Hay indignación en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, tras conocerse que un hombre que circulaba en un vehículo particular habría arrollado a una perrita que cruzaba la calle.
En videos en redes sociales se observa cómo la comunidad intercepta al sujeto en el barrio La María de la localidad colombiana. En las grabaciones se muestra el momento en el que el conductor intenta seguir su recorrido tras el atropello.
La reacción de los habitantes impidió que se marchara sin consecuencias. Tras la presión, el sujeto recogió a la perrita y prometió llevarla a un centro veterinario para su pronta atención.
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No obstante, la denuncia ciudadana alcanzó una nueva dimensión cuando la mascota fue hallada inmóvil y herida sobre un andén en el mismo sector de Soacha, lo que dejó en evidencia el incumplimiento del compromiso de atención veterinaria.
De acuerdo con reportes de usuarios en las plataformas digitales, la canina tendría fracturas en las patas traseras.
Plataforma Alto, una organización defensora de la vida de los animales, lanzó su petición a las autoridades para que se adelante la busqueda del sujeto responsable del accidente contra el animal.
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“Este sujeto atropelló a una perrita en Soacha. Cuando trataba de huir, los vecinos obligaron a que la llevara a una veterinaria, pero lo que hizo fue recogerla y dejarla abandonada con una fractura de cadera. La comunidad hace un llamado urgente para dar con el responsable de este acto vil y que sea procesado por las autoridades”, declaró la organización social en la red social X.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la evolución de la canina.
Maltrato animal en Palmira
El caso de la perrita atropellada en Soacha se suma al de Bruno, un perro criollo que fue atacado a golpes por dos hombres en un parque de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca.
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El hecho se dio en el barrio Portal de Las Palmas del municipio vallecaucano, lo que conmocionó a la comunidad y provocó manifestaciones públicas, así como un creciente reclamo colectivo de justicia.
La investigación reveló que Bruno murió por el estallido de un pulmón, de acuerdo con el informe médico veterinario revelado por medios locales.
La situación se desencadenó cuando, según la versión de la propietaria del animal, un perro pitbull del vecindario escapó de su domicilio e intentó atacar a otro perro de la manada, provocando la reacción instintiva de Bruno. Durante el altercado, dos hombres salieron de una vivienda y propinaron patadas repetidas al canino, los cuales, de acuerdo a declaraciones de testigos, buscaban intervenir entre la pelea de los perros.
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Pese a los esfuerzos tras su traslado de urgencia a una clínica veterinaria, el animal no sobrevivió a las lesiones sufridas.
El parte clínico detalló la gravedad del ataque, que sustenta el proceso judicial en curso. Tras responder a un reporte de riña, la Policía del Valle del Cauca detuvo al sospechoso y lo puso a disposición de la Fiscalía por el delito de maltrato animal, conducta sujeta a penas de prisión y multas económicas bajo la legislación vigente.
La propietaria de Bruno, en una grabación difundida en redes sociales, manifestó entre sollozos que el presunto agresor intentó justificar el ataque afirmando que su perro había sido mordido por Bruno, aunque ese animal no resultó lesionado. “Él dice que porque mi perro le había mordido a su pitbull, pero su perro está bien, él no le hizo nada, y el mío está muerto”, relató la cuidadora.
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Ley Ángel
Usuarios en plataformas digitales manifestaron su frustración por la reiterada impunidad en casos similares y demandaron la aplicación estricta de la Ley Ángel.
Dicha normativa (Ley 2455 de 2025) introdujo un endurecimiento de las sanciones para quienes incurren en maltrato animal en Colombia. La normativa contempla penas de prisión de entre 32 y 56 meses y establece multas de 15 a 60 salarios mínimos legales vigentes para quienes causen la muerte de un animal.
Además, la ley prohíbe la tenencia de animales a los condenados, ordena la creación de un registro nacional de maltratadores y faculta a los agentes policiales a ingresar a viviendas ante indicios de peligro inminente para un animal. Entre los agravantes figura la violencia vicaria a través de animales, la difusión de imágenes de agresión y la mutilación con intenciones económicas.
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