Además de Iván Cepeda, estos son otros políticos que se han declarado en desobediencia civil en Colombia

Han pasado diez días desde la segunda vuelta presidencial en Colombia y las tensiones políticas no han cesado en el país.

Recientemente, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico), pese a que inicialmente reconoció los resultados que dejaron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella, salió nuevamente a cuestionar al presidente electo de los colombianos.

En su intervención, el congresista indicó que existen varios cuestionamientos contra la figura del mandatario electo, como su doble nacionalidad o su presunto nexo con agencias de seguridad de los Estados Unidos, y advirtió que, en caso de que su petición no sea resuelta, acudirá la figura de la desobediencia civil.

“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12 millones 700 mil votos en la elección del veintiuno de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, declaró Cepeda a medios de comunicación el martes 30 de junio.

Sin embargo, esta figura no es novedosa en Colombia, ya que existen otros casos donde algunos dirigentes políticos del país también anunciaron su llamado al desconocimiento de varias decisiones que se efectuaron en la nación sudamericana.

Laureano Gómez y el Partido Conservador

El primer caso histórico de un llamado de desobediencia civil en Colombia data en la década de 1930, cuando el dirigente conservador Laureano Gómez utilizó esta estrategia para deslegitimar a los gobiernos del Partido Liberal en Colombia, en especial tras la reforma constitucional de 1936, bajo el argumento de que las leyes aprobadas por la mayoría liberal respondían a un solo partido y no a la voluntad general.

La táctica se expresó en la consigna de hacer “invivible” la República Liberal, con promoción de la abstención electoral y del desconocimiento institucional frente a reformas progresistas. En ese marco, Gómez también citó como referencia a Mahatma Gandhi en su libro El Cuadrilátero (1935), donde dijo admirar su modelo de resistencia moral, aunque adaptó esa retórica a una confrontación política interna.

Entre las consecuencias señaladas de esa línea de acción se incluyen el aumento de la polarización, con escalada de la violencia verbal en el Congreso y la prensa, y el agravamiento de tensiones que terminaron por detonar el periodo de “La Violencia” bipartidista.

Jorge Eliecer Gaitán

A su turno, el dirigente liberal Jorge Eliecer Gaitán convirtió la resistencia civil pacífica en una herramienta de presión política masiva a finales de la década de 1940, con la consigna de contener la violencia partidista sin armas y exigir al gobierno garantías para la vida en un país al borde de la guerra civil.

Para 1947, el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez enfrentaba una fuerte resistencia del liberalismo bajo el liderazgo de Gaitán. En las regiones, la policía política conocida como “chulavitas” y civiles armados perseguían con violencia a campesinos liberales.

Gaitán concluyó que una respuesta civil armada empujaría al país hacia una guerra abierta. Por eso trasladó la confrontación al espacio público mediante desobediencia y movilización pacífica, con la idea de exhibir la fuerza popular sin abrir paso a un levantamiento armado.

Esa estrategia llegó a su punto más alto el 7 de febrero de 1948 con la convocatoria de la Marcha del Silencio recordada como uno de los actos de disciplina colectiva y resistencia civil más acabados de la historia de Colombia.

La consigna fue estricta: nadie debía pronunciar una palabra, aplaudir ni gritar consignas, y solo podían verse banderas negras como señal de luto por las víctimas de la violencia. Al final de la jornada, Gaitán rompió el silencio con la llamada “Oración por la Paz”, dirigida al presidente Ospina Pérez.

Otra manifestación pacífica fue la “Oración por los Humildes”, una concentración que utilizó antorchas y luces en la noche bogotana para hacer visible el descontento de las clases trabajadoras sin provocar choques con la fuerza pública.

A esa línea se sumaron las huelgas de brazos caídos promovidas por sindicatos afines al movimiento. La protesta alcanzó sectores clave como el transporte y los puertos, donde la detención de actividades funcionó como rechazo pacífico a los alcaldes locales nombrados por el régimen conservador.

La apuesta por la desobediencia civil terminó de forma abrupta dos meses después de la gran marcha. El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 desencadenó el Bogotazo, una insurrección violenta que destruyó el centro de Bogotá.

Álvaro Uribe y el Acuerdo de Paz

Tras el periodo denominado como “La Violencia”, el surgimiento del Frente Nacional, la resistencia civil a las elecciones presidenciales de 1970 y la llegada del Narcotráfico, el siguiente llamado a la desobediencia civil ocurrió en 2016.

El anuncio fue liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como eje de oposición contra las negociaciones de paz entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc.

En su momento, el exmandatario definió como una resistencia pacífica, pública, argumentada y sometida a la Constitución y la ley, según sus declaraciones a los medios de comunicación.

La argumentación del uribismo se apoyó en tres frentes. El primero fue la denuncia de una supuesta “impunidad total”, con la tesis de que los acuerdos permitían elegibilidad política y penas alternativas sin cárcel para jefes de las Farc responsables de delitos de lesa humanidad.

El segundo frente fue la acusación de un “golpe de Estado a la democracia”. El Centro Democrático sostenía que el gobierno de Juan Manuel Santos pretendía blindar jurídicamente lo pactado por mecanismos exprés y elevar el acuerdo de La Habana al bloque de constitucionalidad.

El tercer argumento apuntó a la relación entre el Ejecutivo y la oposición. Uribe afirmó que no existían canales reales de interlocución y que el Gobierno avanzaba de espaldas a los reclamos de una parte sustancial del país.

En los hechos, la estrategia se tradujo en una movilización de alcance nacional. Se instalaron mesas en plazas públicas de todo el país para recoger firmas contra los acuerdos, en una operación que reunió millones de apoyos impresos.

La campaña también se expresó en marchas y plantones pacíficos en las principales capitales. Esas acciones buscaron visibilizar el descontento y darle volumen callejero a una oposición que hasta entonces se articulaba sobre todo desde el discurso parlamentario y mediático.

Esa estrategia funcionó como plataforma política para la victoria del No en el plebiscito y dejó instalada una fractura que todavía atraviesa la discusión electoral en Colombia.

Gustavo Petro

Por último, se contempla las dos convocatorias realizada por el entonces senador de la república Gustavo Petro.

La primera fue realizada en 2018, tras haber perdido las elecciones presidenciales con Iván Duque, y asumir su curul en Senado, otorgada por el Estatuto de Oposición.

Allí, advirtió que la resistencia no se libraría solo en el Capitolio. Su objetivo era defender la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016 y frenar las reformas tributarias y laborales del nuevo gobierno.

Esa línea de acción se tradujo en convocatorias constantes a movilizaciones urbanas y paros. El entonces líder de Colombia Humana se convirtió en una de las principales voces del malestar estudiantil y sindical, en un proceso que abonó el terreno para las manifestaciones masivas del Paro Nacional de noviembre de 2019.

Posteriormente, en julio de 2020, en el momento más crítico de la pandemia de Covid-19, Petro formalizó un nuevo llamado a la desobediencia civil. El detonante fue la revelación de la “Ñeñepolítica”, un escándalo de presunta compra de votos a favor de la campaña presidencial de Duque en 2018, financiada presuntamente por el ganadero vinculado al narcotráfico José “Ñeñe” Hernández.

A partir de ese caso, Petro sostuvo que Duque era un mandatario ilegítimo, y dividió su propuesta en tres acciones concretas como el no pago de servicios públicos, el retorno de los menores a las instituciones educativas durante la pandemia y la paralización de las compras para, en sus palabras, asfixiar las finanzas de grandes corporaciones afines al Gobierno Duque.

Ese planteo desató rechazo de gremios económicos y políticos, al calificarlo como “irresponsable” y presentado como un intento de “patear la mesa de las instituciones” en medio de la crisis sanitaria.

Los llamados de Petro a la resistencia en las calles y a la desobediencia civil también tuvieron una consecuencia judicial.

Un ciudadano presentó una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar su pérdida de investidura como senador, pero el proceso falló a favor del dirigente de Colombia Humana, al señalar que estaban amparados por el derecho a la libre expresión y por la deliberación política propia de la oposición en una democracia.