El 8 de abril, a través de su cuenta de X, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla denunció que al interior de la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí se llevó a cabo una fiesta en la que participó el artista Nelson Velásquez.
Desde entonces se ha cuestionado la credibilidad del proceso de paz al que siguen vinculados los presos que participaron de la celebración, a pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció que serían retirados de la prisión antioqueña.
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Más de un mes después, la Consejería Comisionada de Paz anunció que la mesa de diálogos no será suspendida a pesar de la indignación nacional que generó que los cabecillas de las principales bandas delincuenciales de la región tengan beneficios y lujos dentro de la cárcel.
En un comunicado se informó el estado actual de las conversaciones entre el Gobierno nacional y los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto. El texto destaca los avances en la reducción de la violencia en la región, subrayando que en 2024 la tasa de homicidios en el Valle de Aburrá fue la más baja de los últimos 82 años, con 10 casos por cada 100.000 habitantes.
Además, aseguró que fueron erradicadas las fronteras invisibles y la disminución de otros indicadores de violencia como resultado del proceso de Paz Urbana. El comunicado menciona la existencia de obstáculos políticos, judiciales y penitenciarios, atribuyendo acciones de sabotaje a sectores políticos de derecha en Medellín y Antioquia.
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También fueron señaladas las dificultades en el funcionamiento de las conversaciones, junto con la falta de avances legislativos en el Congreso que permitan herramientas jurídicas para la justicia restaurativa y la transición al “Estado Social de Derecho”.
En el documento se afirma que, a pesar de las “dificultades”, junto a los voceros de las estructuras armadas no dejarán de persistir en el diálogo y en la construcción de paz urbana como “una obligación pública y un derecho popular”. El comunicado finaliza reafirmando la voluntad de avanzar hacia acuerdos que incluyan verdad, reparación a víctimas, transformación de economías ilícitas y la integración de los territorios urbanos.
Petro celebró el anuncio
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó al anuncio y defendió que se mantengan los diálogos de paz con las estructuras criminales en Antioquia. “Es el proceso de paz de bandas de Medellín lo que ha permitido bajar la tasa de homicidios de la ciudad a nivel mejor que el de Bogotá y la mayoría de capitales de Colombia”, escribió el mandatario.
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El presidente afirmó que se ha registrado un “sabotaje” para impedir que se llegue a algún tipo de acuerdo con los cabecillas de las pandillas en Antioquia y afirmó que esto solo empeorará la violencia en la región.
“Algo que sería impensable hace unos años. El intento de quitarle la competencia del presidente como rector constitucional del orden público para sabotear procesos de paz en curso solo traería como consecuencia elevar la violencia en Medellín. En la violencia solo crece el narcotráfico y la sociedad pierde. El sabotaje a los procesos de paz solo es un suicidio”.
Hasta el momento, ni el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ni el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, se han pronunciado tras la confirmación de que la Paz Urbana seguirá vigente.
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Cabe recordar que estos políticos son los principales detractores del proceso de paz, puesto que han afirmado que estos diálogos solo han empoderado a los grupos delincuenciales, mientras que las autoridades siguen combatiendo a estas estructuras para impedir que aumenten su poder en zonas claves para la delincuencia común y las rutas de microtráfico.
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