La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó la apertura de una investigación sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), tras denuncias presentadas por maestros respecto a presuntas irregularidades.
Por solicitud de la Presidencia de la República, la inspección especial se centrará en verificar, documentar e identificar posibles falencias en el modelo de salud que atiende a docentes que prestan sus servicios en instituciones educativas públicas, así como en la gestión y uso de recursos públicos destinados a este sistema.
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En el marco de la medida, se analiza la administración, contratación, suficiencia de red, oportunidad en la prestación de servicios, distribución de medicamentos, autorizaciones, gestión de PQRS, auditoría y flujo de recursos. La revisión también abarca informes y soportes sobre planes de mejoramiento, alertas y hallazgos anteriores, incluyendo información manejada por Fiduprevisora S.A. y otros participantes del sistema.
La instrucción incluye la elaboración de una matriz técnica de hallazgos y riesgos, la identificación de responsables y la definición de eventuales acciones administrativas, según el documento del ente de control. En caso de detectarse hechos relevantes, los resultados podrán trasladarse a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría General de la República para el seguimiento judicial o fiscal correspondiente.
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Dada la relevancia de la situación y el riesgo de afectación al derecho fundamental a la salud, se dispuso implementar un trámite prioritario, exigiendo la entrega de un reporte inicial con los resultados preliminares de la investigación.
Los detalles de la investigación al Fomag
En un documento publicado en X, Daniel Quintero, superintendente de Salud, explicó las acciones que llevará a cabo la Supersalud en las labores del Fomag.
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La instrucción ordena adelantar de manera inmediata y prioritaria las acciones necesarias para abrir la investigación, así como realizar una revisión integral de los procesos asociados a la administración del modelo, la contratación, la red de servicios, la entrega de medicamentos, las autorizaciones, la gestión de PQRS, auditorías, pagos y el flujo de recursos destinados a docentes, pensionados y beneficiarios.
“La actuación deberá orientarse a verificar las condiciones de administración, contratación, suficiencia de red, oportunidad en la prestación de servicios, entrega de medicamentos, autorizaciones, gestión de PQRS, auditoría, flujo de recursos, pagos, seguimiento contractual y demás componentes relacionados con la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud de los docentes, pensionados y beneficiarios del magisterio”, expuso Quintero.
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Asimismo, se dispone la revisión de los distintos actores que intervienen en la operación del sistema, entre ellos Fiduprevisora S.A., en su calidad de administradora de los recursos del Fondo, así como operadores, prestadores de servicios de salud, gestores farmacéuticos, interventorías y demás entidades vinculadas.
Entre las acciones previstas se contempla la elaboración de una matriz técnica de hallazgos y riesgos, la identificación de posibles irregularidades y responsables, y la evaluación de eventuales traslados a los organismos de control competentes.
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La solicitud también establece que se dé trámite prioritario a esta actuación y que se remita un primer reporte de avance, que incluya las actuaciones adelantadas, los requerimientos proyectados, los hallazgos preliminares identificados y las necesidades de articulación con otras dependencias de la entidad.
“Consolidar una matriz técnica de hallazgos, riesgos, posibles irregularidades, responsables institucionales o contractuales, medidas administrativas procedentes y eventuales traslados a las autoridades competentes, cuando haya lugar”, detalló el recién nombrado superintendente de salud.
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Quintero subrayó la necesidad de “identificar los casos que, de acuerdo con la evidencia recaudada, ameriten la adopción de medidas administrativas, la apertura de investigaciones sancionatorias o el traslado a las autoridades competentes, incluyendo Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República u otras entidades de control”.
El funcionario reiteró que esta actuación tendrá carácter prioritario, dada la importancia del modelo y la necesidad de garantizar la protección del derecho fundamental a la salud de los usuarios del régimen especial del Magisterio.
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