La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado al Gobierno saliente de Gustavo Petro y a la administración entrante de Abelardo De la Espriella para que el proceso de transición presidencial se lleve a cabo de manera “fluida y cooperativa”, con el fin de preservar los avances alcanzados desde la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016.
La petición quedó consignada en el más reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, documento que cubre el periodo comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2026 y que será presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este 15 de julio.
El pronunciamiento se conoce en un momento de especial incertidumbre para la política de paz del país, debido a que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, ha manifestado en repetidas ocasiones sus críticas a la estrategia de ‘Paz Total’ impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y ha anunciado cambios en el manejo de la seguridad y las negociaciones con los grupos armados.
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La ONU advierte que Colombia atraviesa un momento crítico para el proceso de paz
En el informe, António Guterres señaló que el cambio de Gobierno ocurre en una coyuntura determinante para el futuro del proceso de paz, razón por la que pidió que el relevo presidencial se realice con coordinación institucional.
“Una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales”, afirmó el Secretario General.
El máximo representante de Naciones Unidas agregó que la transición hacia un nuevo Gobierno se desarrolla “en un momento crítico para el proceso de paz”, al tiempo que reiteró la disposición del organismo internacional para continuar acompañando al Estado colombiano.
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En ese sentido, indicó que el representante especial del Secretario General en Colombia, Miroslav Jenča, trabajará con las nuevas autoridades para conocer sus prioridades y poner a disposición la experiencia acumulada por la Misión de Verificación durante casi una década de implementación del Acuerdo.
La seguridad sigue siendo el principal desafío
Más allá del llamado institucional, el informe presenta un panorama preocupante sobre la situación de seguridad en varias regiones del país.
La Misión de Verificación concluyó que, pese al ambiente democrático que caracterizó las recientes elecciones presidenciales, las zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado continúan enfrentando altos niveles de violencia.
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De acuerdo con el documento, la seguridad en los territorios afectados por el conflicto “siguió siendo frágil”, como quedó evidenciado durante la ola de violencia registrada en el suroccidente colombiano en la última semana de abril y en el departamento del Guaviare a finales de mayo.
Asimismo, Guterres destacó que la paz y la seguridad volvieron a convertirse en una de las principales preocupaciones de los colombianos durante la reciente campaña presidencial.
Frente a ese escenario, insistió en que una implementación más completa del Acuerdo Final puede convertirse en una herramienta clave para reducir la violencia, especialmente en aspectos relacionados con la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y la Reforma Rural Integral.
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“Las zonas donde la violencia es más aguda son precisamente aquellas en las que la implementación ha sido insuficiente. Las políticas de seguridad y las iniciativas de paz pueden reforzarse mutuamente de forma armoniosa”, sostuvo el Secretario General.
Los avances existen, pero siguen siendo desiguales
Aunque Naciones Unidas reconoció que Colombia ha logrado avances importantes en la implementación del Acuerdo, el informe advierte que estos continúan siendo graduales y desiguales entre las distintas regiones.
Según el organismo, todavía persisten retos estructurales relacionados con la presencia del Estado, la coordinación entre las instituciones y la necesidad de que las medidas pactadas se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
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Uno de los aspectos destacados por el informe es el proceso de reincorporación de los excombatientes de las extintas Farc, del cual dependen actualmente más de 11.000 personas que llevan cerca de una década construyendo su vida civil.
Para Naciones Unidas, fortalecer las garantías de seguridad y generar oportunidades económicas sostenibles resulta fundamental para consolidar este proceso, reducir la estigmatización y evitar nuevos reclutamientos por parte de organizaciones armadas ilegales.
La Reforma Rural sigue siendo una pieza clave
El documento también resalta avances en la Reforma Rural Integral, especialmente en la formalización y entrega de tierras.
Además, destaca que la pobreza multidimensional rural pasó del 38,66% en 2018 al 22,4% en 2025, aunque advierte que estos resultados aún no son suficientes para estabilizar los territorios donde persiste la presencia de grupos armados.
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Por ello, António Guterres afirmó que la aplicación de la reforma ha sido desigual y enfatizó que garantizar la seguridad de los beneficiarios será determinante para consolidar sus efectos.
Persisten asesinatos de excombatientes y líderes sociales
Entre las mayores preocupaciones expuestas por Naciones Unidas se encuentra la situación de quienes firmaron el Acuerdo de Paz.
El informe recuerda que desde la firma del Acuerdo han sido asesinados 493 excombatientes, entre ellos 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos.
Aunque durante 2026 el número de homicidios disminuyó y hasta la fecha se han registrado cinco asesinatos, Naciones Unidas advierte que persisten amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados y presiones por parte de grupos armados para reclutar nuevamente a antiguos integrantes de la guerrilla.
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En paralelo, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2026 fueron desplazadas forzosamente 5.272 personas y otras 9.553 permanecieron confinadas en siete departamentos del país, mientras que 316.000 habitantes sufrieron restricciones de movilidad y acceso, especialmente en Cauca y la Amazonía.
A ello se suma que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recibió denuncias sobre 33 asesinatos de líderes sociales durante ese mismo periodo, incluidos líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres y representantes de juntas de acción comunal.
El llamado final: bajar la confrontación política
En las conclusiones del informe, António Guterres hizo un llamado para que, tras una campaña electoral marcada por la polarización, los distintos sectores políticos trabajen conjuntamente en favor de la paz.
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“No hay lugar para la violencia política, y espero que los líderes de todas las partes se esfuercen por desescalar la retórica confrontacional y mantener canales constructivos de diálogo”, manifestó.
Finalmente, el Secretario General reiteró que la Misión de Verificación de la ONU seguirá acompañando al Estado colombiano y a la comunidad internacional en los esfuerzos para consolidar una paz duradera, en una etapa que calificó como decisiva para el futuro del Acuerdo de Paz.