Sacudón pensional por $25 billones prende alarmas y anticipa impacto en tasas, ahorro y finanzas públicas

Un movimiento de recursos por $25 billones dentro del sistema pensional encendió nuevas alertas entre economistas y analistas. Fedesarrollo advirtió que el traslado inmediato de esos ahorros desde los fondos privados hacia Colpensiones podría generar efectos de gran alcance sobre las finanzas públicas, el mercado de capitales y la confianza institucional.

La advertencia quedó plasmada en un documento elaborado por Juan Pablo Zárate, ex codirector del Banco de la República, junto con los investigadores Manuela Franco y José Julián Parra. El centro de estudios sostuvo que la discusión no se limita al cambio administrativo del dinero, sino al impacto que tendría ejecutar la operación en tiempos mucho más cortos de los previstos inicialmente.

Según el análisis, el problema central está en el momento del traslado. Aunque no se alteran formalmente las reglas de movilidad entre regímenes, sí cambia la oportunidad en que se moverían los recursos, lo que para los expertos abre riesgos económicos relevantes y modifica la lógica de ahorro sobre la cual fue diseñada la reforma pensional.

Para Fedesarrollo, “las implicaciones sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional, sus efectos macroeconómicos y su validez jurídica generan preocupaciones importantes”. Esa frase resume la posición del centro de investigación frente a una medida que, aunque podría aliviar presiones inmediatas, dejaría costos posteriores.

Uno de los principales focos de atención está en el frente fiscal. El documento planteó que esos recursos podrían terminar siendo utilizados para cubrir obligaciones corrientes del sistema pensional, en lugar de mantenerse como respaldo para pagos futuros. “Existe un riesgo de que estos recursos se utilicen para financiar el gasto pensional del periodo corriente”, advirtieron los autores. De ocurrir eso, el alivio sería temporal, mientras aumentan las cargas financieras en los próximos años.

El informe también puso la lupa sobre el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), creado precisamente para fortalecer la sostenibilidad futura del esquema. Sin embargo, Fedesarrollo señaló que ese mecanismo aún no estaría plenamente operativo y tampoco tendría reglas claras sobre manejo y destinación de recursos. Esa incertidumbre, según el documento, incrementa las dudas sobre qué ocurriría con el dinero una vez llegue al sistema público. Para los investigadores, la ausencia de lineamientos definidos puede debilitar la credibilidad del nuevo modelo pensional.

El estudio recuerda además antecedentes internacionales. Países como Argentina, Hungría y Polonia recurrieron en distintos momentos a recursos del ahorro pensional privado para mejorar sus cuentas públicas de corto plazo. Aunque cada caso tiene particularidades, la referencia sirve como advertencia sobre decisiones con efectos duraderos.

En el mercado financiero también habría repercusiones. Para cumplir un traslado acelerado, los fondos privados tendrían que vender parte importante de sus portafolios en un tiempo reducido. Eso implicaría una mayor oferta de activos y posibles ajustes bruscos en precios. Los $25 billones involucrados equivalen, según Fedesarrollo, a cerca del 10,6% de los activos líquidos del mercado local. Una cifra de ese tamaño no pasaría inadvertida para inversionistas ni emisores.

“Una desinversión significativa aumentaría la oferta de títulos de deuda pública, generando presiones a la baja en sus precios y al alza en sus rendimientos”, explicó el informe. Traducido a la economía cotidiana: mayores tasas de interés y un financiamiento más costoso para el Estado.

Ese efecto no quedaría restringido al Gobierno. Como la deuda soberana sirve de referencia para el resto del sistema financiero, un aumento en rendimientos podría trasladarse al crédito de empresas y hogares, encareciendo préstamos productivos, hipotecarios y de consumo. Fedesarrollo también mencionó posibles impactos cambiarios. Si se liquidan activos externos, aumentaría la oferta de divisas en el mercado local, con efectos sobre la tasa de cambio. A eso se suma una señal delicada: la percepción de intervención sobre ahorro privado podría afectar la lectura de riesgo país.

Desde el ángulo macroeconómico, los investigadores agregan otra preocupación. Si esos recursos terminan financiando gasto corriente, podrían estimular la demanda en una economía que ya muestra señales de recuperación. “Esto dificultaría la consolidación fiscal y deterioraría la tasa de ahorro de la economía”, advierte el equipo técnico. En otras palabras, habría menos colchón financiero y más presión sobre las cuentas públicas.

El análisis también entra al terreno jurídico. Según Fedesarrollo, existe debate sobre si un decreto reglamentario puede modificar aspectos definidos en una ley, especialmente cuando la reforma pensional aún enfrenta revisión constitucional. “Alterar por vía reglamentaria el principio de ahorro previsto en la reforma podría afectar la credibilidad de las reglas del sistema pensional”, concluyen los investigadores.