Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), facción disidente de la Segunda Marquetalia, se pronunció sobre la posibilidad de que el proceso de negociación continúe en curso, teniendo en cuenta la llegada de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.
El funcionario, en diálogo con Caracol Radio, anunció que se buscará un espacio con delegados del gobierno electo para exponer los avances del diálogo con las disidencias, al mando de José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, y evitar la suspensión del mismo.
Entre los temas que se podrían desarrollar en el posible encuentro se contemplan las garantías de reincorporación de 100 exintegrantes del grupo que entregaron las armas.
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“Pediríamos que ser nos permitiera contar en detalle al gobierno entrante sobre nuestros avances porque ya hay unas personas que dejaron las armas, que están en tránsito a la vida civil y a nuestro juicio, con todo el respeto hacia el gobierno entrante, creemos que ese esfuerzo no puede quedar a mitad de camino”, indicó el negociador al citado medio de comunicación.
La petición llega en un momento en el que el mismo presidente electo, en su primer discurso oficial, había fijado un plazo de 30 días para que las organizaciones armadas puedan someterse a la justicia, o de lo contrario, deberán afrontar las capacidades de las Fuerzas Militares.
“A esas personas que intimidan al pueblo mediante el caos y la violencia. A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje. Disponen de un mes para entrar en razón y organizar. Disponen de un mes para organizar su sometimiento al estado de derecho (...) en mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, indicó De la Espriella.
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Ante ello, Novoa instó al nuevo gobierno a que, dentro de las salvedades se encuentre la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), al considerar que el grupo guerrillero “ha manifestado su voluntad de paz”.
Por último, el jefe negociador indicó que estiman alcanzar la dejación de armas de otros 100 integrantes de la CNEB, de los Comandos de Frontera en el departamento de Putumayo, antes de que finalice el gobierno de Gustavo Petro.
Clan del Golfo también pide ‘pista’ con Abelardo de la Espriella
De otro lado, el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), envió una carta al presidente electo Abelardo de la Espriella para proponer conversaciones con miras a un eventual sometimiento a la justicia.
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En la misiva dirigida al mandatario electo, la organización armada exige al nuevo Ejecutivo varios aspectos como garantías para sus integrantes, seguridad jurídica, protección para las comunidades donde tiene presencia y medidas para evitar que otros grupos armados ocupen esos territorios.
“La cuestión no radica en si nos acogemos a la justicia -conscientes estamos de que esto será inevitable en algún momento-, sino en las condiciones bajo las cuales lo haremos”, precisó el grupo ilegal.
El documento también afirma que el marco jurídico actual sería insuficiente para tramitar el sometimiento de una estructura de sus dimensiones. Por eso pidió una ley que contemple verdad, reparación, garantías de no repetición y plazos definidos.
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“Debería existir una ley que garantice -en un plazo razonable e improrrogable- seguridad jurídica, verdad plena, reparación efectiva y garantías de no repetición; no un proceso eterno que ha sostenido una burocracia absurda pero ha producido escasa restauración del daño”, explicaron.
Como referencia, el grupo menciona el proceso de Justicia y Paz, aplicado durante el gobierno de Álvaro Uribe a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En su lectura, dos décadas después del inicio de ese modelo, muchos exintegrantes todavía enfrentan procesos judiciales y restricciones para ejercer algunos derechos.
La carta añade que el Clan del Golfo está dispuesto a reunirse con el nuevo Alto Comisionado para la Paz, con funcionarios designados por la próxima administración, con países mediadores y con organismos internacionales que puedan acompañar el proceso.
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La misiva fue firmada por Jhobanis Ávila Villadiego, conocido como alias Chiquito Malo, máximo líder del grupo armado, al igual que Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, vocero político del EGC.