La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó la terminación del proceso disciplinario que se adelantaba contra el abogado y actual candidato presidencial Abelardo de la Espriella, por la prescripción de los hechos investigados en un expediente que se originó a partir de una queja presentada por el creador de la pirámide DMG, David Murcia Guzmán.
La decisión implica el cierre del caso por vencimiento de términos —es el límite de tiempo que tiene el Estado para investigar y sancionar a una persona; si ese plazo se vence sin que se dicte una sentencia, el cronómetro judicial se detiene y el caso se archiva definitivamente—, lo que indica que no hubo un fallo ni a favor ni en contra de De la Espriella.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso la revista Semana por fuentes del proceso, el magistrado Martín Leonardo Suárez, que lideraba una audiencia disciplinaria en su despacho, determinó que los hechos objeto de investigación habían prescrito.
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En ese sentido, el togado dejó además una constancia en la que señaló que no existiría evidencia clara y suficiente que sustentara las acusaciones formuladas contra el abogado De la Espriella, que en su momento representó intereses jurídicos de Murcia Guzmán.
La determinación del magistrado Suárez fue posteriormente respaldada por la Sala correspondiente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en Bogotá, que habría ordenado la terminación del proceso disciplinario en aplicación de la figura de la prescripción.
Las denuncias de David Murcia Guzmán reactivaron el expediente contra Abelardo de la Espriella
El vínculo entre Abelardo de la Espriella y el empresario condenado David Murcia Guzmán se remonta al colapso de la captadora ilegal DMG en 2008, uno de los mayores escándalos financieros del país.
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Tras la caída del esquema y el inicio de la persecución judicial, Murcia contrató a De la Espriella como su abogado defensor en el proceso por captación masiva de dinero y lavado de activos, aunque la relación profesional fue breve y terminó en medio del desarrollo del caso, que posteriormente derivó en la captura y condena del empresario.
Años después, el caso fue reactivado cuando David Murcia, desde prisión, retomó señalamientos contra su antiguo defensor a través de su abogada Sondra Macollins, excandidata presidencial de 2026.
En su queja disciplinaria, el exlíder de DMG afirmó que entregó cerca de 5.000 millones de pesos en honorarios anticipados para su defensa, alegando que el abogado habría abandonado el caso sin cumplir los supuestos acuerdos.
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También sostuvo que hubo irregularidades en el manejo de su proceso de entrega a las autoridades y que se habrían vulnerado deberes éticos, incluyendo el secreto profesional y la obligación de defensa.
No obstante, la defensa de Abelardo de la Espriella rechazó estas acusaciones, al asegurar que no existen pruebas que respalden las versiones de David Murcia Guzmán y que el caso fue en el pasado revisado por las autoridades judiciales sin hallazgos en su contra.
Además, insistió en que cualquier actuación disciplinaria relacionada con hechos ocurridos en 2008 estaba afectada por el paso del tiempo, lo que impedía su juzgamiento actual.
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Con toda la controversia, el proceso disciplinario que se reabrió a partir de estas denuncias terminó derivando en una investigación formal contra el abogado dentro de la jurisdicción disciplinaria, la cual avanzó durante años entre recursos, discusiones probatorias y solicitudes de cierre por parte de la defensa.
Dicha actuación concluyó en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con la decisión de dar por terminado el expediente, al declararse su prescripción, lo que cerró el caso sin un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad del abogado.
Por el momento, David Murcia cumple una condena de casi 23 años de prisión por captación masiva de dinero y lavado de activos, en la cárcel La Picota, en Bogotá.
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