En la jornada del 28 de mayo de 2026, la Fiscalía General emitió un comunicado en el que confirmó la judicialización de una pareja que fue capturada en flagrancia por el Gaula Militar Casanare en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación tras retener a un ciudadano.
De acuerdo con el reporte oficial, los criminales actuaron en contra de un comerciante que se desplazó hasta el hotel Castillo Real de Yopal, con el fin de concretar una venta con unos falsos clientes. Sin embargo, allí se encontró con la pareja que lo despojó de una gran cantidad de dinero.
“Los hechos investigados se iniciaron el día 10 de mayo de este año (2026), cuando la víctima, un vendedor de material didáctico, fue contactada por una red social para que viajara desde el Putumayo hasta Yopal (Casanare), a mostrar los productos que ofertaba”, indica el reporte oficial del ente judicial.
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Aunque el ataque se perpetró el 25 de mayo, cuando el comerciante llegó al hotel y, en ese momento, “fue notificado de su secuestro y coaccionado para que entregara la suma de $11 millones a cambio de su liberación y de no ser asesinado”.
Pese a la acción de los criminales, el ciudadano logró reportar el hecho a la Policía y así que se realizó su captura en flagrancia, pues se demostró que los capturados no solo habrían intimidado a la víctima, sino que realizaron llamadas extorsivas exigiendo la millonaria suma a cambio de no atentar contra su integridad física.
Las labores de policía judicial evidenciaron que los imputados también se habrían apropiado de más de $1 millón en efectivo que la víctima tenía en su billetera al momento del secuestro.
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Judicialización de los criminales
La intervención de las unidades del Gaula Militar Casanare permitió el rescate oportuno de la víctima y la captura inmediata de los presuntos responsables del secuestro extorsivo. El operativo, desarrollado en coordinación con la Fiscalía, evitó que se concretaran las amenazas contra la integridad del ciudadano retenido.
Después de que la Fiscalía General de la Nación presentara el material probatorio en las audiencias, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Pedro Antonio Orozco, mientras que Johana Katerine Cortés Murillo fue cobijada con una medida domiciliaria.
Además, se indicó que un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado, cargos que no fueron aceptados por los procesados.
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Penas por el delito de secuestro extorsivo en Colombia
El secuestro extorsivo es considerado uno de los delitos con mayor severidad en el sistema judicial colombiano. De acuerdo con el Artículo 169 del Código Penal, las penas por este delito oscilan entre 26 años y 6 meses y 41 años y 6 meses de prisión (equivalente a 320 y 500 meses), además de multas que pueden variar entre 5.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La legislación colombiana establece que la pena puede aumentar hasta 60 años de cárcel en casos con agravantes, como cuando la víctima es un menor de edad, una mujer embarazada, una persona mayor de 65 años o alguien enfermo.
También se consideran agravantes si el delito es cometido por un servidor público, un miembro de la fuerza pública, si se utiliza crueldad, tortura o violencia física o psicológica, o si la víctima es retenida por más de quince días.
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Las autoridades reiteran la importancia de la denuncia oportuna y la colaboración ciudadana para prevenir y combatir este tipo de delitos que han afectado a los habitantes del territorio nacional. Por ahora, continúan las investigaciones para determinar si los capturados están vinculados a otros hechos similares en la región.