La Secretaría de Seguridad de Medellín selló y suspendió las actividades de la Institución Prestadora de Salud (IPS) conocida como Bioceutica Wellness Center, ubicada en el centro comercial Los Molinos.
Según confirmó el secretario de Seguridad, Manuel Villa, la medida se tomó tras recibir múltiples denuncias sobre una presunta estafa dirigida a adultos mayores bajo la promesa de obtener un subsidio estatal inexistente.
De acuerdo con el reporte oficial, la IPS fue señalada de citar a personas mayores con el argumento de realizarles exámenes médicos y gestionar un bono gubernamental de $400.000.
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Sin embargo, los afectados relataron que el procedimiento incluía la recolección de información personal, toma de huellas dactilares y la firma de documentos, tras lo cual llegaban mensajes sobre supuestas solicitudes ante entidades financieras.
Testimonios revelan el modus operandi
El caso salió a la luz gracias a la denuncia pública de una mujer que, según Blu Radio, intentó recuperar los documentos firmados por su padre, uno de los afectados. La denunciante acudió al local y solicitó los papeles mediante un derecho de petición; sin embargo, el personal de la IPS se negó a entregarlos y a firmar el recibo, además de impedirle grabar la situación, mientras ellos sí registraban los hechos.
La mujer afirmó: “Están citando a la gente mayor para unos supuestos exámenes y un bono de 400.000 pesos que el gobierno les va a dar. Les toman huellas, información personal y les hacen firmar documentos. Luego les llegan mensajes de texto diciendo que su solicitud ante entidades financieras está en proceso”.
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Este testimonio se difundió ampliamente en redes sociales, lo que motivó la intervención de las autoridades municipales y de la Policía Metropolitana.
Intervención oficial y proceso judicial
La Secretaría de Seguridad de Medellín, en articulación con la Policía, realizó una inspección en el sitio, donde comprobó la ausencia de la documentación legal requerida para su funcionamiento.
Manuel Villa confirmó en su cuenta de X que se ordenó la suspensión inmediata de la actividad y se recopilaron pruebas y denuncias para ser remitidas a la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de abrir una investigación penal.
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“Seguimos avanzando en la investigación para establecer responsabilidades y remitiremos a la Fiscalía General un informe con las denuncias recopiladas. En Medellín no vamos a permitir abusos contra la ciudadanía”, expresó el secretario de Seguridad.
El funcionario también explicó que la intervención se realizó con equipos de control y la Policía, tras la alerta generada por la denuncia viral de la ciudadana afectada. Otras personas reportaron experiencias similares en diferentes puntos de la ciudad, lo que sugiere que esta modalidad podría estar replicándose.
Investigación y medidas de fondo
Mientras avanza el proceso judicial sobre la presunta estafa en el centro comercial Los Molinos, la Secretaría de Seguridad reiteró que continuará realizando labores de inspección y control en establecimientos que ofrecen servicios de salud.
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Con esto, la administración distrital busca prevenir que más adultos mayores sean víctimas de engaños similares y se fortalecerán los operativos en toda la ciudad.
Las autoridades instaron a la ciudadanía a denunciar cualquier situación irregular relacionada con la gestión de subsidios, exámenes médicos o trámites financieros en centros de salud.
La investigación penal permanece en curso para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades tanto administrativas como penales.
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Preocupaciones en el sistema de salud en Medellín
La noticia sobre el sellamiento de la IPS ocurre en un contexto de creciente tensión en el sistema de salud pública de la capital antioqueña. La Alcaldía del Distrito presentó una recusación ante la Superintendencia Nacional de Salud para que su titular, Daniel Quintero, no intervenga en decisiones que afecten la red pública local.
El documento de recusación argumenta que el actual superintendente, exalcalde de la ciudad, realizó declaraciones públicas sobre la situación financiera del sistema de salud local, lo que podría configurar un posible sesgo.
Además, existen procesos judiciales en marcha entre el Distrito y entidades nacionales, incluida la Superintendencia, relacionados con el pago de deudas de las EPS a hospitales y clínicas.
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La administración distrital sostiene que la recusación busca garantizar la objetividad en la toma de decisiones que involucren a instituciones como el Hospital Infantil Concejo, el Hospital General y la red Metrosalud. En ese sentido, la solicitud plantea que, si la recusación no prospera, se designe un funcionario ad hoc para los casos relacionados con la salud del distrito.