Un total de 49 coroneles y mayores de las Fuerzas Militares fueron llamados a calificar servicios en los últimos tres meses, en medio de la crisis de orden público en varias regiones del país y del proceso de reorganización institucional impulsado desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La información, confirmada por El Tiempo, da cuenta de la magnitud del relevo de oficiales superiores, varios de ellos con más de dos décadas de trayectoria.
Según el reporte del medio, este movimiento se suma a la reestructuración iniciada en agosto de 2022, cuando comenzó el actual Gobierno. Desde entonces, alrededor de 79 generales y almirantes han salido de la Fuerza Pública, incluyendo cambios en mandos estratégicos como el Comando General de las Fuerzas Militares y la comandancia del Ejército Nacional. Estos ajustes han coincidido con episodios de presión en materia de seguridad y con debates sobre el impacto de la renovación del alto mando.
En paralelo, el medio destaca una reducción sostenida del personal uniformado. Entre 2021 y 2025, el número de integrantes de la Fuerza Pública pasó de 459.695 a 402.228 efectivos, lo que representa una caída cercana al 13%.
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De acuerdo con un oficial consultado por El Tiempo, esta disminución no solo responde a cifras, sino también a la pérdida de experiencia en terreno: “Se han ido muchos soldados profesionales, de los más curtidos en la guerra contra las Farc. Esa pérdida se nota en las operaciones en terreno”.
Impacto en la estructura militar
Los oficiales con rango de coronel cumplen funciones clave dentro de la estructura castrense, al estar encargados del mando de unidades operativas, la planificación táctica y la coordinación con autoridades regionales. En este contexto, el retiro de 49 oficiales genera preocupación en algunos sectores por posibles vacíos en la cadena de mando y sobrecarga en niveles intermedios, especialmente en un escenario de alta presión en seguridad.
El retiro de este grupo quedó formalizado a través de cinco resoluciones administrativas revisadas por El Tiempo. En dichos documentos se evidencian observaciones sobre la secuencia de fechas y trámites internos. En particular, se mencionan posibles inconsistencias entre las sesiones de las juntas asesoras y las solicitudes de retiro firmadas por los mandos correspondientes.
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Aunque las decisiones están amparadas en actos administrativos, algunos analistas consultados por el medio señalan que las diferencias en las fechas y procedimientos generan preguntas sobre la coherencia del proceso de calificación de servicios.
Criterios de retiro y cuestionamientos internos
El principal criterio utilizado para estos retiros ha sido el tiempo en servicio, aplicado a oficiales con más de 22 o 23 años de carrera. Sin embargo, fuentes consultadas por El Tiempo han expresado inquietudes sobre la objetividad de estos procesos, especialmente en lo relacionado con la selección de perfiles afectados.
Uno de los puntos más sensibles mencionados es el presunto papel de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la dinámica de ascensos y retiros dentro de la Fuerza Pública. Aunque oficialmente no tiene esa competencia, algunas fuentes aseguran que su influencia habría crecido en decisiones internas de carrera militar.
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Una fuente citada por el diario advirtió: “Hay una cacería de brujas en este momento. Y se habla de que viene en los próximos días una nueva barrida”.
El reporte también menciona la reciente salida del director de la Policía, Carlos Fernando Triana, asociada a un supuesto informe de la DNI, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.
Reacciones y efectos institucionales
De acuerdo con el medio, varios de los oficiales retirados estaban próximos a iniciar procesos de evaluación para ascenso, lo que ha incrementado el malestar dentro de la institución. Asimismo, se destaca que entre el personal femenino retirado predominan las profesionales en derecho, un perfil frecuente en áreas administrativas de la Fuerza Pública.
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El profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, César Niño, explicó que este tipo de decisiones tiene efectos en el contexto actual: “Llama mucho la atención la salida de tantos oficiales al mismo tiempo y en un momento tan sensible de seguridad nacional como el que estamos viviendo”. Además, advirtió que el escenario político y electoral podría incrementar la incertidumbre en el sector defensa.
Posición del Ejército y el Ministerio de Defensa
Frente a las inquietudes, el Ejército Nacional aseguró a El Tiempo que todos los procedimientos se ajustan al marco legal vigente y que las sesiones de juntas asesoras no están sujetas a una única fecha fija, sino a la agenda de los comandantes y del Ministerio de Defensa.
La institución indicó que cada retiro cuenta con un expediente individual, evaluado por la junta asesora y formalizado mediante las respectivas resoluciones administrativas.
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Por su parte, el Ministerio de Defensa no confirmó la supuesta participación de la DNI en decisiones relacionadas con ascensos o retiros dentro de la Fuerza Pública.