Imprenta Nacional defiende modelo de pasaportes en medio de la polémica

En medio de la controversia que rodea el futuro de los pasaportes en Colombia, la Imprenta Nacional salió al paso de las críticas y defendió el modelo que se implementa para la expedición de estos documentos. La entidad aseguró que varias de las versiones difundidas en los últimos días presentan información incompleta y distorsionan el alcance real del convenio vigente.

El pronunciamiento se conoció luego de cuestionamientos sobre la supuesta dependencia de proveedores extranjeros y señalamientos según los cuales buena parte de las libretas estarían siendo fabricadas por una firma francesa investigada por corrupción. Frente a eso, la entidad negó que esas afirmaciones describan con precisión el proceso actual.

Desde la Imprenta insistieron en que el debate público se alimento de interpretaciones parciales que desconocen la estructura jurídica y técnica del nuevo esquema. Además, recordaron que varios de esos puntos están siendo discutidos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que consideran inapropiado presentar hipótesis como hechos concluidos.

Según explicó la institución, se quiso mostrar el sistema como una operación improvisada, sin trazabilidad ni soporte legal. Sin embargo, sostuvo que esa lectura omite elementos esenciales del convenio y desconoce el objetivo principal: trasladar capacidades estratégicas al Estado colombiano para asumir progresivamente funciones que antes dependían de terceros.

La entidad fue enfática al señalar que el modelo no puede juzgarse únicamente por lo ocurrido en sus primeras etapas. A su juicio, cualquier proceso de transición tecnológica y operativa requiere fases graduales, acompañamiento técnico y ajustes normales antes de alcanzar plena autonomía productiva. Uno de los puntos que más controversia generó fue la circulación de información sobre libretas provenientes del exterior. Sobre ese tema, la Imprenta aseguró que interpretar ese hecho como una prueba de fracaso no corresponde a la realidad del proyecto.

“La fase inicial contempla apoyos internacionales mientras se consolidan las capacidades nacionales. Lo relevante no es aislar una etapa del proceso, sino verificar si el esquema está orientado a que la INC asuma progresivamente la producción, personalización, custodia y control del servicio bajo estándares de seguridad”, aseguró la entidad.

Con ese argumento, la institución defendió que recibir apoyo externo en una fase temprana no contradice la meta final. Por el contrario, sostuvo que hace parte de una ruta técnica diseñada para garantizar la continuidad del servicio mientras se fortalece la infraestructura local. Otro aspecto mencionado por la Imprenta tiene relación con las 1.500 muestras producidas durante el proceso. En algunos sectores, ese dato fue utilizado para cuestionar el avance del modelo. No obstante, la entidad explicó que esos ejemplares no estaban destinados a los ciudadanos ni a la operación comercial.

“También debe aclararse que las 1.500 muestras producidas no corresponden a pasaportes destinados al público, sino a una fase técnica propia del proceso de implementación, validación y transferencia. Su existencia no desvirtúa el modelo; por el contrario, confirma que se avanza en etapas de apropiación técnica”, agregó. La explicación apunta a un punto clave, antes de lanzar cualquier documento de alta seguridad al mercado, deben cumplirse pruebas rigurosas de calidad, validación de materiales, compatibilidad tecnológica y protocolos de personalización. Según la entidad, eso es precisamente lo que se está desarrollando.

La visita reciente de la Procuraduría también fue tema de respuesta. La imprenta manifestó que atendió los requerimientos de los organismos de control y reiteró su disposición a colaborar con todas las investigaciones y verificaciones institucionales. No obstante, aclaró que una visita preventiva no puede interpretarse automáticamente como una confirmación de irregularidades. Para la entidad, esos procedimientos hacen parte de las funciones ordinarias de vigilancia y no reemplazan el análisis probatorio que corresponde a las instancias judiciales.

“La entidad ha atendido los requerimientos de los órganos de control dentro del marco constitucional y legal de colaboración armónica. Sin embargo, es necesario precisar que una visita preventiva no sustituye el debate probatorio judicial, no convierte apreciaciones preliminares en conclusiones definitivas y no puede presentarse como acreditación plena de irregularidades”, dijo la imprenta.

También se refirió al debate sobre el origen logístico de algunos insumos o libretas. La institución sostuvo que el país desde donde se embarquen determinados componentes no modifica la esencia del convenio ni el propósito del proceso. “No altera la naturaleza jurídica ni el objeto sustancial del convenio. Incluso en gracia de discusión, el origen logístico de un componente no cambia que el propósito central del modelo sea transferir capacidades al Estado colombiano para producir, personalizar, custodiar y controlar documentos de alta seguridad”.

Mientras la discusión política y jurídica continúa, la Imprenta Nacional busca enviar un mensaje de tranquilidad: el cambio de modelo, asegura, no responde a improvisaciones, sino a una estrategia de transición para que Colombia gane mayor control sobre uno de los documentos más sensibles del Estado.