A menos de una semana para que el Estado colombiano, a través de la Imprenta Nacional y su aliado estratégico en Portugal tomen el control total de la fabricación, personalización y distribución de los nuevos pasaportes colombianos, la Procuraduría General de la Nación alertó por graves inconsistencias en el nuevo modelo de producción.
De hecho, el Ministerio Público visitó la sede de la Imprenta Nacional el jueves 23 de abril, en medio de un completo hermetismo por tratarse de un documento de gran importancia y que requiere confidencialialidad total para su elaboración.
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Sin embargo, en su registro de visita, la Procuraduría alertó que la mayoría de los pasaportes colombianos del nuevo modelo son fabricados en el extranjero, en particular en Francia, a pesar de las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la capacidad de Colombia para elaborar sus propias libretas.
Según el documento oficial de la visita obtenido por la revista Cambio, pese a que el contrato suscrito entre Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal impide que se involucren terceros en la elaboración de las libretas, la Procuraduría encontró que el proveedor principal de los documentos resultó ser otra empresa.
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Las reservas de libretas que se encuentran en la bóveda de la Imprenta Nacional, en su mayoría, provinieron de la empresa estatal francesa de impresión de documentos IN Groupe, que aparece en el contrato de pasaportes, pero solo para casos de catástrofe en Colombia.
Aunque las autoridades aseguran que los nuevos pasaportes son colombianos y seguros, casi el 90% de esas libretas provienen de Francia y el resto de Portugal, según la fiscalización de la Procuraduría.
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Solo se han producido 1.500 ejemplares de muestra en Colombia, sin validez oficial y sin ser entregados a ciudadanos. De ese modo, el control y la trazabilidad de la fabricación permanecen en manos extranjeras, de acuerdo con la información obtenida por Cambio.
En la bóveda de la institución se hallaron 66.400 libretas en blanco: 59.000 enviadas desde el aeropuerto Charles de Gaulle en París y 7.400 desde Lisboa. Además, la Procuraduría recibió información sobre otras 130.000 libretas cuya llegada desde Francia es inminente.
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Durante la inspección, Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional, admitió que no podía certificar el origen de las libretas, pues solo contaba con guías de embarque que partían de París.
Es decir, aunque el Estado colombiano recibe documentos de viaje completos y listos para su personalización, la entidad encargada no logra identificar su lugar real de fabricación. Esto contradice las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que sostuvo en febrero de este año y reiteró en abril que los pasaportes se producen íntegramente en Colombia y con maquinaria nacional.
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Los socios extranjeros y la verdadera fabricación de los pasaportes
En el acuerdo firmado, la Casa de la Moneda de Portugal figura como socio formal con un contrato de 1,3 billones de pesos. Sin embargo, tras la inspección de la Procuraduría se pudo comprobar que la mayor parte del trabajo recaería en IN Groupe, cuya participación debía estar limitada a situaciones de emergencia en la planta de Bogotá, conforme a la cláusula novena del Convenio 010 de 2025.
El documento revelado por la revista Cambio detalla que cerca del 90% de los pasaportes almacenados provendrían de la empresa francesa, aunque esto debería ser solo una medida de contingencia. Al ser consultada sobre la existencia de autorización para esa intervención, León señaló ante la Procuraduría que dicha documentación no estaría disponible.
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Además, las máquinas Entrust PB-8500 donadas por la Casa de la Moneda de Portugal y presentadas como símbolo de “soberanía” permitirían únicamente la personalización de pasaportes ya fabricados en Europa, sin posibilitar su producción completa en el país. En 22 días de operación, la Imprenta Nacional logró fabricar apenas 1.500 ejemplares de muestra, sin validez oficial ni distribución a ciudadanos.
Riesgos legales, antecedentes de corrupción y supervisión deficiente
La participación de IN Groupe está asociada a riesgos legales por investigaciones en curso y falta de supervisión efectiva. Desde julio de 2025, la filial Surys de la empresa francesa permanece bajo la supervisión de autoridades francesas tras haber aceptado una multa de 18 millones de euros por corrupción y lavado de activos relacionados con la fabricación de pasaportes para Ucrania.
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El convenio colombiano fue suscrito solo 20 días después de esta sanción. La Procuraduría alertó sobre la ausencia de documentos que autoricen formalmente la fabricación masiva en Francia.
Mientras el Gobierno mantiene que la nueva estructura promueve la soberanía y la protección de los datos, el acta de la Procuraduría indica que ni la cadena de custodia ni las certificaciones internacionales requeridas han sido acreditadas adecuadamente. De hecho, no existen evidencias disponibles de pruebas de durabilidad ni constancias de aceptación formal ante autoridades migratorias internacionales.
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Según el acta obtenida por Cambio, el sistema Sitac, encargado de la gestión de datos, sufrió un ciberataque una semana antes de la reinspección. Aunque la Imprenta Nacional minimizó las consecuencias, la supervisión del convenio permanece indeterminada y el Estado colombiano no ha designado un responsable único para el contrato más costoso de su historia en materia de documentos oficiales.
Actualmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analiza demandas y posibles medidas cautelares que podrían suspender el acuerdo tras la denuncia de la Procuraduría y una acción popular presentada de manera independiente. No existen hasta ahora pasaportes válidos producidos en territorio nacional, y toda afirmación contraria carece de respaldo verificable.