El Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, desautorizó la decisión del Instituto Nacional de Cancerología, que lidera la doctora Carolina Wiesner, de suspender temporalmente la atención a nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS, en medio de la creciente tensión por la prestación de servicios de salud.
Según el pronunciamiento oficial, la entidad oncológica no tiene facultades para restringir el acceso a los servicios, ya que esta medida contraviene en las normas vigentes, en particular lo establecido en la Ley 1751 de 2015, que garantiza el derecho fundamental a la salud; la cartera enfatizó que cualquier decisión que limite la atención pone en riesgo la continuidad y oportunidad en la prestación del servicio a los pacientes.
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El Ministerio de Salud también advirtió que, de mantenerse la negativa de atención, procederá a interponer una denuncia penal y una queja disciplinaria ante los organismos de control correspondientes. Estas acciones se sustentarían en la posible comisión de faltas graves relacionadas con la omisión de la prestación de servicios esenciales.
Por medio de un comunicado, la cartera explicó que la negativa de recibir nuevos pacientes impacta el principio de oportunidad, uno de los pilares del sistema de salud. Este principio exige atención sin dilaciones, con acceso efectivo a diagnósticos, tratamientos y tecnologías que garanticen un manejo integral de las enfermedades. En casos oncológicos, cualquier demora puede traducirse en un deterioro acelerado de la condición clínica.
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El principio de oportunidad en la atención en salud
En este sentido, se lee en el comunicado que: “Es claro que la omisión en la prestación del servicio de salud a nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS por parte del Instituto menoscaba el principio de oportunidad previsto en la misma norma estatutaria en cita; así también, deteriora el acceso a los servicios y tecnologías en salud que garantizan la atención integral, oportuna y de alta calidad de los usuarios”.
También indicó que la medida anunciada afecta el acceso a servicios de alta calidad, lo que compromete la respuesta institucional frente a una población que requiere intervenciones especializadas, por lo que la atención en cáncer demanda continuidad, seguimiento y acceso permanente a terapias, por lo que cualquier restricción genera riesgos evidentes.
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Otro punto que resaltó el Ministerio de Salud del Gobierno de Gustavo Petro tiene que ver con la naturaleza en sí del Instituto Nacional de Cancerología, pues explica que la entidad hace parte del sector salud y está adscrita a la cartera, lo que implica el cumplimiento estricto de lineamientos oficiales. En ese sentido, no puede adoptar decisiones que contradigan las directrices del Ejecutivo ni apartarse de las normas que regulan el sistema.
De manera incistente, el Ministerio de Salud reiteró que el Estado tiene la obligación de abstenerse de acciones que afecten el acceso a la atención médica; a su vez, recordó que las instituciones deben evitar decisiones que deterioren la salud de la población o generen daño, ya sea por acción u omisión.
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Este fue el aviso del Instituto Nacional de Cancerología que encendió las alarmas en la salud
La decisión del Gobierno nacional de frenar la suspensión de servicios anunciada por el Instituto Nacional de Cancerología surge tras la advertencia de una medida que impactaba de forma directa la atención de nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS, prevista para entrar en vigor el 1 de mayo de 2026.
El origen del pronunciamiento del Ministerio de Salud se encuentra en el comunicado oficial emitido por el Instituto el 28 de abril de 2026. Allí se informó la determinación de no recibir nuevos usuarios remitidos por esa aseguradora, una medida que encendió alertas en la cartera sanitaria por sus posibles efectos en la continuidad del acceso a tratamientos oncológicos.
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La entidad especializada explicó que la decisión responde a una crisis de sostenibilidad financiera. Según el documento, no existió acuerdo contractual con la Nueva EPS, situación que dejó sin soporte jurídico el flujo de recursos necesarios para la prestación del servicio; a esto se suma el aumento de la deuda acumulada, que pasó de cerca de $6.169 millones en 2024 a más de $28.000 millones en 2026, cifra que marcó un punto crítico en la operación.
El Instituto señaló que esta situación llevó a revisar su capacidad operativa. Aunque la medida se planteó como una respuesta extrema, la institución afirmó que intentó mantener la atención el mayor tiempo posible. No obstante, indicó que la presión financiera comprometió la estabilidad del servicio a futuro.
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El alcance del anuncio generó preocupación en el sector salud, especialmente por el impacto sobre los usuarios que dependen de tratamientos especializados, debido a que la suspensión se enfocaba en un grupo específico: los nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS, que no podrían ingresar al sistema de atención oncológica del Instituto a partir de la fecha fijada.
En contraste, el comunicado aclaró que los pacientes que ya se encuentran en tratamiento continuarían su proceso sin interrupciones. También se mantuvo la atención de urgencias oncológicas durante las 24 horas, así como la prioridad en la atención de menores de edad, quienes seguirían recibiendo manejo integral.
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