La senadora Isabel Zuleta anunció el miércoles 27 de mayo de 2026 la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una comunicación formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta promoción y organización de estructuras civiles destinadas a “contener” movilizaciones sociales durante el proceso electoral de las elecciones presidenciales de 2026.
A través de una publicación en X, la congresista afirmó: “Colombia ya conoce las consecuencias del paramilitarismo y la violencia política. La Constitución prohíbe la creación y promoción de grupos civiles armados, y no vamos a permitir que el miedo vuelva a convertirse en herramienta electoral”. La declaración fue difundida junto al comunicado oficial emitido desde su oficina en el Senado de la República.
Según el documento divulgado por la congresista, la denuncia penal fue presentada contra Jorge Enrique Castillo Latorre, mayor retirado del Ejército Nacional, y Fredy Velasco, intendente retirado de la Policía Nacional y presidente de la Agremiación Reserva Activa de Santander. La senadora sostuvo que ambos habrían participado en convocatorias dirigidas a reservistas para organizarse frente a eventuales escenarios de protesta social posteriores a la jornada electoral.
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La senadora también solicitó al CNE evaluar la conducta de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, debido a que, según la denuncia, en los hechos mencionados habría material electoral y referencias a esa aspiración política.
Zuleta señaló que su denuncia incluye presuntos delitos como concierto para delinquir agravado, promoción de grupos armados al margen de la ley, instigación a delinquir, amenazas y perturbación del proceso democrático o electoral, entre otros.
El documento sostiene que los hechos denunciados estarían sustentados en videos, publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas. De acuerdo con la denuncia, en dichos contenidos los señalados convocarían a reservistas a organizarse a nivel nacional para actuar frente a posibles manifestaciones sociales tras las elecciones presidenciales.
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La denuncia radicada ante la Fiscalía fue recibida el 26 de mayo por la Dirección Seccional Bogotá del ente acusador. En el texto presentado, Zuleta manifestó: “Respetuosamente me permito presentar ante usted denuncia por los delitos de concierto para delinquir agravado, promoción de grupos armados al margen de la ley, asonada, instigación a delinquir, perturbación del proceso democrático o electoral, amenazas y demás conductas punibles conexas que resulten acreditadas en el curso de la investigación”.
Convocatorias a reservistas en Bucaramanga
Dentro del apartado de hechos de la denuncia, la congresista indicó que en días previos fue grabado un video en la ciudad de Bucaramanga en el que, según el texto, Jorge Enrique Castillo Latorre se dirigía a un grupo de reservistas de las Fuerzas Militares.
La denuncia sostiene que el oficial retirado habría realizado convocatorias relacionadas con la organización de reservistas en el contexto de las elecciones presidenciales de 2026. El documento menciona además antecedentes de Castillo Latorre como candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Partido Conservador.
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En el comunicado público, la senadora señaló que este tipo de llamados representan una amenaza para la democracia y desconocen “el monopolio legítimo de la fuerza en cabeza del Estado a través de los integrantes activos de la fuerza pública”. Además, afirmó que la Constitución permite la organización ciudadana, pero no la conformación de grupos armados ni estructuras destinadas a “contener protestas sociales o intimidar a la población”.
La congresista declaró en el comunicado: “Colombia ya conoce las consecuencias del paramilitarismo. La Constitución prohíbe expresamente la promoción y organización de grupos civiles armados. No vamos a permitir que el miedo y la violencia vuelvan a utilizarse como herramientas políticas y electorales”.
La denuncia también advierte que los hechos expuestos tendrían relación con actividades de campaña de Abelardo de la Espriella. Según la senadora, en los videos conocidos públicamente habría material electoral y manifestaciones de los asistentes que, en su criterio, vincularían la actividad con esa aspiración presidencial.
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Por esta razón, la congresista pidió a las autoridades preservar de manera urgente las pruebas digitales y adoptar medidas preventivas para evitar posibles actos de intimidación o violencia durante el proceso electoral.
Zuleta sostuvo que la intención de acudir ante la Fiscalía y el CNE es que las autoridades investiguen las presuntas conductas denunciadas y evalúen eventuales responsabilidades relacionadas con la promoción de estructuras civiles para intervenir frente a manifestaciones sociales durante las elecciones presidenciales de 2026.
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