La desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, después de someterse a una lipólisis láser en la clínica clandestina Beauty Láser M. L el 13 de mayo de 2026 en el sur de Bogotá, y el posterior hallazgo del cuerpo el martes 19 de de mayo al costado de una carretera en jurisdicción del municipio de Apulo (Cundinamarca), sigue arrojando nuevos detalles como parte del proceso judicial que se lleva a cabo de forma simultánea en Colombia y Venezuela.
Lo anterior, debido a que dos de las cinco capturas hasta el momento, las de Jesús Alberto Hernández y Kelvis Sequeira (ambas en Cúcuta, Colombia, y cerca a la frontera venezolana) el domingo 18 de mayo, y cuya audiencia de legalización de captura que se desarrolló la noche del miércoles 20 de mayo, arrojaron el rol que habrían cumplido como parte del ocultamiento de evidencias.
Y es que ellos tenían en su poder el vehículo (matrícula UCQ-340) en el que fue sacada la noche del mismo 13 de mayo del la clínica de garaje que se presentó como un centro estético ubicado en el barrio Venecia (localidad de Tunjuelito), en la capital colombiana.
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Sin embargo, desde Venezuela se conoció una novedad que daría un giro al proceso que cursa y que, desde el seno familiar de Toloza Colombia, solo quieren una cosa: que se haga justicia.
Tras la primera captura de la pareja compuesta por Edinson José Torres Sarmiento (40 años) María Fernanda Delgado Hernández (30), la dueña del negocio, y que se dio en la región de Portuguesa; la segunda en Aragua, que dio con el presunto falso cirujano, Eduardo David Ramos.
Sin embargo, un informe revelado desde ese país por parte del medio El Guayacitano, y que corroboró Infobae Colombia, señala que el acusado de ser barbero y no profesional de la salud en realidad sí sería médico cirujano.
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Después de su captura por parte de efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), al corroborar sus antecedentes si se encontraron credenciales que lo presentarían como un doctor, desvirtuando hasta el momento una de las hipótesis que se llevaban por parte de los peritos judiciales en Colombia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
A través de la dirección web del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitario (Sacs), entidad adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud del gobierno de Venezuela, se puede verificar con el número de matrícula (que en el caso de Ramos es MPPS-110446, y cuya fecha de registro es del 21 de abril de 2015, asentado en el tomo 273, folio 147, y que figura como “Médico cirujano”).
Este detalle podría marcar un nuevo rumbo en el proceso legal y el delito que se le podría imputar de ser extraditado a Colombia junto a Torres Sarmiento y Delgado Hernández.
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Una de las opciones en materia judicial podría ser la acusación por mala praxis médica, sumado a la administración irregular de ketamina, además de delitos de omisión de socorro y desaparición forzada.
La detención de Ramos ha desencadenado un proceso de cooperación judicial entre Colombia y Venezuela para definir los mecanismos legales de su judicialización.
Las autoridades colombianas solicitan su extradición para que responda también por otro delitos, como secuestro simple, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.
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En declaraciones oficiales, hasta el momento se precisó por parte de la Fiscalía que “los dos hombres y una mujer permanecerán privados de la libertad mientras se surten los trámites legales y jurídicos para su extradición a Colombia”.
Caso de Yulixa Toloza: a la cárcel los dos venezolanos capturados en Colombia
En la audiencia de legalización de captura realizada el 20 de mayo de 2026, la Fiscalía expuso el rol de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, dos ciudadanos venezolanos señalados de colaborar en el ocultamiento del vehículo utilizado para trasladar a la víctima y facilitar la huida de otros implicados hacia Venezuela.
Luego de que la mujer llegó hasta el centro estético (el 13 de mayo) y ese mismo día luego de que se le practicó el procedimiento ella presentó signos desfavorables en su salud (tal y como quedó evidenciado en un video que grabó una de sus amigas).
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Aunque los responsables del lugar informaron a la familia que la paciente había salido voluntariamente, las imágenes de seguridad y el avance de las pesquisas demostraron que fue sacada del sitio por dos personas y llevada fuera de la ciudad. El cuerpo de Toloza fue hallado el 19 de mayo en una vía rural entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca.
La fiscal del caso detalló que el vehículo implicado es un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, propiedad de María Fernanda Delgado Hernández, dueña del centro estético.
Dicho automóvil fue utilizado primero para transportar a la víctima y, posteriormente, para facilitar la salida de Delgado y Torres hacia Venezuela, donde buscaron esconderse de las autoridades.
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El recorrido del vehículo en el que transportaron y abandonaron a Yulixa Toloza
De acuerdo con la cronología presentada, el automóvil apareció luego en la casa de Yaneth Montagut Guerrero, en el municipio de Los Patios (Norte de Santander).
El 15 de mayo, dos días después de la desaparición de Yulixa, María Fernanda Delgado contactó a su tío, Jesús Alberto Hernández Morales, y a Kelvis Daniel Sequeira Delgado, quienes estaban en Venezuela, para que recogieran el vehículo de la casa de Montagut y lo ocultaran en otro lugar.
Las instrucciones se transmitieron mediante mensajes de WhatsApp y TikTok, donde se precisó que el carro debía retirarse del garaje y dejarse en un parqueadero distinto, ante la inminente salida de Delgado de Bogotá rumbo a Venezuela.
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Hernández reconoció haber recibido alrededor de 800.000 pesos para cubrir gastos de transporte, alimentación y hospedaje durante la diligencia.
Por todo lo anterior, desde el ente investigador se sostiene que ambos procesados tenían conocimiento de que el automóvil estaba relacionado con la desaparición de Yulixa Toloza, aunque en un principio Delgado les aseguró que ni ella ni el vehículo estaban involucrados en los hechos.
Por estos hechos, Hernández Morales y Sequeira Delgado enfrentan cargos por encubrimiento por favorecimiento, ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios.
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