La Universidad de Cartagena se encuentra en el centro de la polémica, luego de que se iniciara una investigación disciplinaria, en la que la Procuraduría General de la Nación formulará un pliego de cargos contra un integrante de su cuerpo docente.
El caso se centra en la Facultad de Odontología, donde una estudiante reportó comportamientos inapropiados por parte de Antonio José Díaz Caballero, lo que derivó en una intervención de los órganos de control.
La denuncia presentada por la joven menciona “haber recibido mensajes inapropiados del profesor de la Facultad de Odontología y que, según su declaración, le generaron incomodidad en su entorno académico”.
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El Ministerio Público informó que la situación fue evaluada por la Procuraduría Regional de Bolívar, que determinó la posible vulneración de normas esenciales del Código General Disciplinario.
La Procuraduría informó que, luego de una revisión preliminar, identificó que el comportamiento atribuido al profesor podría representar el incumplimiento de su deber de mantener un trato respetuoso y adecuado con quienes interactúan en el marco de sus funciones. Este hallazgo motivó la apertura formal del proceso disciplinario que incluye la evaluación de conductas que la Procuraduría Regional de Bolívar considera potencialmente graves. "El docente habría vulnerado normas del Código General Disciplinario que obliga a todo servidor público a tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con quienes tenga relación por razón del servicio“, señaló el organismo de control.
La apertura del pliego de cargos implica que el organismo considera que existen elementos suficientes para investigar la posible falta y dar al docente la oportunidad de ejercer su defensa. Hasta el momento, el profesor señalado no ha emitido pronunciamiento público sobre las acusaciones en su contra.
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La Universidad de Cartagena no ha ofrecido comentarios oficiales respecto al avance del caso, mientras la comunidad académica se mantiene a la expectativa de las determinaciones que puedan surgir a partir de la investigación disciplinaria.
Profesor de Ética y Valores fue acusado de abusar de una niña de 9 años: lo detuvieron cuando ejercía como jurado de votación
La captura de un docente acusado de abuso sexual ha causado conmoción en la ciudad de Cali. Las autoridades informaron que el hombre fue arrestado el 31 de mayo en una institución educativa, mientras se desempeñaba como jurado de votación asignado por la Registraduría Nacional para las elecciones presidenciales.
El proceso judicial contra el acusado se inició a partir de denuncias sobre hechos ocurridos en septiembre de 2025 dentro de un salón de clases. De acuerdo con la investigación, el profesor se habría valido de su posición de autoridad para acercarse a la víctima, una niña de nueve años, y cometer actos de acoso y tocamientos indebidos durante sus labores como educador.
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El detenido llevaba seis años trabajando como profesor de Ética y Valores en una escuela de la capital del Valle del Cauca. Según los reportes, su rol docente facilitó el contacto directo con los estudiantes, circunstancia que, según la investigación, utilizó para perpetrar los abusos denunciados.
La revisión de antecedentes judiciales, realizada tras la captura, reveló que el individuo tenía dos anotaciones previas relacionadas con delitos sexuales. Esta información fue obtenida al consultar las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación.
El brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, detalló: “Nuestros funcionarios lograron establecer la presunta responsabilidad de esta persona quien, aprovechándose de su rol como docente del área de Ética y Valores, realizaba actos abusivos contra esta menor de edad”.
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La investigación requirió un trabajo de cinco meses para recolectar pruebas y testimonios que permitieran sustentar la acusación. Los hechos ocurrieron dentro del ámbito escolar y se centraron en la relación de confianza entre docente y estudiantes.
La Policía Metropolitana de Cali explicó que tras la detención, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en la legalización de la captura y la imputación de cargos. El proceso incluye la definición de su situación jurídica en las próximas etapas.