El Center for a Secure Free Society (SFS) publicó el informe ‘Contaminación Invisible’, que documenta la detección de cocaína y de químicos asociados a su producción ilícita en sistemas de agua que abastecen ciudades de Colombia y plantea que esa huella residual en el grifo puede ser la señal visible de un proceso de contaminación más amplio aguas arriba, con efectos sobre la salud pública, los ecosistemas, la agricultura y la seguridad nacional del país.
Según el informe, las sustancias fueron halladas en redes vinculadas al consumo humano en un contexto en el que la economía de la cocaína depende de cadenas químicas, logísticas y comerciales que exceden el ámbito del narcotráfico.
Según SFS, entre finales de 2025 e inicios de 2026 se recolectaron y analizaron muestras en 12 ciudades colombianas.
Las áreas cubiertas por el estudio representan aproximadamente 17 millones de personas, el 32% de la población de Colombia, una cifra que no incluye a comunidades rurales, ribereñas e indígenas situadas aguas arriba de los sistemas urbanos de tratamiento.
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El hallazgo central del informe indica que se detectaron trazas de cocaína en agua del grifo en Bogotá, Cartagena, Popayán y Quibdó, y en agua de entrada al sistema en Cali, según SFS. En conjunto, esas ciudades suman más de 11,8 millones de habitantes.
Los análisis de laboratorio también identificaron amoníaco, diésel, acetona, metanol, gasolina y otras sustancias en múltiples puntos de muestreo, de acuerdo con el informe.
Para SFS, esos resultados muestran un patrón de contaminación química difusa y persistente en sistemas hídricos vinculados a territorios afectados por la economía de la cocaína.
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El informe sostiene que el hecho de que algunas sustancias sigan siendo detectables después de la dilución, el transporte ambiental, la transformación química y el tratamiento convencional indica que lo que llega al grifo puede ser apenas la huella residual de un proceso de contaminación mayor.
Según SFS, ese proceso expondría a contaminación crónica a otros millones de personas.
La investigación también advierte que el problema no se limita a la presencia de cocaína en el agua potable. El documento sostiene que la expansión de la industria del narcotráfico ha generado una huella química que atraviesa ríos, cuencas y sistemas de abastecimiento urbano, alcanzando ciudades alejadas de los principales enclaves cocaleros del país.
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El estudio, realizado con apoyo científico de la Universidad de La Sabana, concluye que residuos provenientes de laboratorios clandestinos terminan desplazándose por corrientes hídricas hasta llegar a sistemas urbanos, incluso después de procesos de potabilización.
Para SFS, esto demuestra que los impactos ambientales del narcotráfico son mucho más amplios y persistentes de lo que tradicionalmente se ha reconocido.
Según el informe, la producción de cocaína requiere enormes volúmenes de gasolina, ácidos, solventes y otros insumos químicos. Solo para producir un kilogramo de cocaína se utilizarían cientos de litros de combustible y diversas sustancias industriales que, en gran medida, terminan vertidas sobre suelos y ríos.
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El documento señala que, aplicados a los niveles actuales de producción nacional, esos volúmenes representan millones de litros de químicos liberados cada año en ecosistemas estratégicos del país. SFS sostiene que esa contaminación acumulativa podría afectar no solo la calidad del agua, sino también la productividad agrícola y la seguridad alimentaria.
La investigación menciona que incluso concentraciones mínimas de ciertos compuestos pueden alterar procesos biológicos en cultivos sensibles. Entre los riesgos identificados aparecen afectaciones en la germinación de plantas, degradación de suelos y alteraciones químicas que impactan el rendimiento agrícola.
Otro de los puntos centrales del informe es la dimensión internacional de la cadena de suministros químicos. Según SFS, la producción ilícita de cocaína depende de una red global de comercio de sustancias industriales y precursores químicos que circulan por múltiples países antes de llegar a organizaciones criminales en Colombia.
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El documento ubica a la República Popular China como uno de los principales productores mundiales de químicos industriales y señala que parte de esos insumos pueden terminar desviados hacia economías ilícitas mediante intermediarios, empresas de fachada y rutas de reexportación.