El padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, solicitó que la Fiscalía General de la Nación convoque al expresidente Gustavo Petro para que rinda declaración sobre la muerte de su hijo.
De acuerdo con el también ex precandidato presidencial, el llamado busca que Petro aporte información relevante en la investigación, una vez que pierda el fuero presidencial tras el 7 de agosto.
Según Uribe Londoño, el jefe de Estado debe responder como ciudadano común sobre lo que conoce en torno al crimen. De acuerdo con las declaraciones que emitió en una entrevista con Semana, afirmó que, en ese sentido, ya no contará con la protección legal del cargo y estará obligado a comparecer ante la justicia ordinaria.
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“Él tiene que ir, él puede ir. Que los fiscales le pregunten: ‘¿Y usted qué sabía? ¿Y todos esos tiros que este puso. ¿Y usted por qué dijo que fue la junta del narcotráfico? ¿Y usted por qué dijo que fueron los esmeralderos?’“, alegó.
Esas afirmaciones de Petro luego del atentado y de la muerte de Uribe Turbay darían señales de que el jefe de Estado saliente “ha tratado por todos los medios de desviar la investigación, de que no se llegue a un punto”.
“Estamos a punto, yo creo que se está a punto de llegar a quién dio la orden, pero él ha tratado de evitar eso y tiene gente también en los organismos que pueden estar ayudando para que eso suceda”.
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Uribe Londoño indicó en la entrevista que, además de que hará la solicitud a Gustavo Petro, también pedirá una autorización a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que se realice la audiencia.
De hecho, insistió en que no se debe autorizar la extradición de Gustavo Petro —de acuerdo con la iniciativa del presidente electo, Abelardo de la Espriella— antes de que declare ante la justicia sobre el caso de su hijo.
“Él sabe mucho, él conoce todo ese entramado, él sabe quiénes son los de la Segunda Marquetalia”, señaló. Además, pidió que se investigue por qué durante el Gobierno de Petro no se solicitó a Venezuela la ejecución de las circulares rojas de Interpol contra los líderes de la Segunda Marquetalia, quienes, según Uribe, permanecen refugiados en territorio venezolano.
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El senador sostuvo en el diálogo que incluirá a otras instancias competentes después del cambio de mando presidencial. Reiteró, además, que el esclarecimiento del magnicidio requiere la colaboración de todos los actores involucrados.
Miguel Uribe Londoño rechazó el preacuerdo que redujo la condena del autor intelectual del asesinato de su hijo
Uribe Londoño también criticó duramente a la Fiscalía General de la Nación tras la aprobación del preacuerdo que permitió reducir de 60 a 26 años la condena de Élder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o “El Chipi”, señalado como coordinador y determinador del magnicidio.
El fallo de la jueza novena Penal del Circuito de Bogotá, que avaló la negociación entre el ente acusador y el responsable del magnicidio, provocó la indignación de la familia de la víctima, que exige justicia completa.
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Arteaga Hernández recibió una pena de 26 años y 3 meses de prisión tras aceptar cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y utilización de menores en la comisión del crimen.
La familia de Uribe Turbay rechazó el acuerdo al considerarlo insuficiente y alejado de la gravedad del delito: “Es inaceptable que una condena de 60 años por el magnicidio de mi hijo Miguel sea reducida por la Fiscalía y el juzgado a 26 años”, expresó Uribe Londoño en sus redes sociales. También sostuvo que el responsable del crimen no colaboró con la justicia y que la reducción de la pena no responde a la necesidad de verdad y reparación.
La Fiscalía también acordó una condena de 21 años y 9 meses para William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, considerado cómplice en la planeación y ejecución del homicidio. Ambos sujetos, según el ente investigador, fueron pieza clave en la coordinación del ataque y en la definición de los roles de los demás implicados, incluida la utilización de un menor de 15 años como autor material.
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El abogado de la familia, Víctor Mosquera, se opuso a la decisión de la jueza, sumándose a las voces que consideran que el caso exige sanciones ejemplares, ya que el asesinato de Uribe Turbay fue declarado crimen imprescriptible y de lesa humanidad.
“Tiene que ir a juicio y enfrentar la máxima pena que contempla la ley por el atroz crimen que ha sido declarado de lesa humanidad. Esta decisión no tiene en cuenta a las víctimas, que somos muchos colombianos afectados por la falsa paz total. No se ha impartido justicia como debe ser. Los colombianos exigimos que se deje de premiar a los criminales”, afirmó Uribe Londoño.