Una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) captó en grabaciones a dos oficiales de la Policía Nacional de Colombia mientras pactaban envíos de cocaína hacia Norteamérica y Europa, en sociedad con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Según la investigación revelada por Noticentro1, la operación detectó el involucramiento directo de uniformados en las transacciones y logística del narcotráfico internacional, lo que revela el alcance de la infiltración de redes criminales en las instituciones de seguridad y anticipa un proceso judicial sin precedentes en la cooperación entre ambos países.
La indagación comienza en julio de 2023, cuando el organismo norteamericano documentó la incautación de 1.849 kilogramos de cocaína en Amberes (Bélgica), tras el seguimiento minuto a minuto del envío ilegal desde Colombia, incluido el detalle de los contenedores y embarcaciones, según los documentos enviados a la justicia colombiana y citados por el noticiero nacional.
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“Las autoridades del orden público llevaron a cabo vigilancia antes, durante y después de ambas reuniones entre sujeto indagado y testigo cooperante 1”, añadieron.
Este decomiso singulariza la magnitud operativa de las alianzas entre funcionarios y carteles, y constituye la base del proceso judicial en marcha, según explicó la DEA.
La investigación iniciada por la DEA halló que al menos dos oficiales, uno de ellos identificado como el mayor Andrés Osorio, formaban parte de la nómina tanto del Clan del Golfo como de Los Pachenca (también conocidos como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - Acsn).
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“Estaba brindando servicios a algunas de las Organizaciones de Tráfico de Droga más grandes de Colombia, conocidas por importar cocaína a los Estados Unidos”, destacó la DEA.
De acuerdo con los documentos remitidos a tribunales colombianos, Osorio y otro uniformado utilizaban su posición para facilitar el paso de grandes cargamentos de droga, operando en favor de organizaciones criminales conocidas por enviar cocaína a Estados Unidos.
“Se comunicaba directamente con representantes de otras Organizaciones de Tráfico de droga y, para su beneficio financiero personal, usaba su posición de confianza pública y procesos legales en Colombia para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia en nombre de otras Organizaciones de Tráfico de Droga”, destacó la DEA en el informe.
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Durante las conversaciones intervenidas por la DEA, Osorio expresó abiertamente su intención de expandir el alcance de la estructura delictiva. “Quiero hacer crecer la organización criminal y podemos llegar a ser imparables”, manifestó el alto oficial en las conversaciones reveladas por el medio citado.
De igual forma, la DEA indica que, durante las conversaciones grabadas, se coordinó el envío adicional de tres toneladas de cocaína desde Colombia, además del cargamento incautado en Bélgica.
“En una conversación grabada, sujeto indagado explicó que los propietarios de la cocaína querían que los oficiales corruptos facilitaran el despacho de tres toneladas de cocaína desde Colombia adicionales”, destacó la agencia estadounidense.
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Los agentes demostraron con estas pruebas cómo los funcionarios aprovechaban su capacidad de controlar procesos administrativos y de seguridad portuaria para el beneficio económico personal y de las bandas.
Este testimonio, junto con las evidencias materiales, refuerza la hipótesis de que los oficiales aportaban al desarrollo logístico y estratégico del tráfico internacional.
Esta estructura ilegal también generó una fortuna para los implicados: sus bienes, valorados en miles de millones de pesos, están bajo evaluación de la Fiscalía.
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Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia del país sudamericano avaló la extradición de uno de los oficiales implicados en la red ilegal para que responda ante la justicia internacional por sus delitos.
Las diligencias se centran en identificar a quienes, además de Osorio, formaban parte de la red de complicidad interna, con el propósito de desarticular los canales de corrupción utilizados por los carteles para asegurar el tránsito de droga a destinos internacionales.
Las pruebas presentadas por la DEA y la Fiscalía evidencian la colaboración sistemática entre agentes del orden y narcotraficantes para el envío de cargamentos a gran escala, el manejo de recursos financieros derivados del tráfico ilícito y la puesta en marcha de mecanismos para burlar los controles legales en los puertos de Colombia.
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