En sus redes, expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez confirmó el jueves 18 de junio de 2026 que la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema lo citó a indagatoria por dos expedientes que concentran señalamientos sobre la expansión paramilitar en Antioquia: las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del abogado Jesús María Valle y el caso de la Hacienda Guacharacas, para determinar si abre investigación en su contra.
“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas”, escribió Uribe en su cuenta de X, en relación con los sucesos en los que actuaron las autodefensas. Una decisión que se conoce 14 días después de la condena contra su hermano Santiago Uribe, al ser hallado culpable de homicidio agravado y concierto para delinquir.
La decisión judicial reúne hechos ocurridos entre 1996 y 1998, cuando Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, y una investigación sobre el origen del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia en una finca que fue propiedad de su familia en San Roque: Las Guacharacas, que habría sido epicentro de la creación de esta estructura paramilitar, responsable de múltiples actos criminales en el departamento.
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En su declaración, el ex jefe de Estado asoció la citación ante el órgano de investigación judicial a la contienda electoral que se aproxima en el país, pues se hizo público a solo tres días de la segunda vuelta presidencial: entre el oficialista Iván Cepeda Castro, considerado su más fuerte contradictor, y el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella. “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, expresó el expresidente.
Por su parte, en un segundo mensaje en la red social X, intentó relacionar este llamado a indagatoria con el paso de Pilar Rueda, esposa del senador Cepeda, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al vincular a la mujer con la fiscal que lo cita para este requerimiento. De esta manera calificó como una “injusticia” y “clara persecución política” esta decisión, que buscaría en su concepto ponerlo tras las rejas.
“La señora fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política. Así y todo estaré en Los Cuchos a las 8:00 p. m. sobre la vida y el programa de Cepeda”, expresó el expresidente, al mencionar la aparición virtual previamente programada.
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Las masacres en Antioquia por las que tendrá que rendir indagatoria Álvaro Uribe
En el expediente sobre Ituango, la justicia investiga hechos cometidos en dos corregimientos de esa zona del norte antioqueño. En junio de 1996, paramilitares asesinaron a cuatro campesinos en La Granja y, meses después, en octubre de 1997, el Bloque Mineros de las AUC perpetró la masacre de El Aro; allí torturaron y asesinaron a más de 15 comuneros, destruyeron el pueblo y causaron un desplazamiento masivo en la zona.
La indagación en contra del expresidente Uribe busca establecer si la Gobernación de Antioquia, de la que era titular en ese entonces, o la fuerza pública, facilitaron esos hechos o dejaron de proteger de forma deliberada el territorio. Este es el tema central del caso que vuelve a apuntar contra el exmandatario, que en su defensa ha negado tener vínculos con estructuras al margen de la ley y con estos hechos en particular.
En ese mismo caso aparece el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, que antes de ser ultimado, el 27 de febrero de 1998 en Medellín, había denunciado de forma pública la connivencia entre militares, paramilitares y la Gobernación de Antioquia en esas masacres. Este crimen, según testimonios, ocurrió en su oficina a manos de un comando paramilitar.
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La Hacienda Guacharacas y el origen del Bloque Metro
Por su parte, el segundo expediente gira alrededor de la Hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio de San Roque, en el nordeste del departamento. Esa propiedad perteneció a la familia Uribe Vélez y aparece en testimonios sobre la conformación inicial del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia: siendo sede del primer asentamiento de esta organización ilegal, con la presencia de ganaderos y vecinos de la zona.
De acuerdo con la descripción del proceso, exparamilitares y trabajadores han señalado que la finca funcionó como base de operaciones y cuartel de entrenamiento para esa estructura. En ese orden de ideas, la justicia evaluará si el exmandatario y su hermano Santiago Uribe promovieron, financiaron o facilitaron de manera activa la creación del grupo armado ilegal con el uso de esos predios familiares.
Es oportuno resaltar que en sus mensajes, Uribe Vélez no entregó detalles de cómo se llevaría a cabo la diligencia judicial, ni la fecha de comparecencia ante el ente acusador. Solo se limitó a informar que la notificación había sido entregada a través de sus abogados, entre los que se destaca el penalista Jaime Granados, que hasta el momento no ha emitido pronunciamiento alguno sobre esta indagatoria.
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