El extraditado Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tulúa, fue registrado como supuesto integrante de un resguardo indígena desde 2013 y obtuvo en 2025 una constancia oficial activa del Ministerio del Interior, un trámite que fue usado para buscar beneficios judiciales y pedir el traslado de su reclusión a un “centro de sanación”.
El caso se produjo después de años de detención continua en Colombia. Marín Silva estuvo preso de manera ininterrumpida desde 2015, cumplía parte de una condena de 30 años y en junio de 2025 fue trasladado a la Estación de Policía Los Mártires, en Bogotá, mientras se hacía efectiva su extradición, según documentos publicados por La FM.
La certificación como indígena habría sido concedida por Juan Alberto Rosales, gobernador del resguardo ubicado en la vereda Las Delicias, del municipio de Contadero. En ese documento se afirma que Marín Silva “se encuentra debidamente inscrito y registrado en nuestras bases censales. Él y toda su familia vienen prestando sus servicios cumplidamente al Cabildo cuando este los requería, conserva la identidad cultural y social del Pueblo de Los Pastos”.
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A esa certificación se sumó un acta de compromiso de tres páginas fechada el 25 de junio de 2025. Allí se señalaba que el Cabildo Indígena de Aldea de María Putisman contaba con un sitio de reclusión llamado “centro de sanación”, con camas, instalaciones sanitarias, servicio de agua y energía, cocina y una “sala de reflexión, sanación o perdón”.
Ese documento fue la base del memorial radicado por el gobernador del resguardo para solicitar el cambio del lugar de reclusión de alias Pipe Tulúa a ese centro, bajo el argumento de que pertenecía a la comunidad.
“El Cabildo Indígena de Aldea de María se compromete, a prestar la vigilancia para que esta medida provisional se cumpla y nuestro comunero permanezca dentro del centro de sanción hasta tanto se dicte una medida de condena o absolución en su contra y en caso de condena se comprometerá ante la autoridad estatal correspondiente a que su condena se purgue dentro centro de reclusión y sanción adecuado para que nuestros comuneros no pierdan su calidad de indígena y sus costumbres no se vean menoscabadas como ocurre en los centros penitenciarios del país”, decía el acta.
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La publicación, a la que accedió el medio citado, contaba con una constancia emitida el 8 de julio de 2026 por Roquelina Sabis Blanco Moscarella, directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, en la que Marín Silva figura en estado activo como indígena. El documento añade: “La presente información se emite conforme al registro único de censo que al día de hoy reposa en el Sistema de Información Indígena de Colombia e identifica al portador como indígena para el acceso a sus derechos constitucionales ante las entidades que lo requieran”.
El gobernador del cabildo negó haber firmado los documentos
El gobernador indígena Juan Alberto Rosales en una entrevista con La FM negó haber suscrito los documentos que acreditaban como indígena a alias Pipe Tulúa y sostuvo que eran falsos. Según dijo al medio, el nombre de su cabildo fue usado para ese trámite.
“No es que nosotros hayamos solicitado que lo reconozcan. No, nunca en ningún momento yo voy a solicitar que lo reconozcan, sino que él ya había estado escrito en nuestro resguardo desde 2013 (…) Que a mí me falsificaron una documentación es diferente, yo incluso tengo un documento en la que le digo a la ley ordinaria que en ningún momento lo recibimos acá. Ese documento a mi me lo falsificaron”, afirmó Rosales.
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En su defensa, aseguró además que tiene testigos sobre esa situación y sobre la presunta suplantación de la que habría sido víctima como autoridad del Cabildo Indígena de Aldea de María Putisman. Su rechazo al eventual traslado quedó resumido en otra declaració: “Nosotros cómo vamos a traer a una persona que ha cometido varios delitos, a nuestro resguardo (….) Él tiene que pagar la pena donde la ley ordinaria le diga”.