En una operación militar y judicial desarrollada en el departamento del Chocó, las autoridades colombianas detuvieron a alias Chalía, señalado como uno de los principales jefes armados del Clan del Golfo y presunto responsable de una serie de homicidios y amenazas contra líderes sociales e indígenas en la región.
La captura de este individuo, por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones, constituye un golpe directo a la estructura criminal y financiera del grupo armado en Urabá y el Darién chocoano. Según información oficial, su actividad delictiva se extendió durante más de una década en zonas clave del noroccidente colombiano.
El operativo que permitió la captura
La fuerza pública, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegó la operación denominada Themis 2.0 en la vereda La Borojera, zona rural de Nuevo Belén de Bajirá. De acuerdo con reportes de inteligencia, en el procedimiento participaron el Cuerpo Élite de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Urabá, el Gaula Militar Urabá de la Décima Séptima Brigada y la Séptima División del Ejército Nacional.
PUBLICIDAD
El operativo incluyó labores de registro y allanamiento tras las cuales las tropas interceptaron y judicializaron a alias Chalía, que figuraba en el cartel de los más buscados de 2025. En el procedimiento se incautó una pistola calibre 9 mm, un revólver calibre 38 mm y munición para ambas armas.
“Este sujeto se consolidó como una pieza fundamental dentro de la estructura criminal, ascendiendo desde integrante armado hasta convertirse en cabecilla de comisión armada”, puntualizó un reporte oficial.
Trayectoria criminal y áreas de influencia
De acuerdo con la Policía Nacional, alias Chalía acumulaba aproximadamente 11 años de trayectoria dentro del Clan del Golfo, ascendiendo desde integrante armado hasta consolidarse como cabecilla de comisión. Las investigaciones lo vinculan con la subestructura Carlos Vásquez, desde donde extendió su influencia delictiva sobre los municipios de Riosucio y Belén de Bajirá en Chocó, y Mutatá en Antioquia.
PUBLICIDAD
Los informes oficiales sostienen que el implicado ejercía control criminal mediante homicidios selectivos, extorsiones, intimidaciones a la población civil y reclutamiento forzado de menores de edad.
Entre los hechos que se le atribuyen figuran el asesinato de un líder indígena de la comunidad de Alto Guayabal, un líder comunal y un líder comunitario, así como amenazas directas contra un líder social en la comunidad de Urada. Estos crímenes, cometidos entre 2018 y 2021, permanecían bajo investigación penal.
Discrepancias en los requerimientos judiciales
Las autoridades señalaron que existen diferencias entre los reportes institucionales sobre los requerimientos judiciales que pesaban sobre el capturado.
El boletín de la Policía Nacional detalló que alias Chalía’ era requerido por cuatro órdenes judiciales por homicidio y una por amenazas, mientras que el informe de la Séptima División del Ejército Nacional refería dos órdenes de captura vigentes por homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
PUBLICIDAD
Ambos reportes coinciden en que el detenido coordinaba corredores estratégicos para el tráfico de estupefacientes, además de estar involucrado en la producción y comercialización de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína. Estos delitos constituyen una de las principales fuentes de financiación de la organización criminal en la región.
Impacto en la seguridad regional y acciones contra defensores de derechos humanos
La captura de alias Chalía representa para las autoridades un avance en el debilitamiento del Clan del Golfo en el noroccidente colombiano. El capturado habría dirigido acciones violentas en contra de defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familias.
Las Fuerzas Militares lo identifican como un actor clave en la arquitectura financiera y operativa de la subestructura Carlos Vásquez, con responsabilidad sobre corredores de narcotráfico transnacional.
PUBLICIDAD
Las operaciones militares en la región forman parte de la ofensiva institucional definida por el Ministerio de Defensa bajo el esquema del Plan Ayacucho Plus, que busca restablecer las condiciones de seguridad y orden público en los territorios afectados por la presencia de estructuras armadas ilegales.
Desde la Séptima División del Ejército Nacional confirmaron que las operaciones en el noroccidente del país continuarán. El objetivo institucional se dirige a debilitar los reductos del Clan del Golfo, proteger la integridad de las comunidades rurales y frenar el avance de las economías ilícitas asociadas al narcotráfico y la violencia armada en las zonas de frontera entre Chocó y Antioquia.