La concejala del Pacto Histórico de Bogotá, Heidy Sánchez, denunció a través de su cuenta oficial en la red social X que la Administración distrital, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, está facilitando la entrega de tierras y suelos públicos a privados, en lugar de destinarlos a proyectos de vivienda popular.
Según la cabildante, dichas decisiones afectan directamente a los sectores más vulnerables de la ciudad, en un contexto donde, según sus cifras, “alrededor de 18 mil hogares no cuentan con vivienda y el suelo bien servido para construir es escaso”.
Sánchez argumentó que, en vez de orientar el suelo público disponible a la solución del déficit habitacional, la Alcaldía estaría priorizando la venta de predios a constructoras privadas:
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“El suelo público disponible, la alcaldía de @CarlosFGalan prefiere entregarlo a constructoras privadas para que hagan negocio, en lugar de utilizarlo para solucionar el déficit habitacional, problemática que golpea con mayor fuerza a los más pobres”. La concejala sostiene que dicho enfoque favorece el lucro empresarial por sobre el derecho a la ciudad y al acceso a vivienda digna.
El caso del Prums de la Primera de Mayo
El foco de la denuncia de Sánchez es el Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (Prums) de la Primera de Mayo, delimitado por la Resolución 407 del 20 de noviembre de 2025. Según la concejala, este instrumento permitió el cambio de uso de 12.594,29 metros cuadrados de propiedad de TransMilenio S.A., originalmente remanentes de obra pública en la estación intermedia de la avenida Primero de Mayo con carrera 10.
Una vez reclasificados como terrenos de renovación urbana, estos predios fueron ofrecidos a través de una convocatoria pública, lanzada por la Alcaldía el 21 de noviembre de 2025, para su adquisición o desarrollo inmobiliario.
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En la convocatoria se presentaron cuatro propuestas, todas de adquisición, provenientes de Constructora Colombia CMF S.A., Constructora Concreto S.A., Grupo Empresarial Oikos OIKOS S.A.S. y Mensula S.A.S.. Finalmente, la propuesta ganadora fue la de Mensula S.A.S., notificada oficialmente el 8 de mayo de 2026. El plan básico del proyecto, valorado en $119 mil millones, contempla 400 unidades de vivienda de interés social (VIS) y 13 unidades comerciales en el primer piso, con una construcción total proyectada de 22.522 metros cuadrados.
Críticas a la orientación social del proyecto
Sánchez advirtió que, pese a la inclusión de VIS, el proyecto no contempla Viviendas de Interés Prioritario (VIP), por lo que los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) quedarían excluidos. La cabildante señala que el precio de una VIS en renovación urbana podría alcanzar los 175 SMMLV, una cifra inalcanzable para las familias más pobres.
“Ya es seguro que a este proyecto ubicado en el centro de Bogotá y sobre la tierra mejor servida en transporte, no tendrán acceso los más pobres: hogares con ingresos de hasta 1 smmlv”, subrayó Sánchez, quien también cuestionó la eficacia de los programas de subsidios municipales.
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De acuerdo con la denuncia, la venta de la tierra a Mensula S.A.S. reportará a TransMilenio S.A. ingresos cercanos a $20.000 millones, recursos que se destinarán al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para la “sostenibilidad del sistema”, es decir, para financiar la operación de Transmilenio y el Sitp.
Sánchez comparó el monto con la posibilidad de ofrecer 5,6 millones de pasajes gratuitos y criticó que, pese al incremento del 10,9% en el costo del pasaje (ahora en $3.550) y la asignación de $3,2 billones al FET en el presupuesto 2026, el distrito siga privilegiando la rentabilidad privada.
Según la concejala, la política de la administración permite que terrenos estratégicos inicialmente adquiridos para el sistema de transporte colectivo sean destinados a proyectos de renovación urbana, facilitando su desarrollo por parte de constructoras privadas. En este esquema, TransMilenio recibe una retribución pero el mayor beneficio, insiste Sánchez, recae en las empresas privadas de construcción y transporte.
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Impacto en el acceso a la vivienda y el destino del suelo público
Sánchez sostuvo que el Prums de la Primera de Mayo es un caso emblemático de cómo la política urbana puede favorecer intereses empresariales por encima del derecho a la vivienda popular. Según sus cifras, TransMilenio calculó un potencial de 25.000 metros cuadrados construibles en los predios involucrados, lo que permitiría desarrollar al menos 470 apartamentos de 40 metros cuadrados. Para la cabildante, el negocio podría representar unos $100.000 millones para la constructora, mientras que el avalúo catastral de la tierra es de apenas $5.673 millones.
La concejala también alertó que, aunque parte del proyecto se destine a VIS, los más pobres siguen sin ser beneficiarios prioritarios. Reiteró que la orientación del Distrito no ha cambiado, pues el acceso real a vivienda digna permanece fuera del alcance de los hogares con menores ingresos.
Sánchez concluyó su denuncia insistiendo en que el patrimonio público debe emplearse para solucionar el problema habitacional y no para fortalecer negocios privados. “Es necesario implementar otro esquema de adquisición y/o acceso con el que la vivienda social pueda llegar realmente a los más pobres”, afirmó, pidiendo reorientar la política para garantizar el derecho al transporte y a la vivienda en el centro de la gestión pública.
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