Después de que la candidata presidencial Paloma Valencia denunciara que sus comunicaciones privadas, especialmente aquellas relacionadas con su seguridad y la de su familia, habrían sido interceptadas sin su consentimiento, su equipo de campaña presentó las acciones legales correspondientes.
Según se conoció, el apoderado de la también senadora, el abogado Jaime Lombana, ya radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia en la que solicitó al ente investigador esclarecer quiénes serían los responsables de la presunta interceptación del celular de la aspirante.
En el documento, el abogado solicitó al ente acusador que se verifique si se cometieron dos delitos principales con el hackeo: acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales, según información conocida por El Tiempo.
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Valencia, que hace parte del Centro Democrático, sostiene que la intrusión afecta no solo su privacidad, sino la integridad de las conversaciones institucionales que mantendría con el ministro del Interior, Armando Benedetti.
"Mis comunicaciones con el Ministro del Interior son referentes a mi seguridad y a las de mi familia. Sería muy grave que mi celular en una campaña esté siendo hackeado“, señaló Valencia en una entrevista entregada a la revista Semana.
La candidata resaltó que la Fiscalía debe determinar si realmente se produjeron interceptaciones y con qué finalidad, ya que considera que sería de extrema gravedad que estos hechos ocurrieran en el contexto de una campaña presidencial.
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El proceso legal impulsado por Lombana comenzó con la radicación formal de la denuncia penal. A partir de ese momento, la Fiscalía creará un radicado que será asignado a un despacho encargado de investigar el caso.
Existen equipos especializados dentro de la entidad para atender denuncias relacionadas con amenazas o ataques a aspirantes presidenciales, lo que permitirá abordar la situación de manera ágil y técnica.
En declaraciones a la excandidata y periodista Vicky Dávila, Valencia señaló: “Alguien ha hackeado mi teléfono, y que mis chats referentes a la seguridad están en poder de alguien”. Estas afirmaciones generaron preocupación ante la posibilidad de que información sensible sobre su protección y la de su entorno se encuentre en manos ajenas.
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"Mis comunicaciones privadas no tienen por qué estar en manos de nadie, y sí sería muy bueno que la Fiscalía me diga si es que me están interceptando el teléfono, y con qué propósito“, comentó Valencia a la revista.
La polémica se intensificó después de que el candidato Abelardo de la Espriella publicara en X un mensaje en el que sugería tener en su poder chats y conversaciones comprometedoras entre un funcionario del gobierno y una campaña política.
“Las paradojas de la vida: me acusan de guerra sucia en la campaña. Si publicara la información que me llega, acompañada de chats y conversaciones entre uno de los más detestables y corruptos funcionarios de Petro y cierta campaña, haciendo politiquería de siempre, de seguro sería un gran escándalo”, indicó el candidato presidencial.
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Aunque De la Espriella aclaró no estar interesado en utilizar “propaganda negra”, la coincidencia temporal con la denuncia de Valencia generó sospechas sobre un posible vínculo entre ambos episodios.
"Yo siempre he luchado con todas las armas sobre la mesa. En política se derrota al contradictor con votos, sin artilugios y sin engañar al elector; conmigo, lo que ven es lo que hay“, concluyó el candidato.
Valencia expresó que sería especialmente delicado si las situaciones que denuncia estuvieran relacionadas con las declaraciones de su adversario político, lo que añadiría una dimensión política al caso y podría afectar la equidad en la contienda electoral.
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“Ellos vienen atacando mi campaña de manera muy agresiva desde hace más de un mes. Yo he sido muy paciente porque yo estoy cuidando mi segunda vuelta“, comentó la candidata presidencial a Semana.