Luego de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, y dejara en firme la sentencia de más de 28 años de prisión por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, el exmandatario señaló que la decisión obedeció, en parte, al “asesinato de un conductor, Camilo Barrientos”, según escribió el 4 de junio en su cuenta de X.
El fallo concluyó el 3 de junio de 2026 que Santiago Uribe Vélez fue coautor de esos delitos, en concurso con crímenes de lesa humanidad, y frente a esa decisión no procede ningún recurso de apelación.
“Condena a Santiago. Mi familia está muy abatida, yo creo con todo respeto que es muy injusto. Ese grupo de los “12 apóstoles” primero dijeron que tenía un sacerdote que era el jefe, lo absolvieron, se murió. Después tuvieron muchos comerciantes presos, unos de ellos defendidos por el Dr. Jesús María Valle. A todos los absolvieron, ninguno acusó a mi hermano", inicia el expresidente en uno de los mensajes que difundió luego de que su apoderado, el abogado Jaime Granados, le informó de la decisión.
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“Y ahora parece que mi hermano es condenado por el asesinato de un conductor, Camilo Barrientos, cuando en el juicio un exagente de policía responsable de ese asesinato acusó al mayor Meneses de haber conseguido los sicarios y nada tenía que ver eso con mi hermano”, finaliza Uribe en la misma publicación.
Para entender quién era Camilo Barrientos Durán y dimensionar el accionar del grupo armado ilegal conocido como “Los Doce Apóstoles”, la justicia colombiana buscó con esta decisión esclarecer por completo la verdad sobre su origen, su estructura y las responsabilidades individuales, décadas después de los hechos atribuidos a esa organización.
El proceso judicial, que ha implicado la detención de Santiago Uribe Vélez y del exmayor de la Policía Juan Carlos Meneses, generó controversia nacional por las denuncias de presiones, irregularidades y falta de garantías, tanto de los investigados como de las víctimas a lo largo del proceso.
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El crimen de Camilo Barrientos: mencionado en el fallo contra Santiago Uribe
El asesinato de Camilo Barrientos Durán se reportó el 25 de febrero de 1994, mientras conducía un bus entre los municipios de Campamento y Yarumal, es considerado el eje de la investigación.
Barrientos fue obligado a detener su vehículo y, tras descender a la carretera, recibió varios disparos.
Su muerte, de acuerdo a lo que señaló en un informe Verdad Abierta se consideró como la piedra angular para revelar la estrategia de “limpieza social” ejercida en la región entre 1990 y 1996, atribuida a “Los Doce Apóstoles”, a quienes la Fiscalía señala como responsables de al menos 163 asesinatos.
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La indagación judicial cobró notoriedad tras la detención en 2016 de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y en ese entonces senador.
Testimonios recogidos por la Fiscalía, entre ellos el del exmayor Juan Carlos Meneses, apuntaron a Santiago Uribe como presunto creador del grupo paramilitar.
Tanto Meneses como el agente de Policía Alexander Amaya Vargas y el ganadero Uribe Vélez fueron vinculados penalmente a estos hechos.
El proceso estuvo marcado por denuncias de presiones e irregularidades. Meneses, quien se encuentra privado de la libertad, ha declarado que su participación en el asesinato de Barrientos se dio bajo amenaza de muerte y señaló en su momento que las intimidaciones buscaban desvirtuar sus acusaciones contra Santiago Uribe.
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De acuerdo con su testimonio, la creación del grupo respondió a una dinámica de colaboración entre comerciantes, autoridades y fuerza pública para enfrentar la inseguridad provocada por la guerrilla, pero derivó en ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad, destacó el informe del mismo portal.
A lo largo de los años, las investigaciones destacaron el papel del entonces comandante de Policía de Yarumal, Pedro Benavides, quien, según relatos de dirigentes sociales, convocó a los comerciantes locales a conformar una junta de seguridad.
Con el tiempo, esa asociación ciudadana degeneró en el grupo armado ilegal que sería conocido como “Los Doce Apóstoles”.
Según testimonios recopilados por parte del mismo medio, en la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez, se habrían realizado entrenamientos y encuentros entre integrantes del grupo y personas con formación militar.
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El caso también salpicó hasta figuras religiosas y empresarios. Uno de ellos fue el sacerdote Gonzalo Palacio, señalado como colaborador del grupo, aunque nunca fue llevado a juicio.
Asimismo, varios comerciantes fueron vinculados en procesos judiciales relacionados con asesinatos atribuidos a los “Doce Apóstoles”, pero la mayoría de estos expedientes fueron archivados por falta de pruebas.
La resolución de la Fiscalía 16 de Derechos Humanos contra Meneses y Amaya Vargas consideró demostrado que ambos actuaron con agresividad y desprecio por la vida, y que la muerte de Barrientos obedeció a un conflicto personal con la Policía. Sin embargo, Meneses insiste en que las pruebas en su contra han sido manipuladas y que su relación con el grupo fue forzada bajo amenaza.
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A pesar de sanciones administrativas impuestas en el pasado contra oficiales de la Policía por colaboración con grupos armados ilegales, muchas de estas decisiones fueron revocadas o no derivaron en investigaciones penales.
Los detalles tras el fallo judicial que condenó a Santiago Uribe: el crimen de Camilo Barrientos
La Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, ratificó así el fallo que había dictado el Tribunal Superior de Antioquia el 25 de noviembre de 2025.
En esa providencia, la justicia revocó la absolución de primera instancia emitida el 13 de noviembre de 2024 y condenó al procesado.
El alto tribunal concluyó que Santiago Uribe Vélez conformó y dirigió el grupo paramilitar “Los doce apóstoles” desde la hacienda La Carolina, en el sector de los Llanos de Cuivá, en Yarumal, Antioquia, y que en esa condición tuvo dominio del hecho sobre el homicidio de Camilo Barrientos Durán.
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De acuerdo con el fallo, “Los doce apóstoles” perpetró crímenes entre 1990 y 1994 bajo una lógica de “limpieza social”.
La Corte indicó que el grupo ejecutó un plan para “exterminar de forma sistemática” a personas consideradas “indeseables”, entre ellas vendedores y consumidores de estupefacientes, ladrones y ciudadanos señalados de ayudar a grupos subversivos en Antioquia.
En el caso de Barrientos Durán, y según la sentencia, el grupo lo acusó de ser “auxiliador de la guerrilla”.
El alto tribunal añadió en su resolución que esa estructura armada “contó con el apoyo, por acción u omisión de agentes del Estado, principalmente de la Policía, y con particulares”.
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También se sostuvo que varios de los crímenes fueron ejecutados a partir de una lista de personas, y precisó que la ausencia de copia de ese documento en el expediente no desvirtúa su existencia.