La Defensoría alerta que los ataques armados no se limitaron a Cauca y Valle: cinco asesinatos en Nariño profundizan la crisis

La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió que los ataques armados recientes, atribuidos a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, no solo afectaron a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, también impactaron de manera grave a Nariño, donde se reportó el asesinato de cinco personas.

El organismo señaló que la jornada de violencia puso en riesgo a comunidades enteras, evidenciando la expansión del conflicto y la presión sostenida sobre la población civil.

Ataques coordinados en tres departamentos: Nariño también bajo fuego

Según información oficial de la Defensoría del Pueblo, los hechos violentos registrados en las últimas horas se extendieron más allá de los focos habituales de conflicto en el suroccidente colombiano.

En el departamento de Nariño, específicamente en el corregimiento de El Remolino en el municipio de Taminango, se produjeron ataques con artefactos explosivos dirigidos tanto contra la estación de Policía como contra una estación de servicio ubicada sobre la Vía Panamericana. Como resultado, cinco personas murieron y varias más vieron en riesgo su integridad, en medio de daños materiales y una atmósfera de intimidación generalizada.

De acuerdo con la entidad, estos hechos representan una escalada en la violencia, al tiempo que reflejan la persistencia de prácticas de control territorial ejercidas por grupos armados ilegales. La entidad Defensoría documentó marcaciones en vías y otras acciones intimidatorias que elevan la presión sobre las comunidades y restringen su movilidad.

La respuesta institucional y el llamado urgente a las autoridades

La defensora del Pueblo, Iris Marín, insistió en que la respuesta del Estado no debe limitarse a la reacción de la fuerza pública. La funcionaria reiteró que la situación de orden público no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia de riesgos advertidos durante los últimos dos años mediante el Sistema de Alertas Tempranas.

“Manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas y reiteramos el llamado al Gobierno nacional, así como a las autoridades departamentales y locales para adoptar acciones inmediatas con enfoque humanitario que permitan contener las afectaciones a las comunidades, proteger la vida y mitigar los riesgos derivados de las presiones ejercidas por los grupos armados”, comunicó la entidad a través de su cuenta oficial en X el 26 de abril.

La Defensoría enfatizó la necesidad de poner en marcha medidas urgentes que incluyan la protección de corredores viales, la garantía de condiciones seguras para la atención de heridos y una mayor presencia integral del Estado en la región. El organismo pidió implementar de forma efectiva las recomendaciones emitidas en las alertas tempranas, para reducir al máximo los riesgos sobre la población civil.

El contexto: ataques en Cauca y Valle, y el accionar de las disidencias

La ola de ataques se inició el viernes 24 de abril con la explosión de un artefacto en una buseta frente a la sede de la Tercera Brigada del Ejército en el sur de Cali. Horas después, un vehículo con cilindros explosivos fue abandonado cerca del Cantón Militar Pichincha, provocando múltiples lesionados y daños en viviendas cercanas. En Palmira, otro ataque afectó la infraestructura del Batallón de Ingenieros N.° 3 Agustín Codazzi.

En el departamento de Cauca, se registró un atentado con explosivos en el sector El Túnel, municipio de Cajibío, en la Vía Panamericana. Según el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, el saldo fue de 20 personas fallecidas y más de 45 heridas. Además, en Mercaderes se registró la activación de un artefacto que impactó vehículos de servicio público, mientras que en Popayán se detectó y neutralizó un dron cargado con explosivos.

Las autoridades también reportaron amenazas sobre la instalación de nuevos artefactos en tramos clave de la Vía Panamericana, como Mandivá en Santander de Quilichao y Pescador en Caldono, así como un ataque contra la base militar de Guachené.

El hecho terrorista más reciente se reportó la tarde del 26 de abril en Jamundí, donde presuntos disidentes interceptaron e incineraron un camión avícola, sobre el puente Río Claro, generando el cierre total de la ruta entre el casco urbano y cinco corregimientos.

Falencias en la prevención y reiteración de alertas

Según la Defensoría del Pueblo, la repetición de hechos violentos en los mismos corredores evidencia fallas en la prevención y en la respuesta institucional. El organismo reiteró que la protección de la vida debe ser el eje de toda respuesta estatal, y exigió a los grupos armados ilegales el cese inmediato de los ataques y el uso de artefactos explosivos.

Las comunidades afectadas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño continúan bajo presión, enfrentando restricciones en su movilidad, afectaciones a la vida cotidiana y temor por la intensificación del conflicto.