también debe tener en cuenta a este personaje”, indicó.

“En conclusión, señora Fiscal General, le solicito encarecidamente que se dé prioridad a estos casos y que se lleven a cabo las acciones necesarias para que se investiguen y se resuelvan con la debida diligencia. La confianza del público en el sistema de #justicia depende de la eficacia y la transparencia con la que se persiguen los delitos”, precisó el abogado en su cuenta de X.