El caso por la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, dio un paso clave tras la validación judicial de las últimas detenciones contra dos involucrados en la muerte del joven.
La jueza 54 de Control de Garantías legalizó en la mañana del domingo 10 de mayo la captura de Andrés Camilo Sotelo y Yenny Tatiana Vega López, que permanecían pendientes de arresto desde que el Juzgado 26 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó la detención de cinco personas vinculadas al caso.
Las autoridades realizaron la aprehensión el sábado 9 de mayo, alrededor de las 3:00 p. m., en el municipio de Carmen de Apicalá, Tolima, después de un mes de búsqueda intensa por parte de las autoridades.
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Los dos capturados serán trasladados a la capital en los próximos días, según confirmó su abogado, Saúl León. Él explicó que sus defendidos no intentaban evadir la justicia, sino que aguardaban a que la orden legal se hiciera efectiva.
Además, el defensor aseguró que la captura se dio con todas las garantías hacia los procesados, por lo que no presentó apelaciones a la legalización de su captura y posterior remisión a prisión.
“En su momento pude entrevistarme con ellos, pude entrar a la estación y debo decir que han sido tratados con absoluto respeto”, señaló León.
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La Fiscalía ha sostenido que Juan Felipe Rincón fue contactado a través de perfiles falsos en redes sociales. Los involucrados habrían utilizado a una menor de edad para citarlo en el barrio Quiroga, en Bogotá, donde ocurrió el ataque.
En el lugar, el joven fue interceptado y agredido por varias personas, en medio de un intento de robo que concluyó con disparos que le quitaron la vida en el lugar de la riña en el sur de Bogotá.
El proceso penal incluye la imputación de delitos como tortura, uso de menores para cometer ilícitos, ocultamiento de pruebas y soborno. Sin embargo, ninguno de los cinco procesados reconoció responsabilidad por los cargos presentados.
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El operativo que llevó a la captura de Andrés Camilo Sotelo Torres se desarrolló en la urbanización Las Dos Palmas, en el municipio de Carmen de Apicalá, Tolima. La Policía realizaba patrullajes de rutina, con labores de solicitud de antecedentes y registros preventivos a personas en la zona.
Durante estas tareas, los uniformados detectaron a un hombre que mostraba señales de evasión. Además, observaron un abultamiento a la altura del abdomen, lo que motivó a los agentes a aproximarse para practicar un registro preventivo, en cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia.
Sotelo explicó de manera voluntaria que el abultamiento era consecuencia de una colostomía, una condición médica por la que los agentes actuaron con particular precaución y respeto en el procedimiento.
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Tras identificarse verbalmente como Andrés Camilo Sotelo Torres y presentar su documento, los policías consultaron los datos en el dispositivo institucional, donde hallaron una alerta judicial activa y un requerimiento de Interpol.
La confirmación del requerimiento llevó al traslado de Sotelo a la Estación de Policía del municipio, donde unidades de la Sijín de Bogotá ratificaron que existía una orden de captura vigente, expedida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. Los delitos que sustentan la orden son tortura y uso de menores de edad en la comisión de delitos.
Andrés Sotelo y Yenny Tatiana Vega López llevaban 29 días fugados de las autoridades, y las autoridades no tenían información de su paradero, pese a que ya se encontraban reseñados en el proceso judicial.
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Soleto fue el único capturado apenas ocurrió el homicidio; sin embargo, en medio de los alegatos de la defensa, se le otorgó la libertad temporal aunque nunca quedó desvinculado de la investigación.