El caso de Rosa Elvira Cely, asesinada en mayo de 2012 en el Parque Nacional de Bogotá, volvió al debate público después de que Abelardo de la Espriella se atribuyera en redes sociales un papel central en la defensa del caso y en el impulso de leyes contra la violencia de género.
En una entrevista con El País, Adriana Cely, hermana de la víctima, sostuvo que el abogado y candidato presidencial “nunca participó en la redacción ni en el impulso legislativo” de la Ley Rosa Elvira Cely, y relató episodios de maltrato y desacuerdos contractuales posteriores al juicio, según reconstruyó el medio español.
De la Espriella, hoy candidato presidencial, publicó en X: “Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely”.
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De acuerdo con el medio español, la familia Cely y algunas de las principales impulsoras del proyecto en el Congreso cuestionaron la veracidad de esas afirmaciones. En esa reconstrucción periodística, Adriana Cely aseguró: “Él sí nos trató mal. Y si tan feminista es, ¿por qué nos trató así?”, al referirse al trato del abogado hacia su familia tras el crimen.
Según el relato recogido por El País, en los meses siguientes al crimen varios abogados ofrecieron sus servicios, hasta que De la Espriella formalizó su participación en el proceso penal.
En el fallo, Adriana Cely planteó que la jueza reprochó que la acusación no invocara el agravante de la Ley 1257 de 2008, que contemplaba el asesinato de una mujer por razón de género, como base de su crítica: “Si de verdad tenía un enfoque de género, ¿por qué nunca utilizó el agravante del asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer?”.
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Denuncias de maltrato y desacuerdos contractuales
Las diferencias entre el relato público del abogado y la versión de la familia se extendieron al vínculo personal. En declaraciones citadas por el medio de comunicación que abordó la situación, Adriana Cely describió un trato que consideró irrespetuoso hacia su madre: “Él la ninguneaba y la hacía sentir menos. Era irrespetuoso con ella, con la madre de la víctima”.
Tras la etapa penal, la familia evaluó la posibilidad de presentar una demanda contra el Estado por presuntas omisiones en el proceso. Adriana Cely afirmó que De la Espriella le propuso un contrato con condiciones que consideró abusivas, entre ellas impedir que se mostrara el documento a medios y exigir que el dinero de una reparación destinada a la sobrina de la víctima se depositara en una cuenta del abogado.
Finalizada la causa penal, surgieron nuevos desacuerdos ante la posible demanda al Estado por omisiones en el proceso. Cely relató a El País que De la Espriella le propuso un contrato con condiciones que consideró abusivas, como la imposibilidad de mostrarlo a medios y la obligación de depositar a su cuenta el dinero de la reparación dirigida a la sobrina de la víctima.
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Tras consultar con otra abogada, de acuerdo con lo expresado al medio español, rechazó firmar. El desenlace fue abrupto: el candidato presidencial, molesto por la postergación y sabiendo que Adriana estaba recién operada, cortó vínculos y dejó el expediente en la portería de su edificio.
Temor de represalias y denuncia pública
Con la difusión de estos hechos, Cely reconoció ante el medio de comunicación español que tomó la decisión de hablar pese al temor de posibles represalias. “En este momento, me da terror pensar que por hablar pueda pasarme algo a mí o a mi familia, y lo hago responsable de cualquier cosa que nos llegase a pasar”, concluyó.