El representante a la Cámara electo por el Pacto Histórico Hernán Muriel Pérez denunció haber recibido más de 35 amenazas en su contra luego del altercado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande, Antioquia, tras la intervención artística en honor a las víctimas de los falsos positivos.
El hecho, que se volvió viral en redes y medios, pasó de una confrontación política y simbólica a un episodio de intimidación que ahora pone en riesgo la integridad de Muriel y su familia, presuntamente por parte de algunos seguidores del expresidente Álvaro Uribe.
Amenazas tras el mural de la memoria
En entrevista con Rtvc, Muriel relató la gravedad de la situación y detalló el tipo de amenazas que ha recibido: “Me han enviado un mensaje en específico, de los más de 35 mensajes de amenazas y hostigamientos graves que hemos sistematizado para realizar la denuncia, no solo en contra de esas personas, sino de Álvaro Uribe también, en donde me dan 20 días y me dicen que si en 20 días no me voy de mi casa con mi familia, entonces llegan a asesinarnos a mí y a mi familia”.
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La amenaza más explícita advertía que si el congresista no abandonaba su vivienda en 20 días, él y su núcleo familiar serían asesinados. Este mensaje llegó horas después del enfrentamiento con Uribe, que interrumpió su agenda para borrar personalmente el mural que Muriel y colectivos de memoria pintaron cerca de su finca. Según el representante, estos hechos marcan una escalada peligrosa de hostigamiento político y social, y ya ha iniciado los trámites de denuncia ante las autoridades competentes.
Contexto: el mural y la confrontación
El mural, pintado el 19 de mayo en el sector público de Llanogrande, llevaba el mensaje “7.837 almas que no te dejan dormir”, en alusión a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La intervención buscaba ser un acto de pedagogía de la memoria y reivindicación de la verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en el país.
La reacción del expresidente fue inmediata. Uribe acudió al lugar acompañado de simpatizantes, confrontó a los manifestantes y comenzó a borrar el mural, asegurando que era una provocación y un irrespeto a su familia. El hecho desató un debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión, la memoria y el respeto a las víctimas.
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Desde sus redes sociales, Hernán Muriel desmintió las versiones que circularon tras el incidente y denunció una campaña de desinformación: “Estas mentiras que está diciendo Álvaro UribeVel están siendo difundidas masivamente por algunos medios tradicionales. Es inaudito. Debemos hablar y difundir con urgencia la verdad”.
Muriel puntualizó que el mural no hacía referencia a Uribe ni a su familia, que no fue pintado en su casa sino en un espacio público distante, y que la movilización fue iniciativa de las organizaciones sociales, sin coordinación previa con el Pacto Histórico ni con otros políticos. “Nunca fue un evento electoral”, aclaró.
El representante también denunció agresiones físicas por parte de seguidores de Uribe, señalando que su pareja fue golpeada en el rostro durante el incidente, y que los manifestantes fueron provocados por la llegada de escoltas, bates y personas armadas al lugar. “Querían que hubiera una guerra que no permitimos que ocurriera”.
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Muriel insistió en que la acción fue legítima, notificada a las autoridades locales y acompañada por veedurías, medios alternativos, defensores de derechos humanos y corporaciones jurídicas. “No hicimos nada en el marco de la ilegalidad. Todo el tiempo estuvimos en contacto con la institucionalidad de la Alcaldía de Rionegro, Defensoría y Policía Nacional”, explicó.
Asimismo, rechazó los señalamientos directos del expresidente Uribe, que lo acusó de ser responsable del asesinato de su padre y de haber sido elegido con votos de grupos criminales: “Me señaló y afirmó: ‘ustedes son los responsables del asesinato de mi padre’; suceso que ocurrió hace más de 40 años (yo tengo 28). Dice que yo fui ‘elegido por votos impuestos por el terrorismo’. Es una infamia inaceptable”.
Organizaciones de derechos humanos han respaldado el carácter legítimo del acto de memoria realizado por Muriel y los colectivos sociales, recordando que el mural hacía referencia a las 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales reconocidas por la JEP en el Caso 03, con su mayor incidencia entre 2002 y 2008.
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El representante electo exigió garantías para el ejercicio de su labor legislativa y su seguridad, advirtiendo que el país no puede tolerar que el ejercicio de la memoria y la reivindicación de las víctimas sea respondido con amenazas, desinformación y violencia. “La victoria del pueblo consciente se ve manifiesta cuando solamente los vemos mentir, intentar deslegitimar con desinformación y engaños”, concluyó Muriel en su cuenta de X.