La posibilidad de un nuevo apagón en Colombia volvió a instalarse en medio de la crisis financiera que atraviesa Air-e, empresa encargada de distribuir energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Mientras el Gobierno busca fórmulas para sostener la operación, gremios y expertos advierten que el sistema eléctrico enfrenta una presión cada vez más difícil de contener.
El panorama se agravó tras las alertas sobre la llegada anticipada del fenómeno de El Niño. La directora del Ideam, Ghisliane Echeverri, aseguró que el evento climático es “una certeza científica, más severo que el de 2024” y podría impactar con fuerza la generación de energía en el país durante los próximos meses.
La advertencia no pasó desapercibida dentro del propio Gobierno. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reconoció en una circular oficial que existe “una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”. La preocupación crece especialmente en la Costa Caribe, donde Air-e acumula deudas multimillonarias y todavía no logra estabilizarse tras casi dos años de intervención estatal.
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Cuando la Superintendencia de Servicios Públicos tomó el control de la compañía, en septiembre de 2024, el pasivo rondaba los $700.000 millones. Hoy, las cifras son mucho más altas. Dependiendo del cálculo de los gremios, las obligaciones acumuladas oscilan entre $2,1 billones y $3,9 billones.
La empresa atraviesa un déficit operativo cercano a los $60.000 millones mensuales y requiere recursos frescos por al menos $2,8 billones para sostenerse a corto plazo. A eso se suma otro problema estructural puesto que, gran parte de la energía que compra nunca se convierte en ingresos reales.
Según datos del sector, cerca del 29,4% de la energía se pierde por conexiones ilegales, mientras otro 25% corresponde a facturas que los usuarios no pagan. En la práctica, más de la mitad de la energía adquirida por la compañía no genera retorno económico. El impacto golpea directamente a las generadoras térmicas, responsables de buena parte del suministro energético de la región Caribe. De los $2,1 billones reconocidos como deuda directa de la intervención, unos $1,5 billones corresponden a obligaciones pendientes con esas empresas.
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Pese a los retrasos en los pagos, las térmicas continúan operando para evitar un colapso mayor del sistema. Sin embargo, desde el sector advierten que la situación tiene un límite. El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, afirmó que las plantas están trabajando “a pérdida” y alertó que “las plantas térmicas van a tener que levantar la mano en algún momento y decir: no puedo generar más”.
La presión aumenta porque Air-e solo tendría contratado cerca del 70% de la energía que necesita, por debajo del nivel recomendado por el sector. El porcentaje restante debe comprarse en bolsa, donde los precios suben con fuerza durante temporadas de sequía como las asociadas a El Niño. Eso podría traducirse en nuevas deudas y en facturas más costosas para millones de usuarios. Cada vez que aumenta el precio de la bolsa energética, el impacto termina reflejándose en el recibo mensual de los hogares.
El analista energético Javier Bustos explicó a El Colombiano que la crisis de Air-e también está relacionada con las condiciones sociales de la región Caribe. Según señaló, la empresa atiende a cerca de 1,15 millones de usuarios, muchos de ellos pertenecientes a estratos bajos. “Hay alrededor de 200.000 usuarios subnormales que no tienen contador en su casa y por lo tanto no pagan energía”, afirmó. Además, indicó que el 75% de los usuarios corresponde a estratos uno y dos, una realidad que influye tanto en la capacidad de pago como en la sostenibilidad financiera del sistema.
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El experto agregó que el clima de la región incrementa el consumo energético. “Por ser municipios que están por debajo de los metros sobre el nivel del mar, el consumo es mucho mayor por el tema del calor”, explicó.
Mientras tanto, el Gobierno planteó una sobretasa de $8 por kilovatio-hora para usuarios de estratos 4, 5 y 6 con el fin de recaudar recursos para Air-e. La propuesta todavía no se implementa y desde los gremios consideran que no resolverá el problema de fondo. La preocupación ya se extiende a todo el sistema eléctrico nacional. Gremios como Andesco, Acolgen, Naturgas y Andeg calculan que la deuda total del Estado con el sector asciende a $9,2 billones, incluyendo subsidios pendientes, obligaciones tarifarias y cuentas sin pagar.
En paralelo, XM, empresa encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional, alertó sobre un déficit de energía firme para 2026. La demanda sigue creciendo mientras la oferta avanza lentamente, en un contexto donde las energías renovables aún no logran cubrir las necesidades del país.
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Desde distintos sectores coinciden en que el tiempo para tomar decisiones se está agotando. El exministro de Minas Amylkar Acosta advirtió que Colombia está “ad portas de un nuevo apagón”, mientras usuarios de la Costa Caribe aseguran que la crisis ya se siente en el servicio diario y en el aumento constante de las tarifas.