Revés para el Gobierno Petro tranquiliza a los fondos privados y salva al sistema de la quiebra: “Es la garantía para producir pensiones”

El Consejo de Estado suspendió el Decreto 415 de 2026 que ordenaba transferir $5 billones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) a Colpensiones para financiar las pensiones de los afiliados que cambiaron de régimen y cubrir el déficit originado por estos traspasos. La suspensión responde a que el decreto superaba las competencias reglamentarias del Ejecutivo e interfería con disposiciones del Congreso de la República, lo que había generado preocupación entre especialistas, empresarios y administradores de fondos de pensiones acerca del destino y seguridad de estos recursos.

El alto tribunal dictaminó que el Ejecutivo excedió sus facultades al modificar, mediante decreto, el destino de estos recursos asignados por la Ley 2381 de 2024 o reforma pensional al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), un asunto reservado al Congreso.

Al respecto, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, respaldó la decisión. Por medio de un video, aclaró que los recursos provienen de colombianos que aprovecharon la ventana de traslado habilitada por la Ley 2381 de 2024, dirigida a quienes estaban a menos de diez años de pensionarse.

De igual forma, enfatizó en que “en su análisis, el Consejo de Estado determinó que había circunstancias suficientes para suspender la aplicación de este decreto, con lo cual se protegen estos $25 billones del ahorro pensional de los colombianos, ahorro que la misma reforma pensional había determinado que iba a servir para garantizar las pensiones de los colombianos en el futuro”.

Añadió también que “desde la Asociación de Fondos de Pensiones y Cesantías de Colombia (Asofondos) y cada una de las administradoras de fondos de pensiones, recibimos con beneplácito este fallo cautelar de urgencia del Consejo de Estado y estaremos, por supuesto, muy pendientes de la decisión de fondo que se tome al respecto”. Reiteró que “estos son recursos que son muy importantes para el futuro de los pensionados de Colombia. Es la garantía de que podemos soñar con un sistema que va a producir pensiones en el futuro”.

Respaldo a la suspensión del traslado

La decisión judicial fue recibida como positiva por el sector de las administradoras de fondos de pensiones, que resaltan la trascendencia del fallo en la protección de los ahorros de los afiliados.

Asofondos destacó que la urgencia de la medida se debía a los cortos plazos fijados en el decreto, lo que podía dificultar corregir la transferencia posteriormente. Según el Consejo de Estado, el propio Gobierno había reconocido con anterioridad —mediante el Decreto 1225 de 2024— que los fondos debían mantenerse en las administradoras privadas hasta consolidar el derecho pensional o hasta la creación operativa del fondo público correspondiente.

Riesgos legales y retos estructurales del sistema pensional

El fallo también fue motivo de análisis de la abogada Carolina Restrepo Cañavera, jefa de debate de la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo. Señaló que “el problema no es que los fondos privados conserven la plata, sino que el problema es que este Gobierno cree que los ahorros de los trabajadores son caja menor del Estado”.

Explicó que los recursos administrados por los fondos privados no son propiedad de las AFP, sino que son propiedad de los afiliados, tienen nombre, apellido y destinación pensional específica. Y precisamente por eso el Consejo de Estado suspendió el decreto, porque el Gobierno pretendió mover billones mediante un acto administrativo cuya legalidad está seriamente cuestionada.

Resaltó lo que considera una mala atribución de responsabilidades. “Además, es profundamente irresponsable insinuar que el Consejo de Estado sería ‘responsable’ de una eventual suspensión de pagos. No. La responsabilidad es de un Gobierno que decidió construir una reforma improvisada, jurídicamente frágil y financieramente riesgosa”, anotó.

Restrepo Cañavera destacó que trasladar recursos no soluciona por sí mismo el problema pensional de fondo. “Siguen hablando como si trasladar recursos automáticamente solucionara el problema pensional, cuando el verdadero problema estructural del sistema colombiano es demográfico y fiscal”, puntualizó.

Y advirtió que “no existe magia actuarial. No existe decreto capaz de derrotar la matemática. Confundir ahorro privado con dinero disponible del Estado es exactamente el tipo de populismo fiscal que termina quebrando sistemas pensionales completos”.

Importancia de los contrapesos y la seguridad jurídica

El empresariado colombiano manifestó inquietudes relacionadas con la separación de poderes y la seguridad jurídica ante la suspensión del decreto.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, apoyó la posición de Asofondos y opinó que la decisión “marca un límite necesario”. Enfatizó: “¿Y por qué un límite necesario? Porque un decreto puede reglamentar la ley pero no modificar lo que corresponde al Congreso. Cuando el Gobierno intenta correr esa línea, se debilitan los controles, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana".

Lacouture añadió que “por eso esta decisión pone de presente la importancia de los contrapesos. Las reglas no se defienden solas, requieren instituciones fuertes y gobiernos que cumplan la ley, no que busquen atajos”.

Para la dirigente, el futuro del sistema de pensiones depende de la existencia de límites normativos claros que orienten la actuación del Ejecutivo y protejan la confianza pública en el sistema.