El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió su política antidrogas en medio de críticas por el crecimiento de los cultivos ilícitos, asegurando que la erradicación forzada “ha sido un fracaso” y destacando como principal logro el aumento de la erradicación voluntaria en distintas regiones del país.
El pronunciamiento del mandatario se dio en respuesta a cuestionamientos de la congresista Ana Ligia Mora Martínez, quien señaló que durante su gobierno se registra “la cifra más alta de hectáreas de coca y el nivel más bajo de erradicación manual”, atribuyéndolo a lo que calificó como la “falsa paz total”. Petro rechazó estas afirmaciones y aseguró que se basan en una interpretación incompleta de las cifras oficiales.
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Según explicó el jefe de Estado, los datos citados por la congresista corresponden principalmente a erradicación forzada, una estrategia que su administración ha reducido de manera deliberada. En su lugar, el Gobierno ha priorizado la erradicación voluntaria, mediante acuerdos con comunidades campesinas en zonas afectadas por economías ilícitas.
“El cuadro muestra erradicación forzada de hoja de coca, y mi gobierno no hace eso sino mínimamente. Nuestra estrategia fundamental es la erradicación voluntaria manual o con drones”, afirmó Petro, al tiempo que cuestionó la efectividad de las políticas implementadas en administraciones anteriores.
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En ese sentido, el mandatario puso como ejemplo el año 2021, durante el gobierno de Iván Duque, cuando —según indicó— se reportaron cerca de 130.000 hectáreas de erradicación forzada. No obstante, sostuvo que ese esfuerzo no se tradujo en una reducción real de los cultivos, pues los monitoreos satelitales evidenciaron un aumento sostenido desde 2020 hasta comienzos de 2023.
“En los mapas satelitales no aparece esa reducción, sino al contrario un aumento”, aseguró el presidente, quien incluso cuestionó el destino de los recursos invertidos en esas operaciones. A su juicio, la erradicación forzada no solo ha sido ineficaz, sino que también ha generado efectos adversos como el incremento de la productividad de los cultivos ilícitos, casos de corrupción y un alto costo humano para la fuerza pública.
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Frente a este panorama, Petro defendió los avances de su estrategia basada en la sustitución voluntaria de cultivos. De acuerdo con las cifras presentadas por el propio mandatario, su gobierno ha alcanzado la erradicación de 39.000 hectáreas de hoja de coca mediante acuerdos con comunidades, un resultado que calificó como superior a metas previas planteadas incluso a nivel internacional.
De ese total, explicó, 22.000 hectáreas han sido verificadas a través de monitoreo satelital del sistema Siima de la Policía Nacional, mientras que otras áreas están en proceso de validación por autoridades independientes.
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Además, destacó que miles de familias campesinas se han vinculado a programas como “Renhacemos”, orientados a reemplazar economías ilícitas por proyectos productivos legales.
El presidente también sostuvo que su política ha permitido contener el crecimiento de los cultivos. Según su balance, mientras entre 2020 y 2022 se registró un aumento cercano al 69 % en las hectáreas sembradas, durante su gobierno esa tasa se habría reducido al 17 %, con una tendencia a la baja que espera consolidar al final de su mandato.
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“Es por esto que en mi gobierno he logrado tres años intermitentes de caída de la cantidad de hectáreas sembradas”, afirmó Petro, quien atribuyó estos resultados a la confianza de las comunidades rurales en la estrategia gubernamental.
El Gobierno ha señalado que los avances son especialmente visibles en regiones como Nariño, Putumayo y Catatumbo, donde la sustitución voluntaria se ha combinado con programas sociales y presencia institucional. Según el Ejecutivo, esta estrategia también ha contribuido a la reducción de homicidios en algunas de estas zonas.
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Sin embargo, el balance general sigue siendo objeto de debate. Datos recientes indican que, pese al aumento en las hectáreas intervenidas mediante sustitución, la superficie total de cultivos de coca se mantiene en niveles históricamente altos. Informes oficiales señalan que el área sembrada pasó de más de 218.000 hectáreas en 2022 a más de 258.000 en 2025, lo que refleja un incremento durante la actual administración.
Este contraste entre los logros en sustitución voluntaria y el crecimiento neto de los cultivos ha alimentado las críticas de sectores políticos y analistas, quienes cuestionan la efectividad de la estrategia frente a la magnitud del fenómeno del narcotráfico.
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Petro, por su parte, ha insistido en que la solución no pasa por intensificar la erradicación forzada, sino por transformar las condiciones económicas y sociales en los territorios afectados. En escenarios internacionales, incluso ha planteado la necesidad de replantear el enfoque global de la lucha contra las drogas, incluyendo debates sobre regulación.
“Desmantelar las economías ilícitas es destruir la violencia en Colombia”, afirmó el mandatario, al subrayar que su política busca atacar las causas estructurales del problema y no solo sus manifestaciones.
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