El Gobierno nacional designó de forma oficial a Daniel Quintero Calle como superintendente nacional de Salud el 23 de abril de 2026 mediante el Decreto 0433, en el marco de las facultades otorgadas por la Ley de Garantías Electorales para suplir vacantes definitivas.
La reacción más inmediata vino por parte de la senadora Paloma Valencia, que rechazó la medida y criticó con dureza la trayectoria del nuevo funcionario. “Es una vergüenza que un tipo imputado por corrupción, con más de cincuenta de sus funcionarios imputados por corrupción, lo pongan dizque a vigilar la salud”, sostuvo Valencia al conocerse la ratificación de Quintero el 24 de abril.
El proceso de relevo en la Superintendencia de Salud se produjo tras la salida del anterior responsable, en un momento en que Quintero sumaba antecedentes como exalcalde de Medellín y exprecandidato presidencial. Para la senadora, la designación encierra otro propósito: “Evidentemente, esta es la manera como el gobierno garantiza que la salud sea un negocio para el Pacto Histórico”.
Miles de firmas respaldan petición para que Gustavo Petro revise el nombramiento de Daniel Quintero
En su momento, la posibilidad del nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud generado una movilización ciudadana que suma más de 17.000 adhesiones en la plataforma Change.org, en la que se pide al presidente Gustavo Petro reconsiderar la designación por la falta de experiencia sanitaria de Quintero y por los cuestionamientos judiciales que enfrenta en la actualidad, lo que encendió las alarmas sobre la idoneidad y la independencia del cargo en un contexto de crisis institucional para el sistema de salud colombiano.
En una de las dos peticiones más relevantes, titulada “Nombrar a un superintendente de salud digno para Colombia”, publicada el 16 de abril y liderada por Andrés Ignacio Vecino Ortiz, médico colombiano y académico vinculado a la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, se advierte sobre la ausencia de antecedentes de Quintero en la gestión o regulación sanitaria.
En ese documento, Vecino Ortiz reclama la necesidad de un nombramiento basado en criterios de experiencia comprobada y conocimiento técnico, condiciones que considera indispensables para afrontar los desafíos actuales del sistema público colombiano.
La preocupación central de los promotores de la iniciativa se enfoca en el componente judicial: Daniel Quintero enfrenta un proceso de imputación avalado por un juez y la Fiscalía, bajo cargos de interés indebido en la celebración de contratos mientras estuvo al frente de la Alcaldía de Medellín.
Esta situación, expuesta en la carta enviada al presidente Petro y citada por El Colombiano, “podría dificultar su desempeño y debilitar la confianza pública en la Superintendencia Nacional de Salud”. El documento destaca de forma textual: “Quintero carece de antecedentes en conducción, regulación o control del sistema sanitario, lo que implicaría una curva de aprendizaje en un periodo crítico para el país”.
La Superintendencia Nacional de Salud (SNS), entidad responsable de vigilar, controlar y regular el sistema, constituye un pilar en la protección de los derechos de los usuarios y la observancia de las normas en la atención pública. De acuerdo con los actores del sector, la cabeza de la SNS debería responder a criterios técnicos y éticos, por encima de consideraciones políticas, para garantizar la transparencia y recuperar la legitimidad institucional en un momento de particular sensibilidad para la salud en Colombia.
A la iniciativa se sumaron personalidades como Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Rasa; la Federación Colombiana de Enfermedades Raras; Francisco J. Unda Lara, gerente de la Andi Seccional Norte de Santander; y el exalcalde Alonso Salazar, que subraya la importancia de un liderazgo ético y técnico para encarar la crisis del sistema sanitario.