Antes de que los contenedores de banano puedan salir hacia los mercados internacionales, muchas fincas del Magdalena enfrentan hoy un obstáculo distinto a los desafíos propios del campo: las amenazas de grupos armados ilegales. La situación llevó a suspender labores en varias plantaciones e impacto el ritmo de las exportaciones, luego de que trabajadores recibieran advertencias para no presentarse a sus puestos bajo intimidaciones contra sus vidas.
La preocupación fue expuesta por la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), que alertó sobre el recrudecimiento de la violencia en una de las principales zonas productoras del país. Según el gremio, las acciones atribuidas al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocidas como Los Pachencas, mantienen bajo presión a productores de todos los tamaños y comprometen el desarrollo normal de la actividad agrícola.
Para los empresarios del sector, el problema va mucho más allá de las pérdidas económicas. Las intimidaciones generan temor entre los trabajadores, quienes, en varios casos, optaron por no acudir a las fincas tras la circulación de amenazas que también ordenaban a la población permanecer en sus viviendas y mantener cerrados los establecimientos comerciales.
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José Francisco Zúñiga, presidente de Asbama, explicó que el deterioro de la seguridad se concentra especialmente en municipios como Zona Bananera, Ciénaga, El Retén, Aracataca y Fundación, donde, aseguró, las organizaciones criminales ejercen una presión constante mediante extorsiones dirigidas a grandes, medianos y pequeños productores.
De acuerdo con el dirigente gremial, el mecanismo utilizado por estos grupos consiste en ingresar armados a las fincas, interrumpir las labores y entregar números telefónicos a los administradores para que posteriormente establezcan contacto con ellos. Ese sería el punto de partida para exigir pagos a cambio de supuestas garantías de seguridad tanto para las empresas como para sus empleados.
El impacto de estas acciones se siente en toda la cadena productiva. La paralización de las labores en varias plantaciones terminó afectando la salida del banano hacia los puertos, lo que representa un golpe para uno de los sectores agrícolas más importantes de la región Caribe.
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Zúñiga advirtió además que la situación en zona bananera resulta especialmente crítica. Según señaló, este municipio registra algunos de los índices de violencia más altos del país, una realidad que, afirma, dificulta el desarrollo de las actividades económicas y aumenta la incertidumbre entre quienes dependen del cultivo de banano. Esa percepción coincide con las cifras del programa Cómo Vamos de Zona Bananera, que indican que el municipio supera los 80 homicidios por cada 100.000 habitantes al año, un indicador que refleja la compleja situación de orden público que enfrenta el territorio.
Frente a este panorama, el presidente de Asbama cuestionó la respuesta institucional. Aseguró que el gremio elevó múltiples alertas durante los últimos años y ha insistido en la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en las zonas productoras, pero considera que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes para contener la expansión de los grupos ilegales.
En ese contexto, recordó que el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció la creación del Distrito Quinto de Policía para la Zona Bananera como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en el territorio. Sin embargo, según Zúñiga, esa iniciativa nunca llegó a materializarse, por lo que las condiciones de riesgo continúan siendo las mismas para productores y trabajadores.
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El gremio informó que recientemente volvió a plantear estas preocupaciones ante las autoridades nacionales y regionales. Durante esos encuentros insistió en la necesidad de adoptar medidas concretas que permitan proteger a los empleados, garantizar la continuidad de las operaciones agrícolas y evitar nuevas afectaciones sobre las exportaciones de banano.
Mientras tanto, la incertidumbre sigue marcando el día a día de cientos de familias que dependen de esta actividad económica. Para Asbama, recuperar las condiciones de seguridad es una prioridad urgente, ya que de ello depende no solo la estabilidad del sector bananero en el departamento del Magdalena, además del sustento de miles de trabajadores que hoy desarrollan su labor en medio de un escenario de amenazas permanentes.