El suroccidente de Colombia atraviesa una de las mayores crisis de seguridad de su historia reciente, luego de la ola de atentados que desde el 24 al 28 de abril de 2026 mantuvieron en vilo a miles de pobladores de esta zona situada en la región Pacífica.
Así lo precisó un análisis que compartió la Fundación Ideas para la Paz (FIP), al señalar que solo en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca se han registrado más de 600 ataques de grupos armados ilegales desde 2022.
PUBLICIDAD
Cabe destacar que desde el 7 de agosto de ese mismo año, el hoy presidente Gustavo Petro asumió el mandato del país.
Los datos hablan por sí solos. Puesto que se han disparado en los últimos meses con una escalada de atentados que ha dejado decenas de víctimas y ha puesto en alerta a autoridades y comunidades, tras confirmarse que la serie de acciones bélicas fueron ordenadas por el cabecilla del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc: Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.
PUBLICIDAD
La racha de atentados en el suroccidente del país no es aislada: estos son los registros desde 2022
Entre el 24 y el 28 de abril de 2026 (según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. —Indepaz—), se contabilizaron 34 atentados en 16 municipios del Cauca y seis del Valle.
Estos hechos, que provocaron la muerte de al menos 20 personas y dejaron heridas a 65 más, no constituyen un episodio aislado, sino la manifestación más reciente de una violencia persistente y acumulada, destaca la Fundación.
PUBLICIDAD
A los 586 ataques registrados entre enero de 2022 y marzo de 2026 se suman ahora estos nuevos hechos, elevando la cifra a 620 ataques, aunque se espera que el número total aumente a medida que se consoliden los datos de abril.
La FIP señala que el fenómeno es el resultado de un proceso que ha ido en aumento desde la aparición de las disidencias de las Farc en la región, en 2018, y que tuvo su punto más crítico en 2025, año que cerró con el mayor número de ataques criminales en los últimos 15 años en estos dos departamentos.
PUBLICIDAD
¿Quién está detrás de la violencia?
El principal responsable de la actual ola de ataques es el Bloque Occidental del EMC, facción disidente liderada por alias Iván Mordisco y comandada en esta zona por Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias Marlon, y que es el líder de la estructura Jaime Martínez.
Esta estructura cuenta con al menos 2.651 integrantes y opera a través de 11 frentes (ocho de ellos en Cauca y Valle), entre los que destacan la Dagoberto Ramos, la Carlos Patiño y la Jaime Martínez, responsables de buena parte de los atentados recientes.
PUBLICIDAD
El Bloque Occidental se caracteriza por su capacidad para atacar tanto a la Fuerza Pública como a la población civil y por haber realizado el mayor número de ataques con drones desde 2024.
Un territorio estratégico bajo fuego: las redes de narcotráfico
Cauca y Valle del Cauca son territorios históricamente estratégicos, dado que por más de seis décadas han sido escenario de conflicto armado, debido a su ubicación, que conecta el centro del país con el Pacífico, y su importancia como corredor de economías ilícitas.
PUBLICIDAD
El control de estos territorios permite a los grupos armados influir sobre rutas, producción y salida de rentas criminales, lo que explica la persistencia y agudización de la disputa armada.
Tras el Acuerdo de Paz de 2016, la confrontación en la región disminuyó, pero la falta de implementación efectiva del acuerdo dejó vacíos de poder rápidamente ocupados por disidencias, el ELN y otras redes criminales, puntualizó el análisis de la Fundación.
PUBLICIDAD
La fragmentación del Estado Mayor Central a partir de 2024, detonada por el asesinato de la lideresa Carmelina Yule, profundizó las disputas internas y reconfiguró el mapa armado, generando una superposición de violencias que dificulta respuestas homogéneas y limita la eficacia de las estrategias de seguridad.
Los factores detrás del aumento de ataques en el suroccidente del país por parte de Iván Mordisco
El aumento de ataques no responde a una sola causa. Según la FIP, la escalada obedece a la convergencia de factores operativos, económicos y organizacionales.
PUBLICIDAD
Por un lado, los atentados buscan proteger enclaves productivos y corredores estratégicos vinculados a economías ilícitas.
Por otro, desvían la atención estatal hacia puntos visibles y facilitan la movilidad de rentas ilegales, coincidiendo a menudo con momentos clave para el movimiento de cargamentos o el aseguramiento de rutas.
Existe también una dimensión política (enviar mensajes de control territorial) y una interna, asociada a disputas y reacomodos dentro del propio EMC.
La complejidad de la situación en el suroccidente colombiano provocó que desde la FIP se advirtiera que una estrategia efectiva requiere reconocer la naturaleza multifacética del fenómeno y adaptar la respuesta del Estado.
Los retos que tendrá quien gane las elecciones presidenciales en Colombia: Cauca y Valle
Esto implica proteger a las comunidades, recuperar el control territorial, fortalecer la fuerza pública y la justicia, combatir la corrupción y mejorar la inteligencia para anticipar y disuadir los ataques.
También es esencial golpear las finanzas criminales, controlar el tráfico de armas e implementar mecanismos efectivos de desmovilización y prevención del reclutamiento.
Otro de los aspectos que se resaltó en el Abandonar la visión reducida de la seguridad como acción exclusivamente militar y avanzar hacia un enfoque integral es fundamental para contener la expansión y el fortalecimiento de estos grupos.
Más allá del falso dilema “paz o guerra”, al final de su revisión de la situación que desde hace años atrás se viene presentando en el suroccidente del país, desde la FIP se explicó que el deterioro de la seguridad no debe reducirse al debate polarizado entre “paz o guerra”.
Una de las conclusiones de la organización es que la experiencia reciente muestra que la política de Paz Total (bandera de la administración Petro), sin método ni verificación, ha facilitado la consolidación de estructuras ilegales.
Sin embargo, la respuesta no pasa por descartar la negociación, sino por diseñar estrategias integrales y articuladas, que combinen sometimiento, capacidades institucionales y líneas rojas claras.