La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria preliminar contra funcionarios de la Cancillería por una presunta participación indebida en política relacionada con las elecciones de 2026.
La decisión se originó tras una reunión realizada en Madrid, España, en la que habrían participado varios cónsules colombianos para coordinar asuntos relacionados con las jornadas electorales previstas para marzo, mayo y junio de este año.
El caso volvió a poner bajo escrutinio las actuaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en medio del ambiente político que vive el país de cara a las elecciones presidenciales y legislativas.
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Según información conocida por Revista Semana, el encuentro fue convocado el pasado 13 de febrero por la canciller Rosa Villavicencio y actualmente hace parte del material analizado por la Procuraduría Delegada de la Sala Disciplinaria de Instrucción.
La actuación disciplinaria se produjo después de una queja presentada el 16 de febrero por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien cuestionó que funcionarios del Gobierno nacional participaran en actividades relacionadas con la organización electoral.
En la denuncia, Ruiz pidió investigar directamente a la canciller por una posible extralimitación de funciones e intervención indebida en competencias que corresponden exclusivamente a las autoridades electorales.
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Sin embargo, la Procuraduría aclaró que primero necesita recopilar pruebas y establecer con precisión qué funcionarios participaron en la reunión y cuál habría sido su rol dentro de las actividades adelantadas en España.
El auto de apertura señala que todavía es necesario delimitar las circunstancias concretas en las que se habrían desarrollado los hechos denunciados.
“Lo que habilita la apertura de indagación previa, a fin de obtener las pruebas que permitan delimitar los hechos enrostrados, establecer presuntos responsables y valorarlos de cara a la posible incidencia disciplinaria”, señala el documento conocido por el medio citado.
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La Procuraduría también ordenó la práctica de varias pruebas para reconstruir lo ocurrido durante la reunión realizada en Madrid.
Entre las solicitudes enviadas a la Cancillería aparece la relación completa de los cónsules colombianos en España, incluidos funcionarios de Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Mallorca e Islas Canarias.
Además, el organismo pidió confirmar oficialmente si el Ministerio de Relaciones Exteriores participó o lideró reuniones relacionadas con el proceso electoral del primer semestre de 2026.
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La entidad disciplinaria solicitó detalles específicos sobre la fecha, lugar, asistentes y agenda de la reunión realizada en territorio español.
Igualmente, la Procuraduría pidió documentar el proceso de coordinación adelantado por la Cancillería frente a las jornadas electorales en los consulados colombianos.
Otro de los puntos clave de la investigación tiene relación con la organización de los jurados de votación y las actividades logísticas para las elecciones desarrolladas en consulados de Colombia en España.
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En paralelo, la Registraduría Nacional del Estado Civil recibió requerimientos oficiales para entregar información sobre eventos electorales en los que hayan participado funcionarios diplomáticos colombianos.
La entidad deberá explicar cómo se desarrolló el proceso de designación de jurados de votación y qué tipo de coordinación existió con la Cancillería para las elecciones realizadas este año.
El caso podría escalar dependiendo de las pruebas recopiladas durante la etapa preliminar y de la eventual identificación de responsabilidades disciplinarias dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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La apertura de esta indagación se produce en un momento especialmente sensible para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, marcado por fuertes tensiones políticas y múltiples cuestionamientos alrededor del proceso electoral de 2026.
La situación también coincide con un ambiente de alta polarización política luego de las recientes discusiones alrededor de la propuesta de asamblea constituyente impulsada por el mandatario.
Hasta el momento, la Cancillería no ha emitido un pronunciamiento oficial adicional sobre el avance de la investigación disciplinaria.
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Mientras avanzan las pruebas, la Procuraduría busca establecer si existió algún tipo de intervención indebida de funcionarios del Ejecutivo en actividades relacionadas con la organización electoral en el exterior.
El expediente continuará en etapa de verificación mientras el organismo recopila documentos, certificaciones y testimonios relacionados con la reunión realizada en Madrid.