El Banco de la República sería el culpable del endeudamiento de Colombia con intereses altos, según el Gobierno Petro: “Estaba anunciado”

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, atribuyó el aumento del costo de la deuda pública colombiana a la decisión del Banco de la República de incrementar las tasas de interés, que en la actualidad está en 11,25% y es la tasa mínima que el banco central le cobra a las entidades financieras por prestarles dinero a un día. La misma funciona como la principal herramienta en Colombia para controlar la inflación y mantener la estabilidad económica.

Ávila reclamó una respuesta pública de la Contraloría General de la República (CGR) ante la situación y responsabilizó al Emisor por el impacto directo del alza de tasas en el servicio de la deuda pública. Considera que el aumento encarece de gran manera los pagos estatales y exigió una respuesta institucional que aborde el efecto sobre la estabilidad financiera del país.

De igual manera, explicó que el Gobierno había anticipado las consecuencias fiscales de la política monetaria adoptada por el banco central. Sostuvo, durante la intervención que hizo en el panel “Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad: una conversación más allá de las redes sociales”, desarrollado en el lanzamiento de la Revista Economía Colombiana de la Contraloría General de la República, que la decisión “tuvo un impacto en la deuda pública que calculamos en $1,8 billones”, y reiteró en su intervención que la Contraloría debería referirse a estas repercusiones, ya que inciden en la estructura fiscal nacional.

Contexto internacional adverso

Señaló que el aumento en las tasas se produjo en un contexto internacional adverso, con presiones inflacionarias y complicaciones en las cadenas de suministro. Añadió que la medida del banco central fue “una decisión única a nivel internacional”.

Al defender la gestión económica del Gobierno, indicó que el crecimiento proyectado del país para 2025 y 2026 es de 2,6%, lo que corresponde a una fase de recuperación sostenida luego de la desaceleración pospandémica. Destacó que la tasa de desempleo descendió de 11,2% en 2022 a 8,5% en 2026 y que el número de personas ocupadas aumentó de 22 millones a 24,2 millones. Afirmó que “esta tasa de desempleo es la más baja del siglo”, y atribuyó estos resultados a la política económica ejecutada.

Señaló igualmente la reducción de 4,8 puntos porcentuales (pp) en la pobreza monetaria entre 2022 y 2024, debido a medidas económicas del Gobierno actual. “Ese es el crecimiento que nosotros queremos, un proyecto progresista que se refleja directamente en los indicadores de pobreza”, aseguró.

En cuanto a las restricciones presupuestarias, el ministro Ávila detalló que gran parte del gasto público está destinado a compromisos inflexibles, como el servicio de la deuda, el Sistema General de Participaciones (SGP) y las pensiones. Defendió que “la idea de que el déficit primario se resuelva simplemente recortando el gasto implicaría dejar de pagar salarios del Estado”.

Sostuvo que los ingresos estatales disminuyeron en cerca de $62 billones debido a decisiones de la Corte Constitucional, el Congreso de la República y el Consejo de Estado, monto equiparable al déficit fiscal actual. Explicó también los costos derivados de subsidios y otros compromisos adquiridos durante la pandemia.

Las tasas históricas y la megasubasta de deuda pública

La situación financiera se agravó luego de la megasubasta de títulos de tesorería (TES) efectuada el 13 de mayo de 2026. En esa operación, el Gobierno enfrentó tasas de entre 14% y 15%, las mayores desde la crisis de la pandemia, mientras recibió menos ofertas de las esperadas. Al respecto, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, puntualizó que “las tasas que paga el Gobierno por su deuda habían superado el 14%, algo que había prometido que no pasaría”.

Según Ávila, los resultados de la subasta obedecen a la política de tasas del Banco de la República, cuyas decisiones, agreg+o, obligaron al Ejecutivo a financiarse en condiciones desfavorables. El ministro recalcó: “Por favor, estaba anunciado, se lo dijimos al Banco de la República”.

Incluso en un escenario donde el banco central mantuvo estable la tasa de referencia en los últimos meses, los rendimientos exigidos en el mercado de deuda pública continuaron al alza. La tendencia coincidió con la degradación de la calificación crediticia de Colombia hasta niveles “altamente especulativos”.

Alerta de la Contraloría

Precisamente, la Contraloría General de la República notificó una alerta disciplinaria al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda, por lo que advirtió sobre la existencia de “riesgos inminentes de afectación negativa a los intereses patrimoniales del Estado”. Apuntó también al aumento de la emisión de deuda a corto plazo y al encarecimiento del servicio.

Como se recordará, en las últimas colocaciones, el Ministerio de Hacienda debió adjudicar únicamente $650.000 millones de los $900.000 millones requeridos, debido a que consideró inaceptables los precios ofrecidos por los $200.000 millones restantes, afectados por las altas tasas solicitadas.