La Defensoría del Pueblo publicó el tercer informe de seguimiento al Compromiso por unas elecciones libres y en paz en Colombia, documento que refleja un panorama preocupante para la democracia en la recta final de la campaña presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
El informe, presentado el 14 de junio de 2026, identifica un ambiente electoral dominado por la confrontación, la desinformación y la estigmatización, factores que, según la entidad, deterioran la calidad del debate público y ponen en riesgo la legitimidad institucional del proceso electoral.
Entre los hallazgos principales, la Defensoría advierte que el nivel general de cumplimiento o alineación con los puntos del Compromiso por un proceso electoral libre y en paz fue de apenas 23,3%, lo que la entidad califica como crítico.
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El informe revela que la candidatura que suscribió formalmente el compromiso alcanzó un 50% de cumplimiento, mientras que la candidatura que no lo hizo solo logró un 8,6%. La distancia de más de 42 puntos porcentuales evidencia, según el documento, una profunda diferencia en la adhesión a los principios democráticos básicos.
El informe señala que, durante el periodo analizado entre el 31 de mayo y el 7 de junio, se registraron 1.369 datos provenientes de discursos, publicaciones en redes sociales y noticias de medios nacionales y regionales. Tras un proceso de depuración y análisis, se consolidaron 45 hechos relevantes para la evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos por las candidaturas presidenciales.
Uno de los puntos más críticos identificados corresponden a la persistencia de discursos estigmatizantes y descalificadores. El nivel de avance en el punto relacionado con el lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización fue de apenas 16,7%. El candidato que suscribió el compromiso alcanzó un 40% de cumplimiento en este aspecto, mientras que el que no lo hizo registró un 0%. La Defensoría subraya que el contexto de la campaña se caracteriza por la proliferación de narrativas que convierten al adversario político en un enemigo, profundizando la polarización y dificultando el diálogo democrático.
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Otro aspecto de especial gravedad es la difusión de información falsa o engañosa. El punto sobre la garantía de información veraz alcanzó un nivel de cumplimiento del 0%, lo que pone de manifiesto la persistencia de contenidos no verificados y la circulación de noticias inexactas o manipuladas por parte de ambas campañas. Según la Defensoría, estas prácticas afectan el derecho de la ciudadanía a participar en un debate informado y socavan la confianza en el proceso electoral.
En contraste, el único punto que registró un nivel alto de cumplimiento fue el relacionado con el diálogo como compromiso democrático, que alcanzó un 78,6%. No obstante, la entidad advierte que estas invitaciones públicas a debatir no siempre se han traducido en espacios efectivos de deliberación respetuosa, y en algunos casos han estado acompañadas de expresiones desafiantes o estigmatizantes.
El informe concluye que “la democracia exige reconocer al contradictor político como un actor legítimo y tramitar las diferencias mediante el diálogo, el respeto y las reglas institucionales”. La Defensoría del Pueblo recalca que “ninguna aspiración puede construirse sobre la deshumanización de la otra persona, la normalización de la violencia verbal o la desinformación”. Además, recuerda que la campaña concluirá el domingo 21 de junio, pero el país seguirá necesitando caminos de encuentro para enfrentar los problemas reales de millones de personas.
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La entidad hace un llamado urgente a las candidaturas presidenciales a actuar con responsabilidad democrática, a proteger la vida y a respetar los resultados electorales. También insiste en que las diferencias deben tramitarse mediante el diálogo y las instituciones, y que el respeto por los resultados y las reglas democráticas es indispensable para preservar la confianza ciudadana y garantizar una transición pacífica.
Como recomendación final, la Defensoría subraya que quien resulte elegido presidente tendrá la responsabilidad reforzada de trascender la lógica de la campaña y de actuar como jefe de Estado para toda la ciudadanía, garantizando condiciones de equidad y derechos para todos los sectores. “Tendrá el deber de promover canales de diálogo, escucha y trabajo conjunto con quienes no respaldaron su candidatura, así como dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar condiciones de equidad y plena garantía de derechos para toda la ciudadanía”, detalló la defensoría.
Ante los preocupantes resultados del informe, la defensora del pueblo Iris Marín se pronunció: “El informe sobre el comportamiento de las campañas en esta fase final del proceso electoral es preocupante. Aunque el comportamiento no es igual de alarmante en ambas candidaturas, ambas tienen retos enormes. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella: ¿qué tal un debate de ideas, respetuoso y decente? El país que quieren gobernar se lo merece“.
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