A escasas semanas de que venza el plazo fijado por la Corte Constitucional para definir la creación del Ministerio de Igualdad, el proyecto que impulsa el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un bloqueo legislativo persistente, agravado por las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Desde la Casa de Nariño analizan solicitar una prórroga al máximo tribunal, lo que podría permitir reintroducir la iniciativa tras la instalación del nuevo Congreso de la República el próximo 20 de julio de 2026, fecha que también marcaría la radicación de la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el primer mandatario.
Cabe recordar que el proyecto de ley, que permanece estancado en las comisiones primeras, ya sobrevivió a un intento de archivo en 2023, pero no ha conseguido los votos necesarios para avanzar al pleno y ser debatido en último trámite legislativo.
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Durante su gestión, la cartera ha sido dirigida por tres ministros—Carlos Rosero, Juan Carlos Florián y el actual titular, Luis Alfredo Acosta—sin lograr sortear las críticas persistentes que cuestionan su viabilidad y estabilidad.
Las críticas de Paloma Valencia al Ministerio de la Igualdad
Paloma Valencia, candidata a la Presidencia por el Centro Democrático, utilizó sus redes sociales para cuestionar la idea que impulsa la actual administración de mantener el Ministerio de la Igualdad.
A juicio de la senadora, la cartera , que tiene bajo desempeño, casos de desvío de recursos y contratación paralela reveladas por las auditorías de los últimos años, no tiene sentido. Valencia sostuvo que, entre 2024 y febrero de 2026, el ministerio recibió $2.8 billones, de los cuales $2.1 billones habrían sido transferidos a un Fondo Paralelo que, a la fecha del corte, solo ejecutó el 48,7% y dejó el 26,5% de los fondos sin asignación a proyectos.
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Según los datos públicos citados por Valencia, en los últimos cuatro años la ejecución promedio del Ministerio de Igualdad apenas alcanzó 8,8%. De los nueve proyectos de inversión aprobados para 2025, cuatro no llegaron al 1% de gasto y dos no superaron el 10%. “En tres años destinaron $2.8 billones a una entidad que no sirvió para nada distinto a contratar burocracia para elecciones”, afirmó la senadora en su intervención.
En respuesta a una consulta sobre el destino de los fondos, la senadora indicó que el Fondo vinculado al ministerio empleó a 4.684 personas entre 2024 y 2026, principalmente a través de la firma Laborando S. A., que recibió cinco contratos por $96.871.000.000. “La mayor parte de trabajadores en misión los vincularon a través de Laborando S.A., una empresa de servicios temporales que recibió cinco contratos por $96.871.000.000. Qué negociazo”, declaró Valencia.
El énfasis en la ineficiencia de la gestión llevó a que Valencia destacara un contraste: mientras más de 5.000 personas estaban contratadas en la estructura ministerial y su fondo asociado, el Gobierno optó por encargar a la Universidad Nacional el diseño de políticas fundamentales en discriminación y campesinado, a través de dos contratos que sumaron $6.401.000.000 entre noviembre de 2025 y enero de 2026. “El Ministerio ni siquiera es capaz de cumplir sus propias funciones con una nómina tan abultada”, puntualizó.
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El Fondo Paralelo desvió la mayor parte de los recursos y contrató a más de 4.600 personas
Conforme a lo relatado por Paloma Valencia, de los $2.1 billones girados al Fondo, al corte de febrero de 2026 solo se había ejecutado el 48,7%. El 26,5% de ese dinero ni siquiera tenía proyectos asignados y buena parte se destinó a la contratación de personal tercero y a gastos en eventos.
“La plata no llegó a las comunidades, pero sí a las empresas que realizan eventos. El Fondo gastó $68.949.000.000 en dos contratos con anticipos del 20% y el 30%”, precisó la senadora, subrayando que esa cifra superó los recursos ejecutados directamente por la cartera de Igualdad en proyectos de inversión de 2025.
El detalle de la contratación también da cuenta de la magnitud del fenómeno: “En total, entre el Fondo y el Ministerio, vincularon más de 5.000 personas para una entidad que no ejecutó”, manifestó Valencia. El uso de contratos con empresas de servicios temporales y la concentración de recursos en eventos fueron destacados por la parlamentaria como ejemplos de un modelo que privilegió el empleo transitorio sobre la inversión pública concreta.
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