La disputa por la curul afro que el Consejo Nacional Electoral adjudicó a Winsner Sandoval Ibáñez abrió un frente político más amplio que el reclamo de un movimiento: líderes del Pacto Histórico y de sectores étnicos denunciaron que la decisión desconoce 160.000 votos y convierte una representación especial en el centro de una pelea por la legitimidad democrática en Colombia.
El dato que activó la reacción pública fue la pérdida de la segunda curul afro que, según el representante a la Cámara Óscar David Benavides, correspondía a Anyela Viviana Guanga, del Movimiento Libres, y terminó en manos de Sandoval Ibáñez, del Partido Demócrata Colombiano. La resolución dejó al CNE bajo críticas directas por parte de dirigentes que hablaron de un precedente contra los derechos políticos de los pueblos étnicos.
Aida Quilcué y Wally Ospina fijaron posición en redes sociales con un punto común: la controversia no se limita a un escaño, sino al valor del voto de una comunidad. Quilcué, excandidata a la vicepresidencia, sostuvo que “las curules de los pueblos étnicos no son un privilegio; son un derecho”.
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La dirigente agregó que el movimiento recibió el respaldo de más de 160.000 votos y advirtió que “desconocer esa voluntad ciudadana y quitarles la segunda curul afro que ganaron legítimamente es un grave precedente para la democracia y para los derechos de los pueblos étnicos en Colombia”.
Quilcué y Ospina llevaron la controversia de una curul al terreno de la democracia
La intervención de Quilcué colocó el foco en el carácter especial de esa representación. Su mensaje expresó solidaridad con el pueblo negro, con el movimiento Libres y con Benavides, al presentar la decisión como una afectación directa a un derecho político y no como una disputa administrativa.
Ospina, senador electo del Pacto Histórico, llevó esa lectura un paso más allá. En su pronunciamiento afirmó: “Si 160.000 votos pueden ser desconocidos, mañana podrían ser los de cualquier colombiano”.
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El dirigente también vinculó la decisión con prácticas que, a su juicio, desbordan el caso puntual. “La democracia no puede convertirse en un negocio de clanes políticos ni de la corrupción”, escribió, antes de calificar lo ocurrido como “un claro golpe a la voluntad popular” que le arrebata “representación, dignidad y confianza a toda una comunidad”.
Benavides acusó al CNE de quitar una representación “ganada de manera legítima”
El trasfondo del conflicto quedó definido por la versión de Óscar David Benavides, congresista electo por la misma circunscripción afro. Según explicó, la credencial entregada a Sandoval Ibáñez correspondía en realidad a Anyela Viviana Guanga, candidata del Movimiento Libres.
Benavides reaccionó con una denuncia frontal y dio a la decisión una lectura política y moral. “Recibo esto con una gran indignación. Aquí hay cinco firmas manchadas de corrupción”, afirmó, al referirse al acto que dejó sin escaño a su colectividad.
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En esa misma declaración, el representante sostuvo que “le robaron la representación que Libre se ganó de manera legítima” y pidió apoyo de la justicia y del pueblo colombiano para “recuperar la dignidad” de su comunidad. También dirigió un señalamiento contra Álvaro Hernán Prada al exigirle que “vaya a responderle a la justicia, no a venir aquí a cometer atropellos en contra de nuestra gente”.
La decisión del CNE de otorgar la credencial como representante a la Cámara Afro a Sandoval Ibáñez quedó en el centro de una cadena de cuestionamientos que unió a dirigentes de distintos perfiles bajo una misma acusación: el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas.
En los mensajes públicos, la cifra de respaldo al movimiento Libres operó como el principal argumento político. Para sus defensores, el caso afecta a una candidata y a una organización, pero también instala una alerta sobre el alcance real de las circunscripciones étnicas y sobre quién termina representando a las comunidades para las que fueron creadas.
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